Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán.

Expediente 991/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
991/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 991/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Juan Fernando Rangel Correa, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a las responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan sus informes con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, cuyo valor fue publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe al peticionario que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio del tercero interesado que pudiera surgir en el presente juicio de amparo, esto es, la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, hasta en tanto se reciba el informe justificado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Óscar Javier Blancas Salazar, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que las personas restantes únicamente podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 138, 163 y 166 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 991/2018, promovido por Juan Fernando Rangel Correa, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiérase su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalarán: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o II) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El quejoso señala como tales: La orden de búsqueda, retención, detención y/o aprehensión y su ejecución. SE CONCEDE SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE RETENCIÓN, DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. A efecto de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada, resulta indispensable atender los requisitos contenidos en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." El promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. La segunda condicionante también se actualiza, habida cuenta que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues si bien la sociedad está interesada en que éstos se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a los gobernados se les hayan respetado los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal. Por último, conviene asentar que de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría al peticionario daños y perjuicios de difícil reparación, pues si se llevara a cabo se le afectaría en uno de los bienes jurídicos de mayor valía como lo es, precisamente, la libertad personal. Con fundamento en los artículos 136, 139, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a efecto de que las autoridades responsables no priven de su libertad personal a Juan Fernando Rangel Correa, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En caso de que el acto reclamado consistiera en una orden de aprehensión y el delito se trate de aquellos que impliquen prisión preventiva oficiosa (o delito de los considerados graves, si es que el proceso se lleva conforme con el anterior sistema penal), la suspensión decretada solo surtirá el efecto de que el quejoso, una vez aprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora, en el lugar en que quede recluido; y a disposición del juez de la causa respecto a la continuación del procedimiento, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y por tanto, insuspendible. ASIMISMO, LA AUTORIDAD QUE ACEPTE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, DEBERÁ INFORMAR SI EL DELITO POR EL QUE SE LIBRÓ LA ORDEN RECLAMADA, ES DE ÍNDOLE PATRIMONIAL, SI EL MISMO ESTA TIPIFICADO COMO GRAVE POR LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE, Y EN SU CASO, EL MONTO AL QUE ASCIENDE LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. REQUISITOS DE EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso, y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia." Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se desprende de la demanda de amparo. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica del quejoso", tampoco se advierte de la demanda dato alguno, no obstante que le correspondía hacerlo. Tiene aplicación a lo anterior, por su contenido el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la página 1902, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTA A CARGO DEL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE LA GARANTÍA RESPECTIVA. Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. SE CONCEDE SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE BÚSQUEDA Y SU EJECUCIÓN. Por otra parte, igualmente, con fundamento en los artículos 136, 139 y 162 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a las autoridades administrativas, se concede la suspensión provisional a efecto de que no priven de su libertad personal a Juan Fernando Rangel Correa, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, siempre que la orden que reclama no derive de casos urgentes cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, dicha autoridad deberá fundar y expresar los indicios que motiven su proceder y, además, que el quejoso no sea sorprendido en flagrante delito. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. GARANTÍA. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima suficiente fijar para garantizar la suspensión provisional la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual deberá exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), y en la inteligencia que si optan por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada cuando se tengan elementos de convicción sobre lo dispuesto en las tres fracciones del invocado artículo 124 de la citada ley. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de cinco días, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA A JUAN FERNANDO RANGEL CORREA, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 991/2018". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En caso de ser cierto el acto reclamado, se impone al quejoso la obligación de presentarse ante la autoridad que acepte la existencia del acto reclamado, en un plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que tenga conocimiento de la certeza del acto para la práctica de las diligencias correspondientes; lo anterior, sin que deban privarla de la libertad, ello en atención a lo establecido por el artículo 162, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto a continuación se citan. SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Se apercibe al quejoso que aún y cuando haya exhibido la caución que se le exige, deberá acreditar que compareció dentro del plazo referido, ante la mencionada autoridad, para tal efecto, deberá exhibir constancia donde obre sello, firma, día y hora de la audiencia judicial mencionada, con el apercibimiento que de no hacerlo la medida suspensional otorgada dejará de surtir sus efectos y la caución exhibida se hará efectiva a favor de la Federación. La medida decretada no surtirá efecto en los siguientes casos: Si la orden combatida tiene como propósito que el quejoso cumpla con alguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra. Si la orden controvertida, fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada. Si el quejoso es sorprendido en flagrante delito o urgencia a la que alude el artículo 16, párrafo quinto constitucional; y, Si la orden reclamada fue dictada con posterioridad a la promoción de este amparo. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando para recibirla a las personas que alude; previo recibo que se deje en autos; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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