Profecta Bernardina Reyes Cruz

Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Profecta Bernardina Reyes Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa (única parte a quien puede afectar el sobreseimiento) interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere realizado en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción I, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto * * * * * *, que promovió * * * * * * * * o * * * * * * * * * * por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, por * * * * * * * * apoderado legal de * * * * * * * * o * * * * * * * * * solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, que hizo consistir en: La falta de acuerdo al escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral * * * * * * de su índice. Acto que estimó violatorio de los artículos1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo quedando registrada en el libro de gobierno con el número 604/2023; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se citó a las partes para la audiencia constitucional que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues se promueve contra un acto de naturaleza laboral, de los que conoce este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de presentación de la demanda. Atendiendo al acto reclamado, se estima que la demanda de amparo, se encuentra promovida dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la violación al diverso artículo 17 Constitucional, puede combatirse en cualquier tiempo; como así lo ilustra la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 332, tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1992, correspondiente a la Octava Época, con el rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." TERCERO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: La falta de acuerdo al escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 264/2017 de su índice. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, hicieron manifestaciones que evidencian la certeza del acto; en esas circunstancias, se desvirtúa tal negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. Resultan aplicables las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La parte quejosa se duele en esencia, de la falta de acuerdo al escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 264/2017 de su índice. Sin embargo, de las constancias que remitió las autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, las que tienen valor probatorio pleno que le otorgan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se advierte que en el caso a estudio se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que supera al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable el cinco de julio de dos mil veintitrés, dio contestación a la petición realizada por la parte quejosa * * * * * * apoderado legal de * * * * * * o * * * * * * * * * * * la cual hizo del conocimiento al día siguiente * * * * * * Luego, si bien es cierto que, en la fecha de presentación de la demanda (veintidós de junio de dos mil veintitrés), la autoridad responsable, no había emitido la respuesta respectiva, cuya omisión reclamó la parte quejosa; también lo es, que al emitir la respuesta respectiva el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que dio contestación al escrito de la parte quejosa, determinación que le fue notificada el seis siguiente, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, es evidente que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Por lo que, al cesar los efectos de dichas omisiones, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si dicha omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3750, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley." Asimismo, sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo el tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3750, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley." SEXTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Raúl Arturo García San Pedro, apoderado legal de Profecta Bernardina Reyez Cruz o Profecta Bernard********************. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los cuales rinde informe justificado. Con el contenido de los informes y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad citada en primer término, ofreciendo como prueba documental de su parte, copias certificadas de diversas actuaciones deducidas del expediente laboral * * * * * * * que acompañó a su informe justificado, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. Finalmente, se le tiene por hecha su manifestación en el sentido de que no le es posible proporcionar un correo electrónico para recibir notificaciones, por las razones que aduce. En esas circunstancias, a fin de respetar el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 29/98-PL del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la República, visible en la página 5, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril del 2000, Pleno y Salas, Novena Época, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS". Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por lista electrónica a las demás partes.

  4. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los cuales rinde informe justificado. Con el contenido de los informes y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad citada en primer término, ofreciendo como prueba documental de su parte, copias certificadas de diversas actuaciones deducidas del expediente laboral * * * * * * * que acompañó a su informe justificado, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. Finalmente, se le tiene por hecha su manifestación en el sentido de que no le es posible proporcionar un correo electrónico para recibir notificaciones, por las razones que aduce. En esas circunstancias, a fin de respetar el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 29/98-PL del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la República, visible en la página 5, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril del 2000, Pleno y Salas, Novena Época, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS". Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por lista electrónica a las demás partes.

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