Quintiliano Hernández Sanluis

Expediente 360/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
360/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2016

Partes del expediente

  • Quintiliano Hernández Sanluis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento original aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 360/2016-I promovido por Quintiliano Hernández Sanluis, por derecho propio, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisan, por considerarlo violatorio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y recibido en este juzgado en esa fecha, Quintiliano Hernández Sanluis por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y respecto de los actos siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Al C. Lic. Luis Guillermo Ramírez Rojano, Director de Obras del Ayuntamiento de Apizaco, Tlax. y al C. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Presidente Municipal de Apizaco, Tlax. 4.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamo la nula respuesta a mi petición formulada de manera respetuosa por escrito recibido en 14 de Marzo de 2016, dirigido por mi apoderada Elvia Rivera Rivera y recibido por los C.C. Director de Obras y Presidente Municipal respectivamente del Ayuntamiento de Apizaco, Tlax., sin recibir hasta la fecha del presente escrito respuesta alguna, VIOLANDO LA GARANTÍA DE PETICIÓN que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El uno de abril de dos mil dieciséis (fojas 7 a 10), se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 360/2016-I; se ordenó solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dar al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte reclamado el siguiente acto: La omisión del Director de Obras y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, en dar respuesta al escrito presentado por la apoderada legal del quejoso ante las citadas autoridades, el catorce de marzo de dos mil dieciséis. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente Municipal y Director de Obras y Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, a continuación realizan manifestaciones que evidencian su existencia, por lo que deben tenerse por ciertos los actos que se le atribuyen. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas remitidas por las citadas autoridades responsables al momento de rendir sus respectivos informes justificados; constancias a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar a los actos reclamados, los cuales en el presente caso consisten en: La omisión del Director de Obras y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, en dar respuesta al escrito presentado por la apoderada legal del quejoso ante las citadas autoridades, el catorce de marzo de dos mil dieciséis. En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, no corren los plazos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda, sino que ésta se puede promover en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Mayo de 2005; Pág. 1451. III.5o.C.21 K). V. ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA -FUNDADA- Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese orden de ideas, con relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, como se adelantó, la parte quejosa se duele de la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil trece, lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 8º constitucional, del cual se desprende que toda autoridad debe respetar el derecho de petición de los particulares, siempre que éstos la realicen por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo toda autoridad deberá emitir en breve término un acuerdo escrito que deberá hacer del conocimiento del peticionario. El escrito en mención es del contenido siguiente: De la reproducción que antecede, se desprende que la parte quejosa a través de su apoderada solicitó al Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala que se clausurará todo tipo de construcción que se lleve a cabo dentro del predio rústico denominado Ex hacienda de San Diego Apatlahuaya Fracción XXI, ubicada en Apizaco, Tlaxcala -propiedad del quejoso-. En atención a lo anterior, el Presidente Municipal de Apizaco, Tlaxcala emitió el memorándum P.M.A./141/2016 dirigido al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del citado municipio, a efecto de que analizara la procedencia de dicha solicitud (foja26), por lo que, el veintidós de marzo de dos mil dieciséis, el inspector de obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo del Municipio de Apizaco, Tlaxcala se constituyó en el domicilio ubicado en prolongación Francisco I Madero, (ex hacienda de San Diego Apatlahuaya) con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado; sin embargo, precisó que no fue posible ingresar al inmueble en cuestión a realizar la inspección dado que el mismo se encuentra cercado por una barda perimetral, lo que impide su acceso, justificando dicha circunstancia con las actas de inspección y circunstanciada correspondientes, así como las impresiones fotográficas que en copia certificada obran en autos (fojas 29 a 38). Hecho lo anterior, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, emitió el oficio D.O.P. 1003/16 de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en los siguientes términos: Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues del contenido del oficio señalado se desprende que el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, en respuesta al escrito de la apoderada legal del quejoso en el que solicita la clausura de todo tipo de construcción que se esté ejecutando dentro del predio rústico denominado Ex hacienda de San Diego Apatlahuaya, fracción XXI, ubicado en Apizaco, Tlaxcala, señaló que dicha Dirección procedió a realizar las acciones correspondientes de inspección de la construcción mencionada; sin embargo, al constituirse en el sitio y debido a que la construcción referida se encuentra en el interior de los predios cercados, no se logró ingresar al espacio específico donde se ubica la construcción para realizar dicha inspección, por lo que dicha autoridad se encuentra impedida para concluir el procedimiento solicitado. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Habida cuenta que tal situación se notificó a la apoderada legal del quejoso el catorce de abril de dos mil dieciséis, tal como se desprende de la fecha, firma y nombre impuestos en el oficio de mérito, además, al recibir dicha documental en este juicio de amparo, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como acto reclamado dicho oficio, situación que no aconteció. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De igual manera resulta aplicable el criterio sostenido por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volumen 8 séptima parte, Séptima Época, intitulada: "AGRARIO. DERECHO DE PETICIÓN. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO. Cuando se impugna la falta de acuerdo a una solicitud formulada por los quejosos para que se comisione a un ingeniero que constate que los terrenos propiedad de aquellos se encuentran a una distancia no menor de 25 kilómetros del lugar más densamente poblado del núcleo solicitante de dotación ejidal, y de los informes justificados aparece que ya fue comisionado el ingeniero para realizar el trabajo indicado, aun cuando el acuerdo no haya sido comunicado a los quejosos, al conocer su contenido a través de los citados informes cesan los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, puesto que como se señaló dicho oficio no es susceptible de ser analizado en el juicio de amparo, dado que el mismo no forma parte de la litis en la presente instancia constitucional, puesto que no obstante la vista concedida a la parte quejosa con dicha documental, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, la misma no realizó manifestación alguna con el objeto de señalarlo de esa forma y que se tuviera por ampliada la demanda en cuestión, lo que resultaba indispensable para estar en aptitud de analizar la regularidad constitucional de ese acto de autoridad. En ese tenor, la materia del presente juicio se centra únicamente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a la petición formulada por el quejoso en el escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, sin que en la especie se pueda hacer pronunciamiento alguno respecto a la legalidad de diversas actuaciones u omisiones de la autoridad responsable, al no formar parte de la litis en el juicio constitucional en que se actúa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto de la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. VI. DECISIÓN Considerando que en autos está acreditado que la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil dieciséis ante el Director de Obras y Desarrollo Urbano y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, ha cesado en sus efectos, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de dicho ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por por Quintiliano Hernández Sanluis, respecto del acto y autoridades precisados en el punto III de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa y da fe.*

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos y específicamente la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis (fojas 42 a 44), a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del oficio D.O.P 1003/16, de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, signado por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Apizaco, Tlaxcala, sin que haya desahogado tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de mérito, se tiene por precluido su derecho para tal efecto y se continúa el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente por las autoridades responsables y acto reclamado inicialmente señalados en la demanda de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiséis de abril del año en curso (fojas 42 a 44), para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del oficio D.O.P 1003/2016 de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, signado por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Apizaco Tlaxcala, en virtud que dicho proveído le fue notificado el dos de mayo siguiente (foja 49), por lo que la notificación surtió efectos el tres posterior y el plazo señalado transcurre del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

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