(Promovente) Alejandro Guzmán Muro

Expediente 1056/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1056/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Felipe Venancio de Souza
  • Ana Luiza Aparecida Santos
  • (Promovente) Alejandro Guzmán Muro

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte promovente no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de trece de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, 13/09/24 15:32:28 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5d.60 LIDIA MEDRANO MEZA 2 resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, no obstante de haberse desechado, es clasificado como conservable, tomando en consideración que se decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos; lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1 , así como con el décimo considerando2 y el artículo noveno transitorio3 , ambos del citado Acuerdo General en vigor, los cuales establecen respectivamente que, al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables, y lo dispuesto en el Manual vigente será aplicable, hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, en atención a su contenido, téngase a dicha autoridad adjuntando copia certificada de los oficios de salida ********************, ********************, ********************, de los directos quejosos 1) ********************2)********************y 3)********************, respectivamente, por los motivos ahí expuestos, de uno de septiembre del año en curso. En tal virtud, tomando en consideración que el uno de septiembre del año en curso, los aquí quejosos fueron puestos en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados; se provee lo conducente, en relación a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en esencia en la: ( Deportación a su país de origen. ( Traslado a diversa estación migratoria. ( La detención. ( La incomunicación En ese sentido, tomando en consideración que la autoridad responsable emitió los oficios de salida de los que se desprende que los aquí quejosos quedaron en libertad; por tanto, es evidente que ante ello, han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esa tesitura, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama los quejosos han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los quejosos 1) ********************2)********************y 3)********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4,tentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; comuníquese lo anterior a las partes, hágase las anotaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Carlos

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que los directamente agraviados ********************, no están alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad; asimismo, que la fedataria al realizar una búsqueda en la base de datos de ingresos y egresos, fue informada que aquéllos ingresaron a dicha estación en la madrugada del treinta y uno de agosto del año en curso, y egresaron el uno de septiembre de dos mil veintitrés, aproximadamente a las doce horas. En consecuencia, a efecto de seguir agotando los medios para la localización de los directos agraviados, con fundamento en los artículos 28, fracción III, 15 y 160, de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración , con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas días, legalmente computado, remita copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio relacionado con los directos agraviados, además a fin de que informe si en sus bases de datos o archivos, cuenta con registro de ingreso y egreso de éstos, el domicilio, en su caso, lugar en el que se encuentran alojados y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlos, lograr la comparecencia en este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de agosto del año en curso, donde se les requirió a efecto de que manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Se apercibe a dicha autoridad, que de no informar lo anterior, o bien, omitir informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que los directamente agraviados Leomilda Elza Schafer, Ana Luiza Aparecida Santos y Felipe Venancio de Souza, no están alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad; asimismo, fue informada que al realizar una búsqueda en la base de datos de ingresos y egresos, no encontró registro de los nombrados, por lo que procedió a vocearlos sin obtener respuesta favorable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Alejandro Guzmán Muro, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, informe si conoce el lugar en el que puede ser localizado el directo agraviado, o bien, lo presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado para que ratifique o no la demanda promovida a su favor. Asimismo, se le requiere para que bajo formal protesta de decir verdad, manifieste si los directos agraviados obtuvieron oficio de salida; y en caso de ser así, informe si es de su interés continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Con independencia de lo anterior y efecto de seguir agotando los medios para la localización de los directos agraviados, con fundamento en los artículos 28, fracción III, 15 y 160, de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, informe si en sus bases de datos o archivos, cuenta con registro de retención de los agraviados Leomilda Elza Schafer, Ana Luiza Aparecida Santos y Felipe Venancio de Souza, el domicilio, lugar en el que se encuentran alojados y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlos, lograr la comparecencia en este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de agosto del año en curso, donde se les requirió a efecto de que manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Se apercibe a dicha autoridad, que de no informar lo anterior, o bien, omitir informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259, ambos de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente al promovente.

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