Priscilia Enriqueta Maldonado Cilia
Expediente 2067/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2067/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Priscilia Enriqueta Maldonado Cilia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a la parte quejosa que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, las copias certificadas que remitió en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Visto el escrito de cuenta de *** mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, precisa los actos reclamados, a qué autoridad se los atribuye y aclara los antecedentes de sus actos reclamados. Por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido y se procede a acordar lo conducente. Desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que el acto que se reclame en realidad constituya un acto de autoridad, tal como lo disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. En otras palabras, para atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el quejoso tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes : 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Bajo esas premisas, los órganos u organismos del Estado no pueden ni deben ser considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo, cuando se trate de determinaciones adoptadas dentro del ámbito del derecho laboral que regula las relaciones con su personal, en razón de que la causa generadora de las mismas deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de parte patronal y el particular como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, cuyas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través de los procedimientos laborales previstos para tal efecto, pues si bien en todo vínculo de naturaleza laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, ya que esa relación jurídica se suscita en un plano de coordinación. Sustentan la anterior postura jurídica los siguientes criterios emitidos por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se analizan actos realizados por los órganos del Estado en su carácter de parte patronal y en los cuales se ha concluido que la acción constitucional resulta improcedente: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Precisado lo anterior, se considera que a las autoridades responsables Director de Personal de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; Titular de la Jefatura de Sector 06 de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; Director de la Escuela Primaria Federal Xóchitl de la ciudad de Chiautla de Tapia, Estado de Puebla; Directora de Educación Primaria de la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de Puebla; Supervisora de la Zona Escolar 033 y Director de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Cañada Grande, perteneciente al municipio de Chiautla, Puebla, no les asiste ese carácter para efectos de esta acción constitucional. A fin de acreditar tal aserto, es necesario acudir a las constancias que remitieron las autoridades en cita, de las que se desprenden la orden de adscripción de folio 165002, de quince de agosto de dos mil dieciocho, firmada por el Director de Personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. En ese documento, se indica la adscripción de la quejosa en su nuevo centro de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de las Condiciones generales del Trabajo para el Personal de la Secretaría de Educación Pública, que es del tenor siguiente: Artículo 13° Las órdenes que autoricen al trabajador a tomar posesión de su empleo serán expedidas dentro de un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de los acuerdos de designación o promoción. Dicha porción normativa pone de manifiesto, en principio, que la relación que se suscita entre la Secretaría de Educación Pública y la peticionaria de amparo, deriva de un vínculo laboral, es decir, entre un patrón y su trabajador. Incluso, el numeral 1º de dicho Reglamento, señala que ese ordenamiento jurídico es de carácter obligatorio entre esa Secretaría y sus empleados, con la finalidad de establecer las condiciones generales de trabajo del personal adscrito. Por su parte, en el artículo 5º de ese Reglamento, se dispone que se consideraran trabajadores de base de la Secretaría de Educación Pública, entre otros, a los docentes, quienes son los que realizan funciones pedagógicas -es decir, profesores de grupo, artículo 6º En la especie, de la orden de adscripción de folio ***, expedida por el Director de Personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, se advierte que la quejosa desempeña el nombramiento de Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, tal como se desprende de la imagen siguiente: ... De dicha imagen, como se indicó, se advierte claramente que la relación entablada entre la quejosa y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, es de coordinación, es decir, entre la parte patronal y su trabajadora peticionaria de amparo, ésta en su calidad de empleada de base, al ser docente con funciones pedagógicas. Ahora, en el caso concreto, atribuye a las autoridades señaladas con el carácter de responsables, como actos reclamados entre otros la diversa la orden de reinstalación en su puesto de trabajo emitida el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, firmada por el Director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la omisión de acatar ese mandato, así como la negativa de la Directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Cañada Grande, perteneciente al municipio de Chiautla, Puebla, de reconocer a la quejosa como docente de dicha institución. A partir de lo anterior, se considera que esos actos reclamados, no encuentran su origen en una relación de supra a subordinación sino que derivó de una relación de coordinación entre las autoridades señaladas, toda vez que su actuar no se encuentra investido de imperio, pues las determinaciones a las