Racheal Michelle Leonards

Expediente 1036/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1036/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Racheal Michelle Leonards

Actuaciones

  1. Principal

    V-Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta firmado por Racheal Michelle Leonards, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otras autoridades. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 1036/2023-V-B. Prevención El numeral 112 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna deficiencias, irregularidades u omisiones, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, se procede a analizar los siguientes artículos: El artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Ahora, de lectura integral de la demanda de amparo se advierte que las autoridades que señala como actos que reclama el promovente los hace consistir en lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas en los número del 1 al 10 se reclaman. 1. La orden de aprehensión o comparecencia o detención o citación dictada en mi contra, para formulación de imputación. De las autoridades responsables señaladas bajo los númerales del 11 al 25, se reclama 2. La ejecución de la orden de aprehensión o comparecencia o detención o citación dictada en mi contra, para formulación de imputación. 3. La omisión de citación y/o acceso para imponerme de las constancias que integran la carpeta de investigación, en la cual tiene el carácter de investigado y/o imputado la parte quejosa. .[.]" Asimismo, de los conceptos de violación que refiere la parte quejosa se advierte lo siguiente: "[.] SEGUNDO.- Las autoridades señaladas como responsables, violan en mi perjuicio mis derechos fundamentales de legalidad, seguridad y libertad, que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estas autoridades al realizar la inmovilización de los folios mercantiles, me causa un acto de molestia, en mi persona y en mis derechos, sin que se haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se FUNDE NI MOTIVE la causa legal del procedimiento, así como tampoco se acredita la existencia del delito y la probable responsabilidad DE LA SUSCRITA y por lo cual dichos actos son violatorios de mis derechos humanos.[.]" De lo antes trascrito se advierte que no existe certeza del acto o actos reclamada que pretende atribuir a la autoridad responsable, de lo que resulta necesaria su precisión, para que las autoridades responsables rindan con claridad sus informes de ley en relación con los actos efectivamente impugnados y que se les atribuyen; de lo que debe existir certeza, a efecto de que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad y procedencia, en los términos en que se haga la petición. Ello, pues si bien la quejosa señala como actos reclamados los destacados en el capítulo correspondiente, y pues al parecer en los conceptos de violación se advierte uno diverso a los señalados, pero no existe certeza si la materia de reclamo es a) la orden de aprehensión, comparecencia o detención; b) la omisión de citación o acceso para que la parte quejosa se impusiera de las constancias que integran la carpeta de investigación, en la cual tiene el carácter de investigado y/o imputado dicha parte, en el cual deberá precisar si el acto es la omisión de citación o el acceso a la carpeta; si también se debe tener como acto reclamado la inmovilización de los folios mercantiles que relata en sus conceptos de violación. De ahí que ante su falta de precisión en su escrito, hace obscura la solicitud de justicia federal, pues la procedencia del amparo no solo radica en lo reclamado sino en la precisión de lo mismo y de sus antecedentes. Así, debe entenderse conforme a su definición, que el acto que se impugna se refiere a una conducta [activa o pasiva], que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto. Lo expuesto tiene sustento en la tesis de Jurisprudencia, siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Registro digital: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: I. 3º. A. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 69 Tipo: Jurisprudencia. De ahí, que es evidente la imprecisión y ambigüedad en la redacción del escrito, pues puede resultar incompleto el capítulo respecto al acto o actos que intenta tildar de inconstitucionales. En tales consideraciones, en ánimo de armonizar, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con la totalidad de la información a recabar en el expediente del juicio, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión, esto en búsqueda de lograr congruencia entre lo pretendido y lo que será materia de examen y análisis en la resolución, a fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es necesario que el promovente señale con precisión y exactitud el o los actos reclamados y sus antecedentes, pues sólo así se podrá fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad de los actos; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al no señalar el referido dato, se debe requerir al promovente en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, para que la aclare pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano judicial del amparo velar por que se satisfaga tal extremo. Por tanto, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108 fracción I, en relación con el artículo 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, legalmente computados, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias a que alude el numeral 110 de la Ley de Amparo, aclare su demanda en los siguientes términos: Precise de manera clara y concreta cuál o cuáles son los actos que atribuye a cada una de las autoridades responsables, y establezca en si la materia de reclamo es la orden de aprehensión, comparecencia o detención; la omisión de citación o acceso para que la parte quejosa se impusiera de las constancias que integran la carpeta de investigación, en la cual tiene el carácter de investigado y/o imputado dicha parte debiendo precisar si el acto es la omisión de citación o el acceso a la carpeta; si también se debe tener como acto reclamado la inmovilización de los folios mercantiles que relata en sus conceptos de violación. Se hace el apercibimiento al promovente que de no cumplir se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Domicilio procesal y autorizado Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Enrique Marín Poot, Raúl Karin de la Rosa Peláez, Claudia Daranee García Canché, Jaime Jesús Hoil Dzul, Dennis Marilyn Vigueras Canché y Jorge Jesús Ley Castillo, toda vez que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas Ahora, se constató que de la revisión de Usuarios de Juicio en Línea que tienes registros en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, se advirtió que los usuarios "marinjfk", "GARCIA1116" y "DMVC1", están dados de alta en el Catálogo de Juicio en Línea, ya que los usuarios se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y la fracción IV del artículo de la Ley de Amparo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea, así como recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, proceda el oficial judicial A adscrito a este Juzgado, en términos del citado acuerdo, a efectuar las gestiones pertinentes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Oposición de datos personales Se tiene a la pate quejosa oponiéndose a la publicación de los datos personales, lo anterior únicamente de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 67, fracción II, y 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los preceptos 6° y 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del diez del mismo mes y año, por el cual se abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se deberá tener en cuenta al momento del dictado de las determinaciones en el presente juicio de amparo, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción a la secretaria encargada del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento a la Secretaria encargada del trámite de este asunto -quien aparece como fedataria en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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