Prospero Canales Gayosso

Expediente 1442/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 63 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1442/2021
Año
2021
Actuaciones
63
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Prospero Canales Gayosso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN (.) 116. Finalmente, al tenor de las consideraciones expuestas, se concluye que para determinar la remoción del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía Ministerial adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, por lo que lo procedente es calificar de injustificada la separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. 117. En atención a lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Policía Ministerial, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al solicitante de la protección constitucional deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley corresponda. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se han cubierto las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del promovente, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. 118.En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, incluso las referidas a los servicios de salud.". Ejecutoria. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés se recibió la ejecutoria de veintidós de febrero del año en curso, dictada en el recurso de revisión R.A.-276/2022 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la que confirmó el fallo dictado, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento. En consecuencia, en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla informando que la parte quejosa, ********************, no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, por lo que no era posible hacer las anotaciones correspondientes. Luego, el siete de junio del año en curso el director jurídico de la citada secretaría remitió copia del oficio ******************** del que se desprendió el reingreso de la parte quejosa al servicio médico. Posteriormente, el once de julio siguiente, el enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, le informó al secretario técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de dicha Secretaría, que solicitó al director de Recursos Humanos realizara el cálculo de retención del Impuesto Sobre la Renta y cantidades que deban pagarse a la parte quejosa. El tres de agosto del año en curso, la citada autoridad enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información indicó que mediante oficio ******************** hizo del conocimiento al director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, que se destinó el recurso económico para realizar el pago a la parte quejosa, ********************. Así, el catorce de agosto siguiente, la referida autoridad informó que el nueve de agosto del año en curso se hizo entrega a la parte quejosa del pago por la cantidad de ********************. No obstante, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en torno al pago que se efectuó e indicó que la autoridad responsable no realizó las deducciones que, por concepto de obligaciones tributarias, debían retenerse, por lo que solicitó se le otorgara el número de cuenta e institución bancaria para que pudiera hacer la devolución del pago que en demasía se le entregó mediante el cheque respectivo. Derivado de lo anterior, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla -autoridad vinculada al cumplimiento- aclaró que derivado del recalculo que se realizó de la cantidad de ********************, menos las obligaciones tributarias que deba retener, el monto a reintegrarse era por la cantidad de $******************** y proporcionó el número de cuenta ******************** del banco BANCOMER, para que la parte quejosa pudiera realizar el reintegro correspondiente. Por lo anterior, en esa misma fecha se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada, manifestara lo que a su interés legal convenga y se requirió a la autoridad responsable para que informara si la parte quejosa devolvió la citada cantidad. Por ello, el diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla comunicando que la parte quejosa no había devuelto la cantidad de $********************, por lo que nuevamente se requirió a la parte quejosa para que en el término de cuarenta y ocho horas acreditara haber realizado el reintegro correspondiente. De igual forma, se requirió a la citada autoridad responsable para que informada si se realizó lo anterior. En virtud de ello, el tres de octubre de dos mil veintitrés se tuvo nuevamente al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla informando que la parte quejosa no efectuó el reintegro por la mencionada autoridad, por lo que se requirió por última vez a la parte quejosa para que acreditara haber realizado la transferencia bancaria a la cuenta de dicha autoridad por la cantidad de $********************, apercibida que, en caso de ser omiso a lo anterior, se haría acreedora a una multa. Sin embargo, a la fecha en que se emite esta determinación, la parte quejosa fue omisa en pronunciarse al respecto. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector, pues en lo atinente a la ejecutoria de amparo, en concreto, en cuanto al pago a la parte quejosa respecto de la indemnización correspondiente, así como de las demás prestaciones a que tiene derecho, las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector. Ello, pues debe tenerse presente que los efectos de la sentencia de amparo, en lo que interesa, fueron los siguientes: Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Policía Ministerial, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. En ese sentido, como se desprende de párrafos que preceden, las autoridades responsables acreditaron haber hecho entrega a la parte quejosa de la cantidad de ********************. Cantidad que se fijó en audiencia incidental de liquidación de sentencia de doce de junio de dos mil veintitrés. Ahora, este juzgado federal no soslaya lo relativo a que la autoridad responsable manifestó no haber realizado la retención tributaria correspondiente derivada del pago de las prestaciones a favor de la parte quejosa. Sobre el particular, en principio, es necesario recordar que en los efectos precisados en la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, no se fijó como tal, la retención del Impuesto sobre la Renta; sino que, por cuanto hace a la indemnización