Prisiliano Hernández López y Otros.
Expediente 1074/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Prisiliano Hernández López y Otros.
- Ayuntamiento Constitucional de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por los siguientes quejosos: ****** Quienes promueven contra actos de los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Huajuapan de León, Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1074/2021. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Desechamiento parcial. En un prinicipio, es necesario establecer que los artículos 113, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, en lo conducente, disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlos por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) CONSTITUCIÓN FEDERAL. Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De tales preceptos, se desprende que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecta en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo sólo puede iniciarse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, o en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente. Sin embargo, en el caso de estudio, en la demanda de amparo se advierte que respecto de la siguiente persona: *******. Se advierte que no cuenta con firma de la persona que se identifica como promovente ni algún otro signo de manifestación de su voluntad. Por ende, se debe concluir que la demanda de amparo carece de manifestación de voluntad respecto de la persona citada como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo; de ahí que se trata de un simple papel, en que no se incorpora la voluntad de la supuesta quejosa. Sin que tal deficiencia deba ser corregida a instancia de este Juzgado mediante una prevención; esto, por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En tales condiciones, si la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales; y, en este caso, la demanda de amparo carece de firma autógrafa de la persona precisada, es inconcuso que, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, 6°, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR PARCIALMENTE la demanda de amparo por lo que hace a la quejosa: ******. Al respecto, se invoca por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208351, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Además, dadas las razones jurídicas que la fundamentan, se invoca la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2016528; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a. XXII/2018 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 862, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado." IV. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 35, 37, 105, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta, por lo que hace a los quejosos que no fueron materia del desechamiento parcial. IV. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a *****. V. Incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, con dos copias del escrito inicial de demanda, tramítese por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VI. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Es así, que se hace del conocimiento de las partes que la celebración de la audiencia constitucional señalada, así como en casos de diferimiento, podrá celebrarse vía remota. Sin embargo, con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las partes podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, cumpliendo con lo siguiente: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presente en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -cinco días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Además, se hace del conocimiento de las partes que dada la contingencia generada por el fenómeno de salud pública a causa del virus SARS-COV2 y a fin de resguardar la integridad y salud del personal y justiciables, en casos de diferimiento de la audiencia únicamente se les notificará por lista electrónica; salvo en casos específicos en los que sea legal o procesalmente necesario. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que únicamente resulta necesario notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, cuando se trate de actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. De ahí que, resulta suficiente que los diferimientos de audiencia se notifiquen en términos del artículo 29 del ordenamiento legal de la materia, toda vez que se determinan como de menor trascendencia. VII. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo establecido en los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. El informe justificado deberá ser rendido en los siguientes términos: a) Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo. b) No será procedente que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. c) Se deberá expresar si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, la autoridad federal que haya radicado el mismo. d) En términos del artículo 117, párrafo tercero, de la ley de la materia, las autoridades jurisdiccionales responsables, deberán acompañar un índice cronológico certificado, relativo al desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se apercibe a las autoridades responsables que de ser omisas en rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual también se le hará efectiva en caso de no remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por último, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que puede remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. VIII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexa a su demanda de amparo, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; en ese tenor, dado el volumen de dichas constancias, con las mismas se ordena formar el tomo anexo de prueba I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado. Asimismo, se ordena cotejar e incorporar al incidente de suspensión respectivo las documentales exhibidas, para los efectos legales procedentes; esto, observando lo dispuesto por el precepto 217 de la ley de la materia y la jurisprudencia que por contradicción de tesis sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, registro IUS163758, con el siguiente rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". IX. Correo electrónico y número telefónico. Se insta a las demás partes para que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. X. Intervención de la representante social adscrita. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le corresponde; y, atendiendo a la contingencia sanitaria en que se encuentra el país, provocada por la enfermedad Covid-19, se ordena remitirle copia de la demanda a dicha representante social a través del correo electrónico que proporcionó para ello, ya que la referida servidora pública se encuentra considerada como persona vulnerable, como así se determinó en el cuaderno de varios 1/2021. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. XII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su demanda de cuenta y como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. XIII. Notificación a las autoridades que tengan el carácter de responsables. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en este juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista de acuerdos, misma que por el momento, únicamente se realizará de manera electrónica. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XIV. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. XV. