Raciel Fernandez Cervera

Expediente 692/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 40 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
692/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Raciel Fernandez Cervera
  • Subdirector de la Estacion Migratoria de Chetumal
  • Anisvel Rodrigues Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    II-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de 28 de marzo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano. Asimismo, como lo dispone el precepto legal invocado, en razón que se concedió la suspensión de plano en el presente juicio de amparo, es susceptible de depuración con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual forma, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la integración del expediente electrónico, al ser este el que tiene validez para la consulta de las partes, estableciendo que el expediente físico tiene validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    II-Agréguese el oficio remitido por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en acuerdos de 7 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, así como 27 de enero y 8 de marzo de 2023, en los que se le solicitó informe si en su base de datos cuenta con algún registro de detención a nombre de los aquí quejosos Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrigues Cervera y Víctor Luis Rodrigues González, por lo que informa que no encontró ningún registro de los mencionados impetrantes del amparo. Al respecto, se toma conocimiento de lo informado por la citada dependencia migratoria, por lo que se le deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de 7 de noviembre de la anualidad pasada, únicamente por lo que hace a esta, ello, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, es destacable lo siguiente: El 25 de agosto de 2022, Juan José de la Cruz Gordillo, en representación de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González, [en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo], presentó demanda de amparo vía electrónica, en la cual señaló como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se citan: "IV. AUTORIDADES: A). Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, con domicilio conocido en avenida Carlos Nader, lote 1, calzada Centenario, número 582, colonia Isabel Tenorio, municipio Othón Blanco, Chetumal, Cancún, Quintana Roo. B). Subdirector de la Estación Migratoria de Chetumal, con domicilio en calzada Centenario, número 582, colonia Isabel Tenorio, Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Cancún, Quintana Roo III. ACTOS RECLAMADOS: - Detención o aseguramiento. - Determinación de alojamiento temporal. - Orden de traslado a otra estación migratoria. - Deportación." En dicha demanda, bajo protesta de decir verdad el promovente manifestó los siguientes antecedentes: "ANTECEDENTES 1 La detención y/o aseguramiento de los hoy quejosos se dio en el mes de agosto, desconociendo el día exacto en que se dio y que fue hecha por elementos de migración de Chetumal, Quintana Roo y posteriormente trasladado a la Estación Migratoria de Chetumal, Quintana Roo. 2. Desde la fecha de la detención de quienes promuevo en su nombre y de su presentación en la estación migratoria se determinó el alojamiento temporal de los quejosos en la estación migratoria antes señalada, aunado a ello que se encuentran en condiciones no aceptables para un ser humano, aunado a que se encuentran expuestos al contagio del virus covid-19, y su variante Omicron, ya que dicha estación migratoria no cuenta con las medidas necesaria para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus covid-19 en las estaciones migratorias antes señaladas, por lo que solicito se les otorgue la suspensión provisional y en su momento definitiva, en lo que respecta a su libertad provisional y se tomen las medidas cautelares pertinentes para que los quejosos puedan gozar de su libertad, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto." Ahora, toda vez que entre los actos reclamados, la parte promovente señaló la incomunicación que sufrieron los directos quejosos; con fundamento en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano de dicho acto reclamado que el promovente aducía sufrían los directos quejosos Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González, para el efecto de que de inmediato cesaran y no se siguiera verificando, sin que ello implicara de manera automática ponerlos en libertad; asimismo, en esa misma fecha se ordenó la ratificación de la demanda de amparo. El 25 de agosto de 2022, la actuaria judicial de la adscripción, se constituyó en diversas dependencias de esta ciudad, sin lograr dar con el paradero de los buscados Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González. En virtud del resultado de las encomiendas ordenadas la actuaria judicial de la adscripción, el 25 de agosto y 20 de diciembre de 2022, se requirió al promovente Juan José de la Cruz Gordillo, lo cual se hizo en los términos siguientes: "En consecuencia, se comisiona nuevamente a dicha funcionaria para que a través de cualquiera de los medios señalados para oír y recibir notificaciones, requiera al promovente Juan José de la Cruz Gordillo, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles que establece el artículo 297 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, informe de algún lugar diverso en el que Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrigues Cervera y Víctor Luis Rodrigues González pudieran encontrarse, o en su defecto, los presente ante este Juzgado Primero de Distrito en día y hora hábil de labores, con la finalidad de que expresamente manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor el veinticinco del presente mes y año. [.]" De igual manera, este órgano jurisdiccional estimó que dada la naturaleza de la violación alegada y los derechos involucrados, como la libertad e integridad personal, para efecto de obtener datos de localización o del paradero de los buscados Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González, aun y cuando no se admitía la demanda de amparo, se estimó que dicha formalidad no imposibilitaba a este órgano jurisdiccional a requerir a las diversas autoridades responsables toda la información necesaria a efecto de obtener los datos de localización o paradero de las citadas personas. El 25 de agosto de 2022, se requirió al encargado del despacho de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. El 1 de septiembre de 2022, se requirió al Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México. El 19 de septiembre de 2022, se requirió al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a efecto de que en el término de veinticuatro horas contados a partir de la notificación de ese proveído, informaran si en su base de datos a nivel Estatal, contaba con algún registro a nombre de los directos quejosos, y de ser el caso remitiera las constancias fehacientes que así lo justifique; así como nuevamente al promovente Juan José de la Cruz Gordillo; todo de lo cual se desprende que no se localizó información alguna respecto de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodríguez Cervera y Víctor Luis Rodríguez González. También el 24 de octubre de 2022, se requirió a los titulares de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO); Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Fiscal del Ministerio Público Auxiliar adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y Libre Desarrollo de la