Quirino Palma Villegas

Expediente 1622/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1622/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Quirino Palma Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata.******************** ********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.****************************************Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.****************************************Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación.****************************************Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente.****************************************Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Quirino Palma Villegas, quien se ostenta como Ayudante Municipal de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlan, Morelos, en el que subsana la prevención formulada mediante proveído de ocho de diciembre del año en curso, por lo que se provee lo siguiente. De la personalidad del promovente. Con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta Quirino Palma Villegas, en virtud de que exhibe copia certificada del nombramiento como Ayudante Municipal de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlan, Morelos, del cual se advierte que cuenta con la personalidad que refiere, con las facultades y obligaciones establecidas en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, párrafo primero, y 7, todos de la ley en consulta, que establecen: Los artículos 61, fracción XXIII, 1, párrafo primero, y 7, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 7. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actualizar alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en sus fracciones, la cual da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a aquella causal derivada de disposición distinta a las fracciones de dicho artículo y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la jurisprudencia. Por otro lado, el artículo 1°, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad violatorias de derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo cual, en tal caso, son los gobernados quienes pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales violados por una norma general o un acto concreto de autoridad, sean personas físicas o jurídicas, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 Constitucional y 1° de la Ley de Amparo. A su vez, el artículo 7° de la Ley de Amparo prevé que la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables; sin embargo, existe una limitante en el sentido de que las personas jurídicas oficiales pueden promover el amparo, únicamente cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, de lo contrario dicho juicio será improcedente en términos del último de los artículos citados. Ahora bien, el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece la naturaleza de las autoridades auxiliares municipales, calidad con la que se ostenta el quejoso en el presente juicio de amparo (Ayudante Municipal); por tanto, el acto que pretende hacer valer en el presente juicio, no es reclamable en amparo indirecto por parte de la persona moral oficial promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia registrada con el número 2015321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Página 1022, de rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". De igual forma, resulta aplicable la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registrada con el número 2005501, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Página 2475, de rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en lo siguiente: "La omisión de contestar en breve termino y de manera fundada y motivada como corresponde a todo acto de autoridad, la petición cuya copia sellada acompañamos". Por tanto, se considera que el juicio de amparo es improcedente, debido a que el directo quejoso no actúa con el carácter de particular, sino que se trata de autoridad (Ayudante Municipal), tal como se advierte del escrito de demanda y desahogo, y que se acredita fehacientemente con el diverso ocurso de dos de diciembre de dos mil veintidós, en el cual sustenta su derecho de petición (acto reclamado), mismo que lo signa en su carácter de autoridad auxiliar, además de que el acto reclamado no le genera una afectación en su patrimonio a la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad pública que violen los derechos humanos y, que éstos, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las autoridades y, aun cuando el artículo 7° de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, es claro que se refiere a los intereses jurídicos del Estado cuando actúa como persona de derecho privado, pero se excluye el acceso al juicio constitucional a éste cuando pretende defender sus actos que emitió en el carácter de persona moral de derecho público, porque aquel constituye un acto de autoridad, en tanto que se produce de manera unilateral e imperativa. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sustenta lo anterior por las consideraciones que le dieron origen, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3193, Undécima Época, Registro 2024995, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA INTERPUESTA POR UNA PERSONA MORAL OFICIAL PARA IMPUGNAR ACTOS DE OTRA AUTORIDAD RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. Hechos: El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública formuló sendas solicitudes a autoridades migratorias a efecto de que se emitieran medidas tendentes a facilitar a sus defensores el acceso al sistema electrónico de registro de extranjeros ingresados a las estaciones de control, con la finalidad de favorecer un mejor desempeño de sus funciones. En un caso la autoridad denegó la petición, y en el otro no hubo respuesta. En diversas demandas de amparo indirecto, el titular del instituto mencionado reclamó, respectivamente, el rechazo a la petición formulada y la omisión de respuesta. Al proveerse respecto de las mencionadas demandas, cada uno de los Jueces de Distrito estimó que se actualizó de manera indiscutible una causa de improcedencia, y desecharon las demandas. Las causales que se estimaron actualizadas son las previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación, en un caso, con los numerales 1o. y 5o., fracción II, y en el otro, en relación con el numeral 7o., todos de la Ley de Amparo. Inconforme con los acuerdos señalados, el promovente de las demandas interpuso en su contra sendos recursos de queja, que fueron resueltos por diferentes Tribunales Colegiados de Circuito, uno confirmó el acuerdo de desechamiento de la demanda, al considerar notoria y manifiesta la improcedencia. El otro tribunal revocó el auto impugnado y dispuso que se admitiera a trámite, al considerar que ésa no era la oportunidad adecuada para decidir si una persona moral oficial se encuentra legitimada para promover la acción de amparo contra actos de otra autoridad relacionados con el desempeño de sus atribuciones. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que las autoridades carecen de legitimación para promover el juicio de amparo con la finalidad de impugnar actos de autoridad relacionados con el ejercicio de sus atribuciones legales, por no ser titulares de derechos humanos, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Justificación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo es un procedimiento previsto para la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo cual, constituye una premisa esencial en el sistema de normas que lo regulan, la relativa a que las autoridades no son titulares de derechos humanos y por excepción tienen reconocida la legitimación para promover el amparo en defensa de su patrimonio, cuando actúan como gobernados, en términos del artículo 7o. de la Ley de Amparo." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida electrónicamente por ********************, por propio derecho, y quien se ostenta como Ayudante Municipal de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán, Morelos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y otra autoridad.****************************************Registro de la demanda.****************************************Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1622/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.****************************************Prevención.****************************************Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente:****************************************ÚNICO. El promovente deberá exhibir un documento idóneo con el que acredite la personalidad que ostenta como Ayudante Municipal de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán, Morelos; lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional está obligada a admitir la personalidad del promovente, siempre que éste compruebe tal circunstancia con la constancia respectiva, lo que en el caso no ocurre.****************************************Tiene aplicación al caso por analogía jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cuarenta y ocho, que establece:********************"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." ****************************************Asimismo, apoya lo anterior, la diversa tesis 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, viernes 11 de noviembre de 2016, cuyo texto es:********************"PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa."****************************************Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata.****************************************Domicilio procesal y autorizados.****************************************En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado, por así solicitarlo.****************************************Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece:********************"NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL".****************************************En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene como autorizado con facultades amplias a ********************, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.****************************************Por otra parte, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señaladas las cuentas de correo electrónico como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello.****************************************Consulta de expediente electrónico.****************************************De conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte quejosa, con base en el usuario "********************", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho usuario sí se encuentra registrado y autorizado para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo.****************************************Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A", a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo.****************************************Uso de medios electrónicos.****************************************Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008986, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, de rubro y texto siguientes:********************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".****************************************Así como la diversa tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008987, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página: 1831, de rubro y texto siguientes:********************"REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente".****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional.**************************************** Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.**************************************** Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. **************************************** En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. ******************** ********************Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios.****************************************Notifíquese personalmente.

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