Rachel Nuñez Martínez
Expediente 998/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rachel Nuñez Martínez
- Junta Especial Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Rachel Nuñez Martínez, hubiese recurrido el auto de quince de enero de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, al expediente laboral ***. De las constancias remitidas por el Presidente de la Junta responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se dictó el laudo respectivo e incluso se notificó el nueve de diciembre del año próximo pasado a las partes. Luego, si el peticionario de garantías reclamó la omisión por parte de la responsable en dictar el laudo correspondiente dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2ª. /J. 16/2011 (10ª) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente del tribunal correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de enero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil catorce, a la autoridad responsable la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a efecto de que rinda informe justificado; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere la misma y, en su lugar, se fijan para su celebración las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese.
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