Personalidad; Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio; Fiscalía General del Estado de Quintana Roo especializada en Delitos de Trata de Personas, Zona Dos; Fiscalía del Ministerio Público Auxiliar del Fuero Común adscrita a la Fiscalía Especializada en Homicidios; Gobierno del Estado de Quintana Roo; Secretaria de Seguridad Pública; y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Servicios Estatales de Salud; Unidad de Análisis e Investigación Plataforma México Zona Sur y Centro en Chetumal; y Guardia Nacional Estación Chetumal, todos con sede en esta ciudad; y, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas [CNB], con sede en Ciudad de México, a efecto de que informarán si en su base de datos a nivel Estatal, contaban con algún registro a nombre de los directos quejosos, y de ser el caso remitiera las constancias fehacientes que así lo justifique. Todos respecto de los cuales, la respuesta fue negativa, pues en sus bases de datos no se localizó dato alguno relativo a la buscada los directos quejosos. Por lo que, el 7 de noviembre de 2022, se requirió a los titulares de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en los 32 Estados de la República Mexicana, a efecto de que informaran si en su base de datos, contaban con algún registro de detención a nombre de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrigues Cervera y Víctor Luis Rodrigues González y de ser el caso remitan constancias fehacientes que así lo justifique; sin embargo, ninguna de las autoridades requeridas logró obtener mínimo dato de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodríguez Cervera y Víctor Luis Rodríguez González. Que se intentó la comparecencia y que en este expediente no obra dato alguno de que Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González, no hay dato de que los directos quejosos hubieran estado en alguna situación que implicara su detención, o algún dato que permitiera al menos generar un indicio de estar frente a una incomunicación o desaparición, lo cual se afirma con base en todas y cada una de las constancias que obra en autos, específicamente a constancia actuarial de 25 de agosto de 2022, en la que asentó que en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad se le informó que nunca fueron ingresados. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa no se ratificó por Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González; de ahí que, se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, que al no colmarse la exigencia para la prosecución del juicio de amparo -ratificación del directo quejoso-, ésta debe tenerse por no presentada. Para llegar a esa conclusión es necesario exponer lo siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, dicho precepto es del tenor siguiente: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Ahora, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. El texto del artículo 15 es el siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona [.]" En este caso, la demanda fue promovida por Juan Jose de la Cruz Gordillo, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues se reclamó la incomunicación de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González y lo que posteriormente, éste juzgado federal en auto de 24 de octubre de 2022, estimó podría tratarse de un caso de desaparición forzada -ello, ante la no localización de los buscados, pese a gestiones por lograr su paradero-. Sin embargo, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda que dio origen a este expediente, no se advierte que los actos materia de reclamación sean de esa índole [desaparición forzada]; sino más bien, el alojamiento en la estación migratoria señalada como responsable. Cabe precisar que en acuerdo de 25 de agosto de 2022, relativo a la recepción de la demanda, se requirió a Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González, para que dentro de tres días, la ratificaran; y, se les apercibió que, en caso de no hacerlo, ésta se tendría por no presentada y quedarían sin efecto las providencias dictadas sobre la suspensión. Actuación que no sucedió, pues hasta este momento, el escrito de demanda que dio génesis a este expediente, no ha sido ratificado. Lo anterior, cobra extrema relevancia, pues de continuar la tramitación del presente acarrearía una violación al principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en tanto que la parte afectada nunca instó la acción ni compareció al juicio de amparo indirecto 692/2022-II-D. En este punto, se precisa que la ratificación sí es necesaria a pesar de que inicialmente, lo que motivó la promoción de la demanda por parte de Juan Jose de la Cruz Gordillo, fue su manifestación en el entendido de que los directos quejosos se encontraban alojados desde el mes de agosto de 2022, en las instalaciones de la estación migratoria responsable. No obstante, con independencia de que en el juicio de amparo se reclamen cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad personal; habida cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal no prevé excepción alguna al principio de instancia de parte agraviada; y, el artículo 15 de la Ley de Amparo reafirma la exigencia del principio al exigir que, aún en el caso de amparos urgentes, la demanda debe ratificarse por la persona afectada directamente o por su representante legal. En el entendido que, si se ratifica se sigue el amparo; y si no, se tiene por no presentada la demanda y se dejan insubsistentes las medidas adoptadas para suspender los actos. Sobre el criterio de que el amparo no es una acción popular, es aplicable la tesis aislada siguiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO. NO HAY ACCION POPULAR. No es cierto que en amparo contra leyes existe acción popular para su impugnación, pues conforme el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se establece en materia de amparo el principio de instancia de parte agraviada; o sea, que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley la persona afectada en sus intereses jurídicos." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese orden, considerando que la ratificación de la demanda urgente prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y el tipo de derechos humanos que se estimen violados, pues el ejercicio de la acción constitucional de amparo no admite excepciones en cuanto a la necesidad del principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, ante la falta de ratificación de la demanda por parte de Raciel Fernández Cervera, Anisvel Rodrígues Cervera y Víctor Luis Rodrígues González tiene como consecuencia, que ésta deba tenerse por no presentada. Es aplicable la tesis VI.1o.A.3 K (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, Registro Digital 2024397, Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos. Por tanto, quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de la autoridad responsable. De igual forma, dígase al actuario que remita al correo mcampuzano@inami.gob.mx, el oficio dirigido a la autoridad foránea con residencia en Cancún, Quintana Roo, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido, en la inteligencia que deberá levantar razón al momento de confirmar la recepción del correo electrónico en comento, para los efectos legales correspondientes; asimismo, proceda a integrar debidamente las constancias de notificación relacionadas sean personales o electrónicas que se hubieren realizado. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa y por oficio a las responsables.

