Quirino Francisco Arredondo Villalobos
Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Quirino Francisco Arredondo Villalobos
- Quirino Francisco Arredondo Villalobos y Otros.
- Miriam Araceli Cortés Molina
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintidós de mayo de dos mil diecinueve: autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miriam Araceli Cortés Molina, Quirino Francisco Arredondo Villalobos, María Elena Vázquez Varela, Violeta Garza Rodríguez, Viridiana Sastré Sánchez, Yadira Juárez Sánchez, Yazmín Montes Rosete, Ana Lilia Báez Minjarez, Rosa Isabel González Cordero, Violeta Arroyo Montiel, Angélica Vargas Rosete, Rosalinda Herrera López, Zarely Vianey Castillo Alvarado, Viridiana Morales Rodríguez y Alejandra Hernández Carrasco; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de siete de mayo de dos mil diecinueve: Desahogo de prevención Agréguese el escrito signado por Quirino Francisco Arredondo Villalobos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciséis de abril del presente año, al efecto señala: Manifiesta que sí señala como acto reclamado el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Precisa que lo impugna como autoaplicativa. Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En ese orden de ideas, tenemos que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". La lectura del precepto legal trascrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan las hipótesis siguientes: Que la norma general o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo. Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución. Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho de que con antelación presentó otra demanda de amparo contra la misma autoridad y por los mismos actos reclamados, la cual se encuentra pendiente de resolución, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, en el presente juicio de amparo los promoventes (1) Miriam Araceli Cortés Molina, (2) Quirino Francisco Arredondo Villalobos, (3) María Elena Vázquez Varela, (4) Violeta Garza Rodríguez, (5) Viridiana Sastré Sánchez, (6) Yadira Juárez Sánchez, (7) Yazmín Montes Rosete, (8) Ana Lilia Báez Minjarez, (9) Rosa Isabel González Cordero, (10) Violeta Arroyo Montiel, (11) Angélica Vargas Rosete, (12) Rosalinda Herrera López, (13) Zarely Vianey Castillo Alvarado, (14) Viridiana Morales Rodríguez, (15) Alejandra Hernández Carrasco, señalan como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos b) Secretaria del Bienestar c) La Delegación Estatal del estado de Tlaxcala de La Secretaria de Bienestar" (sic). IV.- ACTOS RECLAMADOS. Todos los quejosos indistintamente reclamamos de las autoridades responsables lo siguiente: "La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES de conformidad a los ramos 12 y 20 de los anexos 10, 13, 14, 18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en consecuencia, el incumplimiento del Estado a su deber de rectoría en beneficio del interés superior del menor, del desarrollo integral de los pueblos indígenas y la igualdad entre mujeres y hombres. a) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se traducen en falta de emisión de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad a los ramos 12 y 20 de los anexos 10,13.14,18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. b) De la Secretaría de Bienestar Social: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se traducen en la falta emisión de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad a los ramos 12 y 20, anexos 10, 13, 14, 18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Asimismo, la entrega del subsidio del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras d) De la Secretaría de la Secretaría de Bienestar Social: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas por la falta de entrega del subsidio a las estancias infantiles contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 conforme a lo estipulado los ramos 12 y 20, anexos 10, 13, 14, 18 y 19" (sic). ".es nuestro deseo señalar como acto reclamado el "Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2019." Ahora, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para quien esto determina la existencia del diverso juicio de amparo 329/2019-VII radicado en este propio órgano jurisdiccional, promovido por los mismos quejosos (1) Miriam Araceli Cortés Molina, (2) Quirino Francisco Arredondo Villalobos, (3) María Elena Vázquez Varela, (4) Violeta Garza Rodríguez, (5) Viridiana Sastré Sánchez, (6) Yadira Juárez Sánchez, (7) Yazmín Montes Rosete, (8) Ana Lilia Báez Minjarez, (9) Rosa Isabel González Cordero, (10) Violeta Arroyo Montiel, (11) Angélica Vargas Rosete, (12) Rosalinda Herrera López, (13) Zarely Vianey Castillo Alvarado, (14) Viridiana Morales Rodríguez, (15) Alejandra Hernández Carrasco, en el cual señaló como autoridades responsables: "ORDENADORAS 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por sí o a través del órgano involucrado de la administración pública federal de la que es titular unitario; 2. Secretaría de Bienestar; 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; EJECUTORAS 4. La titular de la Secretaría de Bienestar con domicilio. 5. Titular de la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, con domicilio." Asimismo, por auto de esta misma fecha, se admitió a trámite la demanda respecto de los actos consistentes en: La reducción del presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, mediante el decreto aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el cual, fue sancionado, promulgado y publicado por el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, en específico, la reducción efectuada a dicho programa en el anexo 10 denominado Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ramo 20 Bienestar; anexo 13 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ramo 12 salud y ramo 20 Bienestar; anexo 14 denominado Recursos para la atención de Grupos Vulnerables, ramo 12 salud y ramo 20 bienestar; anexo 18 denominado recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, ramo 12 y ramo 20 Bienestar; y anexo 19 denominado acciones para la prevención del delito, combate de adicciones, rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, ramo 20 Bienestar. Las reglas de operación del "Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019", por su inconstitucionalidad ya que implica transgresión al principio de progresividad, al principio del interés superior del menor en políticas públicas, así como al principio de rectoría del Estado para garantizar de manera plena los derechos de niñas y niños, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez". Como