correspondiente, solo se ordenó su cuantificación y, una vez establecida, el entero a la parte quejosa. Así, al dictarse la interlocutoria de liquidación se indicó que la autoridad responsable debía calcular el impuesto generado y, hecho lo anterior, retenerlo. No obstante, esa indicación no forma parte de los elementos torales de la protección constitucional otorgada al quejoso, sino que su inclusión solamente obedeció al cúmulo de obligaciones tributarias que la autoridad responsable adquirió en su carácter de parte patronal, es decir, como auxiliar de la hacienda pública. Ilustra lo anterior, por su idea jurídica, la tesis P.XXIX/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004090, de rubro y contenido siguiente: "RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para recaudar el tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. En ese sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, establece una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención. Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar dicha retención, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, no actúa investido de imperio como organismo fiscal autónomo, como lo haría en la determinación de las cuotas obrero-patronales u otros créditos fiscales previstos en la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del fisco federal en la recaudación del impuesto, en tanto interviene como sujeto pagador de las pensiones y jubilaciones en su carácter de órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposición, en tanto la retención efectuada no constituye un acto de autoridad, sino sólo el acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo." De ese modo, se insiste, la retención de las contribuciones relativas, únicamente obedeció al carácter de auxiliar de la autoridad tributaria, pero no constituye parte de los lineamientos del fallo protector. Ante lo cual, el hecho que en la fase de ejecución del presente juicio de amparo, la autoridad responsable haya omitido realizar la retención y entero del tributo de que se trata, no entraña el incumplimiento a la protección otorgada al quejoso, sino un desacato a las cargas hacendarias a cargo del Estado en su dimensión de parte patronal. Consecuentemente, la falta de acreditamiento de la retención de la contribución multicitada, de ninguna manera irroga un incumplimiento directo al fallo protector; máxime que este juzgado federal no cuenta con facultades de gestión o de comprobación en materia tributaria que le permitan verificar el cumplimiento de la obligación de retener el impuesto correlativo. Expuesto lo anterior, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, esto es, no acreditó haber realizado el reintegro por la cantidad de $37,207.19 (treinta y siete mil doscientos siete pesos 19/100 moneda nacional), como tampoco manifestó la imposibilidad legal que tuviere para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, y previo acordar lo conducente sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio, se provee: Ahora, vistos los autos, se advierte que las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento al fallo protector. Fecha de cumplimiento por parte de la autoridad. Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. 9/08/2023 14/08/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con los oficios registrados con los números de promoción 19607, recibido en acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés; 19118, recepcionado el treinta de agosto del año en curso; 18333, recibido el veintiuno de agosto pasado, 17785, recibido el pasado catorce de agosto; 17025, recibido el tres de agosto de los actuales; 15339, recibido el once de julio de dos mil veintitrés; 12489, recibido el siete de junio del año en curso; y, 7027, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a la parte quejosa. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa parte quejosa no realizó devolución de reintegro. Agréguese a los autos el oficio del director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla -autoridad vinculada al cumplimiento- por medio del cual indica que la parte quejosa no efectuó el reintegro por la cantidad de *** a la cuenta *** del banco BANCOMER. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Requerimiento por última ocasión a la parte quejosa. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, no acreditó haber realizado el reintegro por la cantidad antes mencionada. En virtud de lo anterior, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, acredite haber realizado la transferencia bancaria a la cuenta indicada por la cantidad de ***, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa *** que de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, de manera individual, una MULTA por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), resultado de multiplicar cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa no se ha realizado devolución de cantidad Agréguese a los autos el oficio del director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla -autoridad vinculada al cumplimiento- por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, indica que la parte quejosa no ha efectuado el reintegro por la cantidad de *** a la cuenta *** del banco BANCOMER, por lo que adjunta el oficio TM/DC/9.5/429/2023 por el que la directora de contabilidad de la Tesorería Municipal de Puebla le informa tal cuestión. Se toma conocimiento de lo anterior. Requerimiento a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cuarenta y ocho horas acredite haber realizado la transferencia bancaria a la cuenta indicada por la cantidad de ***, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibida que en caso de no realizar manifestación alguna en el plazo concedido para tal efecto, se entenderá que no es su interés continuar con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, y este Juzgado Federal se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Requerimiento autoridad. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al director de Recursos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Municipio de Puebla para que dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe si la parte quejosa realizó el reintegro de la cantidad indicada, y remita copia certificada de las constancias conducentes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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