(PROMOVENTE) David Abraham López Lucas y Otros.
Expediente 404/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2023
Partes del expediente
- 1.- Abanoub Bassem Issa Naguib
- (PROMOVENTE) David Abraham López Lucas y Otros.
- (PROMOVENTE) David Abraham López Lucas
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, a pesar de haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "no relevancia documental" y "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual manera, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, téngasele autorizando para oír y recibir notificaciones en su nombre a las personas que menciona y señalando como domicilio para tales efectos el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada de los oficios ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, de los cuales se advierte que los directamente agraviados 1.-********************o********************; 2.-********************o********************; 3.-********************; 4.-********************; 5.-********************; 6.-********************o********************; 7.-********************o********************; y, 8.-********************o********************, obtuvieron su liberación de la estación migratoria de esta ciudad, el ocho de abril de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro orden, tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda, los aquí quejosos señalaron como actos reclamados en el presente juicio, los siguientes: "1.- La Privación de la libertad; 2.- Incomunicación; 3.- Traslado a diversa entidad federativa; 4.- Deportación o Expulsión; 5.- Fijación de Garantía económica." Y toda vez que del oficio y anexos que remite la autoridad responsable, resulta evidente que desde el ocho de abril de dos mil veintitrés, los aquí quejosos quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; ya que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que al oficio de cuenta se adjuntó copia certificada de los oficios ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, de fecha ocho de abril de dos mil veintitrés; es decir, en la misma fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (ocho de abril de dos mil veintitrés), las autoridades señaladas como responsables otorgaron la liberación a los directos quejosos de la estación migratoria. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la constancia actuarial de cuenta, se advierte que los directos quejosos 1.-********************; 2.-********************; 3.-********************; 4.-********************; 5.-********************; 6.-********************; 7.-********************; y, 8.-********************, ratificaron la demanda promovida en su favor por ********************. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueve ******************** Agustín Padilla Bustos, en favor de 1.-********************; 2.-********************; 3.-********************; 4.-********************; 5.-********************; 6.-********************; 7.-********************; y, 8.-********************, contra actos del Encargado de Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, y subalternos. Incidente de suspensión. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que en acuerdo de ocho de abril de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deba notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, a favor de **********, sin firma electrónica ni evidencia criptográfica del promovente, contra actos del Encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número **********. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: 1.- La Privación de la libertad; 2.- Incomunicación: 3.- Traslado a diversa Entidad Federativa; 4.- Deportación o Expulsión; y, 5.- Fijación de garantía económica; Por tanto, se dará el trámite correspondiente a la referida demanda al encontrarse los actos que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto los directos quejosos **********, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los directos agraviados con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de los directos accionantes, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a **********, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de los agraviados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los agraviados **********, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a la autoridad responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los quejosos. 4. De igual manera, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) la autoridad responsable, determina que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los agraviados **********, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LOS QUEJOSOS ESTÉN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a los quejosos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a la autoridad responsable que la seguridad y custodia de los directos agraviados quedan bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados dentro de un procedimiento migratorio, tomando en consideración que del ocurso de demanda de manera indiciaria se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, aunado a que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a favor de **********, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad. En el entendido que las medidas establecidas para tal efecto en el artículo 102 de la Ley de Migración, quedan bajo su más estricta responsabilidad. Garantía. De igual manera, se conmina a la autoridad responsable migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directos quejosos, no exceda de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, el impetrante puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlo de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor del quejoso y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de los quejosos - por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." 7.1 Luego, en el supuesto de que los directos quejosos se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que la quejosa al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados **********, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si los quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiado cuenta con algún documento que le permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente los directos quejosos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberán ser puestos en libertad. Por tanto hágase del conocimiento a la autoridad responsable que deberá informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tienen **********. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los agraviados; y, - - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberá permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de ésta, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. De igual manera se les hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicada la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directos agraviados **********, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en la Estación Migratoria de esta ciudad. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacer saber al agraviado lo siguiente: 1. Requerir a los agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan en términos amplios a **********. 2. Hacerles del conocimiento a los agraviados que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista antes mencionado, tienen el derecho de designar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágase saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. 4. De igual forma, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días legalmente computados señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, o bien, precisen si desean que las notificaciones se les realicen vía electrónica, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para que en el caso de que los directos quejosos no hablen ni entiendan el idioma español (toda vez que de la lectura de la demanda se obtiene que los directos quejosos son de nacionalidad egipcia) solicite al personal de la Estancia Migratoria en la que se encuentra alojado, por conducto del traductor que designe la autoridad migratoria, se realice la encomienda planteada en el presente proveído. Lo que se hace del conocimiento a la autoridad responsable para que realice las gestiones necesarias para que de manera inmediata se pueda efectuar la aludida diligencia. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad señalada como responsable de esta ciudad, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que, en caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de **********, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable cumpla en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Asimismo, se encomienda al Actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de la autoridad responsable no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda por virtud de que el directo quejoso haya obtenido libertad, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le proporcione la información correspondiente al ingreso y salida que en su caso tengan en su base de datos respecto al buscado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Notificación electrónica al promovente. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, como se solicitó en el escrito de demanda, se ordena la notificación del presente proveído y las subsecuentes actuaciones vía electrónica al usuario "**********" en el entendido de que la parte promovente queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en este órgano jurisdiccional y al acuario judicial a fin de que lleven a cabo lo correspondiente a sus funciones, en relación con el usuario citado. Notificación a las autoridades responsables. En otro tenor, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd iccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/20, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a los directos agraviados **********. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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