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. XVI. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. XVII. Acumulación de juicios. Por otra parte, analizada la demanda de amparo se advierte que oficiosamente procede su acumulación con el diverso juicio de amparo 1066/2021, del índice de este propio Juzgado, atendiendo a lo siguiente: Este juicio de amparo es promovido por los quejosos que se precisaron en el primer apartado de este proveído, los cuales se omite citar nuevamente, dado el gran número de promoventes. Dichos promoventes reclaman de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, el siguiente acto: ".De la Autoridad señalada como responsable reclamamos el DECRETO, por el que se emiten las siguientes ordenanzas municipales que dicen: PRIMERA.- SE ORDENA A LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PERSONAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, SOLICITAR A LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS, EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID - 19 COMO REQUISITO DE INGRESO A SU ESTABLECIMIENTO O USO DE SUS SERVICIOS. - - - - - SEGUNDO. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En caso de incumplimiento a las ordenanzas municipales, la Autoridad Municipal sancionara (sic) con clausura temporal a las personas infractoras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTA.- Se ordena al Secretario Municipal notifique esta determinación a los propietarios o representantes de los establecimientos, comercio y autoridades auxiliares para conocimiento y aplicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Decreto Municipal que inició su vigencia el 16 de agosto del año 2021, concluirá hasta que la Autoridad Municipal determine modificar o levantar las medidas, conforme a los criterios de las Autoridades Sanitarias. Este decreto fue acordado en sesión de cabildo de fecha 10 de Agosto pasado. - - - - - - - - - - - - [Lo subrayado no es de origen] Por otra parte, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de esta anualidad, los quejosos: ****** Promovieron el juicio de amparo 1066/2021, que fue radicado en este mismo Juzgado, admitiendo la demanda de amparo en proveído de treinta de septiembre de esta anualidad. En dicho juicio de amparo, los citados quejosos reclamaron de los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, el siguiente acto reclamado: ".De la Autoridad señalada como responsable reclamamos el DECRETO, por el que se emiten las siguientes ordenanzas municipales que dicen: PRIMERA.- SE ORDENA A LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PERSONAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, SOLICITAR A LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS, EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID - 19 COMO REQUISITO DE INGRESO A SU ESTABLECIMIENTO O USO DE SUS SERVICIOS. - - - - - SEGUNDO. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En caso de incumplimiento a las ordenanzas municipales, la Autoridad Municipal sancionara (sic) con clausura temporal a las personas infractoras. - - - - QUINTA.- Se ordena al Secretario Municipal notifique esta determinación a los propietarios o representantes de los establecimientos, comercio y autoridades auxiliares para conocimiento y aplicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Decreto Municipal que inició su vigencia el 16 de agosto del año 2021, concluirá hasta que la Autoridad Municipal determine modificar o levantar las medidas, conforme a los criterios de las Autoridades Sanitarias. Este decreto fue acordado en sesión de cabildo de fecha 10 de Agosto pasado. - - - - - - - - - - - - [Lo subrayado no es de origen] De lo anterior se advierte que, los juicios de amparo 1066/2021 y 1074/2020, fueron promovidos por: a) Diversos quejosos, los cuales fueron precisados en este auto. b) Reclamando en ambos juicios, un mismo acto, consistente en el Decreto Municipal acordado en sesión de Cabildo de fecha diez de agosto de esta anualidad y que inició su vigencia el dieciséis siguiente. d).- Acto que en ambos juicios, se le atribuye a los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, oficiosamente y de plano se decreta la acumulación de este juicio de amparo al 1066/2020, del índice de este propio Juzgado. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6º, transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Asimismo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 997, tomo LXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y textos siguientes: "ACUMULACION DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." Y, la tesis I.6º.C.60, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." En atención a lo anterior, remítase este asunto, tomo anexo y el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, a la Secretaría llevadora del juicio de amparo 1066/2021, para que provea lo conducente. Solicítese acuse de recibo correspondiente y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de las constancias respectivas. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Radicación. Con las copias de cuenta y como se encuentra ordenado en el juicio de amparo del que deriva esta pieza incidental, con fundamento en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese, por cuerda separada, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1074/2021, admitido por lo que hace a los siguientes quejosos: *** ¨pues respecto de la diversa quejosa: ***, se desechó la demanda. II. Requerimiento de informes previos. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se requiere su informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual, en la notificación correspondiente, se les acompañará copia de la demanda de amparo. A su vez, en el informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuya, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir su informe previo a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, previo cercioramiento de que se encuentre debidamente completo y legible, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Apercibimientos a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se harán acreedoras en lo individual, a una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción I, Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o nieguen la verdad de los hechos, se les podrá imponer pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. IV. Señalamiento de correo electrónico y domicilio de las autoridades responsables. Con la finalidad de que este Juzgado se encuentre en condiciones de impartir una justicia pronta y expedita, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de emitir su respectivo informe previo, señalen un correo electrónico, el domicilio exacto de su adscripción, número telefónico -fax- o algún medio electrónico donde pueda recibir los acuerdos que recaigan en el presente asunto. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir su informe previo a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. V. Audiencia incidental. Con apoyo en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE ESTA ANUALIDAD, para que tenga verificativo la audiencia incidental vía remota. Por ello, hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a las citadas audiencias, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar dos días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presentes en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -dos días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes de forma virtual en la audiencia incidental y se desahogará sin su asistencia. VI. Análisis de la suspensión provisional solicitada. