Quitín Benítez Serrano

Expediente 1254/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1254/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Quitín Benítez Serrano
  • Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huetamo, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Quintín Benítez Serrano, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1254/2022. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán: El auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 272/2022, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones promueve en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", representada por el señor Vicente Sosa García, en cuanto Presidente del Consejo de Administración; auto mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del auto de fecha trece de octubre de la presente anualidad, en el que, estando citado para sentencia el expediente señalado, declaró la nulidad del emplazamiento, argumentando defectos en el mismo, ordenando realizar nuevo emplazamiento. 2.1. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Quintín Benítez Serrano, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. El aquí quejoso presentó demanda en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva y otras prestaciones, en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", representada por el señor Vicente Sosa García, en cuanto Presidente del Consejo de Administración, de la que conoce el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, quien la registró bajo el número de juicio ordinario civil 272/2022. Seguidos sus cauces legales, por auto de primero de septiembre de dos mil veintidós se citó a las partes para oír sentencia y, acontecido ello, tuvo lugar el cambio de titular de dicho juzgado; razón por la cual, por auto de diez de octubre de la presente anualidad se ordenó notificar a las partes dicha circunstancia. Posteriormente, el trece de octubre del año en curso se dictó un acuerdo en el que se declaró la nulidad del emplazamiento realizado a la moral demandada, por considerar que habían existido defectos en el mismo, decretando la nulidad de todo lo actuado y ordenando realizar un nuevo emplazamiento. Inconforme con lo anterior, mediante escrito de veinticuatro de octubre de los corrientes, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mismo al que recayó acuerdo de veintisiete de octubre de esta misma anualidad en el cual se negó su admisión, en virtud de que el juez de los autos sostuvo que dicho auto no era apelable. Siendo éste el acto aquí´ reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Al respecto, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 272/2022, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones promueve el aquí quejoso en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del diverso auto de fecha trece de octubre de la presente anualidad, en el que, estando citado para sentencia el expediente señalado, el titular de dicho órgano jurisdiccional declaró la nulidad del emplazamiento, argumentando defectos en el mismo y ordenando realizar un nuevo emplazamiento; lo anterior, en virtud de que el juez de los autos sostuvo que dicho auto no era apelable. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando el peticionario de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite obviar las formalidades esenciales del procedimiento, ya que éste no culmina el juicio ordinario civil subyacente, sino que la determinación que en esta vía pretende combatir el impetrante de amparo, únicamente trae como consecuencia que se lleve a cabo un nuevo emplazamiento a la parte demandada en el cual se cumpla con las formalidades de ley; hecho lo cual, y una vez reparada las violaciones procesales advertidas, el juez de los autos procederá conforme a derecho. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Al respecto, es de invocarse en vía de orientación, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra; en el entendido de que Favián Solís Vergara gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Quintín Benítez Serrano, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1254/2022. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán: El auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 272/2022, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones promueve en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", representada por el señor Vicente Sosa García, en cuanto Presidente del Consejo de Administración; auto mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del auto de fecha trece de octubre de la presente anualidad, en el que, estando citado para sentencia el expediente señalado, declaró la nulidad del emplazamiento, argumentando defectos en el mismo, ordenando realizar nuevo emplazamiento. 2.1. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Quintín Benítez Serrano, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia oficial en Huetamo, Michoacán. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. El aquí quejoso presentó demanda en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva y otras prestaciones, en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", representada por el señor Vicente Sosa García, en cuanto Presidente del Consejo de Administración, de la que conoce el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, quien la registró bajo el número de juicio ordinario civil 272/2022. Seguidos sus cauces legales, por auto de primero de septiembre de dos mil veintidós se citó a las partes para oír sentencia y, acontecido ello, tuvo lugar el cambio de titular de dicho juzgado; razón por la cual, por auto de diez de octubre de la presente anualidad se ordenó notificar a las partes dicha circunstancia. Posteriormente, el trece de octubre del año en curso se dictó un acuerdo en el que se declaró la nulidad del emplazamiento realizado a la moral demandada, por considerar que habían existido defectos en el mismo, decretando la nulidad de todo lo actuado y ordenando realizar un nuevo emplazamiento. Inconforme con lo anterior, mediante escrito de veinticuatro de octubre de los corrientes, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mismo al que recayó acuerdo de veintisiete de octubre de esta misma anualidad en el cual se negó su admisión, en virtud de que el juez de los autos sostuvo que dicho auto no era apelable. Siendo éste el acto aquí´ reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Al respecto, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 272/2022, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones promueve el aquí quejoso en contra de la persona moral denominada "EL CUIRINDAL DE SAN LUCAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del diverso auto de fecha trece de octubre de la presente anualidad, en el que, estando citado para sentencia el expediente señalado, el titular de dicho órgano jurisdiccional declaró la nulidad del emplazamiento, argumentando defectos en el mismo y ordenando realizar un nuevo emplazamiento; lo anterior, en virtud de que el juez de los autos sostuvo que dicho auto no era apelable. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando el peticionario de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite obviar las formalidades esenciales del procedimiento, ya que éste no culmina el juicio ordinario civil subyacente, sino que la determinación que en esta vía pretende combatir el impetrante de amparo, únicamente trae como consecuencia que se lleve a cabo un nuevo emplazamiento a la parte demandada en el cual se cumpla con las formalidades de ley; hecho lo cual, y una vez reparada las violaciones procesales advertidas, el juez de los autos procederá conforme a derecho. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Al respecto, es de invocarse en vía de orientación, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra; en el entendido de que Favián Solís Vergara gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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