  3. Principal

    II-Agréguese el oficio remitido por la encargada de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Acayucan, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en acuerdos de 7 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, así como 27 de enero y 8 de marzo de 2023, en los que se le solicito informe si en su base de datos cuenta con algún registro de detención a nombre de los aquí quejosos ********************y ********************, por lo que informa que no encontró ningún registro de los mencionados impetrantes del amparo. Al respecto, se toma conocimiento de lo informado por la citada dependencia migratoria, por lo que se le deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de 7 de noviembre de la anualidad pasada, únicamente por lo que hace a esta, ello, para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, no es el caso dictar mayor acuerdo por el momento, reservándose este órgano jurisdiccional acordar al respecto hasta en tanto obren la totalidad de los informes requeridos en los citados acuerdos de 7 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, así como 27 de enero y 8 de marzo de 2023. Notifíquese.

  4. Principal

    II-Atendiendo al estado procesal que guardan los autos, se advierte que los titulares de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Baja California, Coahuila, Sonora y Veracruz, no han dado cumplimiento a los requerimientos que se les hizo en proveídos de 7 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, en los cuales se les requirió a efecto de que informen si en su base de datos, cuentan con algún registro de detención a nombre de ********************, ********************y ********************, y de ser el caso remitan constancias fehacientes que así lo justifiquen. En consecuencia requiérase nuevamente a las citadas autoridades para que dentro del término de cinco días contados a partir de su notificación, se sirvan a remitir en el término conferido, los datos correspondientes; en la inteligencia de que subsisten los apercibimientos decretados en el presente expediente. Asimismo, se solicita de la manera más atenta a la autoridad consular de la República de Cuba, con residencia en la Ciudad de México, que informe si en su base de datos, cuenta con algún registro de salida o retorno a su país de origen a nombre de ********************, ********************y ********************. Notifíquese.

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