consecuencia de lo anterior: La omisión de entregar a la población objetivo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el subsidio en sus dos modalidades: Apoyo a madres trabajadoras y padres solos; Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil (Estancias Infantiles) Omisión de emitir REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, no obstante que tal programa fue autorizado por el Poder Legislativo y se le asignó recurso para su operación, de conformidad con dicho programa en el anexo 10 denominado Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ramo 20 Bienestar; anexo 13 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ramo 12, salud y ramo 20 Bienestar; anexo 14 denominado Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, ramo 12 salud y ramo 20 bienestar; anexo 18 denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, ramo 12 salud y ramo 20 Bienestar; y anexo 19 denominado acciones para la prevención del Delito, Combate de Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, ramo 20 Bienestar. Asimismo, se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional; de ahí que se colme el requisito relativo a que se encuentre pendiente de resolución. Por tanto, es evidente que los actos que aquí reclama la parte quejosa, serán materia de estudio en el juicio de amparo 329/2019-VII, en consecuencia, admitir la demanda a fin de entrar al estudio de dichos actos, implicaría que se juzgara varias veces la misma actuación de las autoridades responsables, lo que contravendría la finalidad de la figura de la litispendencia protegida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es evitar el dictado de sentencias contradictorias y la posible afectación a la cosa juzgada, en la medida que podría suceder que en uno de los juicios se concediera el amparo y en el otro se negara, lo que redundaría en perjuicio de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, la identidad de los datos destacados en los juicios de amparo referidos evidencia la actualización de la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. Resulta aplicable a lo anterior la tesis XI.2o.8 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 817, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Además, por su contenido resulta aplicable la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del apéndice 2000, tomo VI, común, página 193, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciséis de abril de dos mil diecinueve: Vista la demanda de amparo que promueven (1) Miriam Araceli Cortés Molina, (2) Quirino Francisco Arredondo Villalobos, (3) María Elena Vázquez Varela, (4) Violeta Garza Rodríguez, (5) Viridiana Sastré Sánchez, (6) Yadira Juárez Sánchez, (7) Yazmín Montes Rosete, (8) Ana Lilia Báez Minjarez, (9) Rosa Isabel González Cordero, (10) Violeta Arroyo Montiel, (11) Angélica Vargas Rosete, (12) Rosalinda Herrera López, (13) Zarely Vianey Castillo Alvarado, (14) Viridiana Morales Rodríguez, (15) Alejandra Hernández Carrasco, (15) en su carácter de responsables de Estancias Infantiles y beneficiarios del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras"; contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. En tal virtud, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 331/2019-I. Prevención de demanda Ahora de la lectura de la demanda se advierte que señalan como acto reclamado: "La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES de conformidad a los ramos 12 y 20 de los anexos 10, 13, 14, 18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en consecuencia, el incumplimiento del Estado a su deber de rectoría en beneficio del interés superior del menor, del desarrollo integral de los pueblos indígenas y la igualdad entre mujeres y hombres. a) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se traducen en falta de emisión de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad a los ramos 12 y 20 de los anexos 10,13.14,18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. b) De la Secretaria de Bienestar Social: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se traducen en la falta emisión de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad a los ramos 12 y 20, anexos 10, 13, 14, 18 y 19 establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Asimismo, la entrega del subsidio del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras d) De la Secretarla de la Secretaría de Bienestar Social: La omisión de emitir las reglas de operación bajo los cuales debe operar el PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, así como las consecuencias directas e indirectas por la falta de entrega del subsidio a las estancias infantiles contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 conforme a lo estipulado los ramos 12 y 20, anexos 10, 13, 14, 18 y 19". Sin embargo, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019", en cuyo artículo Segundo Transitorio se estableció: "SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017". Lo anterior se cita como un hecho notorio para quien esto determina, pues no se necesita probar la existencia de los acuerdos de interés general, ya que basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que este juzgador esté obligado a tomarlos en cuenta Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, así como 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise: Si es su deseo señalar como acto destacado el "Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019", en cuyo artículo Segundo Transitorio se abrogó el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018" y, de ser así, a qué autoridad en concreto se lo atribuye Asimismo, de señalarlo como acto reclamado, deberá precisar si lo reclama como autoaplicativo o heteroaplicativo, en el entendido que de hacerlo en el segundo supuesto, deberá precisar cuál es el acto concreto de aplicación y, "bajo protesta de decir verdad", indicar la fecha de conocimiento del mismo. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido para ello, se proveerá lo relativo únicamente por cuanto hace a las autoridades señaladas con tal carácter en el apartado relativo y actos reclamados. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Montiel Flores y Carlos Tlali Rosales y Adriana Dávila Fernández por así solicitarlo expresamente en su demanda de amparo. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, téngase a Quirino Francisco Arredondo Villalobos, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa por así haberlo solicitado los quejosos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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