que hace mención derivan de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre las partes. Por lo tanto, las citadas determinaciones que la quejosa señala como actos reclamados, provienen de la relación laboral que une a las autoridades educativas estatales con ***, por lo que se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón trajador, en el que no existe la obligación de que la parte patronal requiera necesariamente del consentimiento del afectado. Al respecto, sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los siguientes criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en atención al asunto que se provee la jurisprudencia P./J. 32/2015 10a, visible en la página 6, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Así como la tesis aislada 1ª. XXXIII/2017 10a, visible en la página 455, libro 40, tomo I, marzo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. Y la tesis aislada X.A.T.19 L 10a, publicada en la página 2355, libro 39, tomo III, febrero 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORAL ESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES. Además, también resulta aplicable, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dispone lo siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. El panorama anterior pone de relieve que en el caso concreto, las determinaciones tomadas por las autoridades señaladas como responsables que constituyen los actos reclamados fueron tomadas actuando en su calidad de parte patronal y no como autoridad dotada de imperio, pues dichas determinaciones se ven inmersas en el marco de una relación bilateral entre el patrón y su trabajador. En esas condiciones, la accionante del amparo tiene a su disposición el procedimiento laboral instituido en la Ley burocrática del Estado, en el cual podrá controvertir de mejor manera las vicisitudes que puedan surgir de ese vínculo y defender cualquier derecho social que estime transgredido. Por su parte, la quejosa también impugna el acta de hechos de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, levantada en las instalaciones de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad de Cañada Grande, Municipio de Chiautla, Puebla, referente a la reunión que sostuvieron los padres de familia de los estudiantes de dicha institución formativa, la Jefa del Sector 06 de Primarias Federales, Supervisora Escolar Zona 033, Secretario de Organización VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Encargado de Enlace de Asuntos Laborales de la Región Izúcar de Matamoros de ese Sindicato, el Secretario Delegacional de la Zona Escolar y la quejosa en su calidad de docente En dicha acta únicamente se asentaron las manifestaciones de los asistentes en relación con la orden de reinstalación de la quejosa de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Directora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Sin embargo, dicho documento no se realizó para dar razón de algún tipo de procedimiento administrativo incoado contra la quejosa, sino solamente como una constatación de las manifestaciones de los asistentes en relación con la solicitud de reinstalación de la profesora en dicha institución educativa. De ese modo, la mencionada acta, así como los actos vinculados a ella que le atribuye la quejosa falta de citación así como la falta de fundamentación y motivación, dimanan de aspectos meramente laborales, suscitados por la relación entablada por la peticionaria de amparo y las autoridades educativas locales; no obstante, se insiste, actos que derivan de la relación de coordinación existente entre dichas partes patrón y trabajador Sin que pueda estimarse que se trate de un acto administrativo emitido por la manifestación de un acto revestido de imperio, es decir, de una relación de supra a subordinación; por el contrario, se trata de eventualidades suscitadas con motivo del carácter de trabajadora que guarda la quejosa con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de parte patronal. Bajo ese contexto, el acta de hechos de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, no adquiere la connotación de ser impugnable en el juicio constitucional, al formar parte de aspectos netamente laborales, suscitados en la relación obrero-patronal. Consecuentemente, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el las autoridades a quienes se les atribuyen, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. Cabe acotar que la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio no contraviene los siguientes criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación: POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Se afirma lo anterior, dado que los citados criterios jurisprudenciales no resultan aplicables, pues en los casos que analizó el tribunal constitucional del País se concluyó que tanto los miembros de las corporaciones policiacas como los agentes del ministerio público están en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto en contra de la orden de cambio de adscripción, en virtud de que ese tipo de funcionarios públicos a que se refiere la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, desde el punto de vista constitucional no forman parte del régimen laboral establecido por ese apartado sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Por lo tanto, dado que la quejosa no desempeña un cargo público de los mencionados en el párrafo que antecede, se concluye la inaplicabilidad de los citados criterios que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley respecto del acto y autoridades señaladas. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos, el escrito del autorizado de la parte quejosa, visto su contenido, dígasele que mediante proveído del diecinueve de noviembre de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó notificar a las autoridades responsable dicho auto.
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