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: "Decreto Municipal que inicio su vigencia el día 16 de agosto del año 2021, concluirá hasta que la Autoridad Municipal determine modificar o levantar las medidas, conforme a los criterios de las Autoridades Sanitarias. Este decreto fue acordado en sesión de cabildo de fecha 10 de Agosto pasado". Asimismo, los peticionarios de amparo solicita la medida cautelar, para los efectos siguientes: "para que se ordene a la responsable suspenda la aplicación del decreto." Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito, desentrañando los requisitos para conceder la suspensión, en los siguientes: Expresamente la solicite la parte quejosa. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. La parte quejosa acredite tener interés suspensional. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en los artículos 128, fracción II, y 129 de la citada ley. Análisis ponderado en el caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materia común, registro 2011614, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Establecido lo anterior, se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1. Solicitud expresa de la parte quejosa. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar en el capítulo de suspensión. 2. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. La existencia de los actos reclamados la manifiestan los quejosos bajo protesta de decir verdad; por tanto, se tienen por ciertos los actos que reclaman. 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. En la especie, el acto reclamado consistente en el Decreto por el que se emiten ordenanzas municipales dirigidas a los propietarios de comercios, operadores de transporte público y personal de edificios públicos, establecidos en el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, solicitar a la población mayor de dieciocho años, el certificado de vacunación, contra la covid-19, como requisito de ingreso a su establecimiento o uso de sus servicios, y en caso de incumplimiento, se les sancionará con clausura temporal, y por ende, sus efectos son susceptibles de ser suspendidos, a fin de no ejecutar dicha orden en su perjuicio. 4. La parte quejosa acredite tener interés suspensional. De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación de los inconformes frente al orden jurídico, en relación con las autorizaciones y facultades de vigilancia que se tildan de irregulares. Ahora, la parte quejosa con el propósito de acreditar su interés suspensional acompañó copias simples de las credenciales de elector, expedidas por el Instituto Nacional Electoral. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, las cuales adminiculadas con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la parte quejosa, así como con el Instrumento veinticinco mil quinientos setenta y uno volumen cuatrocientos veinticinco de Notario Público número ochenta y dos de Huajuapan de León, Oaxaca que contiene siete placas fotográficas de las que crean convicción para determinar que éstos cuentan con interés suspensional para solicitar la medida cautelar, pues se advierte que los actos reclamados trascienden a la esfera de derechos cuya titularidad demuestran indiciariamente, al acreditar que son residentes del municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, con los domicilios que contienen dichas credenciales, a excepción de: 1.- *** Por no acreditar su residencia en el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, máxime que no se advierte alguna manifestación o constancias de que tengan sus residencia o desarrollo de actividades esenciales en el municipio mencionado. 5. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. A su vez, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, corresponde al Juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que en términos generales la concesión de la medida cautelar no generan una afectación al orden público e interés social, puesto que la medida cautelar sería para el efecto de que se permita a la parte quejosa el ingreso a los lugares públicos de carácter esencial. En efecto, no se desconoce que la orden reclamada persigue la finalidad de detener en lo posible el número de casos positivos de Covid-19, y para auxiliar en la campaña de vacunación para que toda la población se la aplique; ello, como parte de un esfuerzo que se ejecuta en los tres niveles de gobierno, por lo que en términos generales resultaría aplicable el supuesto previsto en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en ejercicio da la facultad otorgada en el último párrafo del citado numeral, este órgano de control constitucional estima que de no concederse la medida cautelar se causaría mayor afectación al justiciable que al interés social, como se abordará en el siguiente punto. 6. Análisis ponderado en el caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, se debe ponderar la apariencia del buen derecho, con el perjuicio al interés social o al orden público que se ocasionaría con su concesión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 2009, registro 165659, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Esto es, a fin de conceder la suspensión de los actos reclamados, una vez satisfechos el resto de los requisitos legales, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa. Para atender a ello, se reitera, bajo el estándar de análisis de la apariencia del buen derecho se realiza el escrutinio provisional y superficial del acto reclamado en función de su proporcionalidad conforme a la metodología que establece la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo. 7. Fin constitucionalmente válido. En el caso, el fin que el acto reclamado persigue proteger la salud pública. Lo cual es un fin válido, conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, pretende contribuir a la campaña de vacunación contra la Covid-19, en apoyo a los esfuerzos Federales, Estatales y municipales. 8. Idoneidad. Como paréntesis, es indispensable acotar que el tópico de la pandemia por cuanto a su origen y evolución mundial ha sido objeto de múltiples publicaciones y estudios de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud -PAHO, por sus siglas en inglés-, por lo que no amerita mayor pronunciamiento de trascendencia para la presente resolución. En el contexto nacional actual, después de transitar del resguardo domiciliario al esquema de semáforos por regiones para la reapertura de las actividades sociales y comerciales, así como la metodología para contemplar a las personas vulnerables, el veintiséis de julio del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19". Dicho instrumento abrogó el Anexo "Semáforo por Regiones" del "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", publicado el catorce de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. En su lugar se emitió la nueva metodología y en el artículo segundo de dicho Acuerdo, se estableció que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. En conclusión, a la fecha continúa el sistema de semáforos establecido por la Secretaría de Salud Federal, pero, con una nueva metodología para la consideración de personas vulnerables atendiendo a la campaña de vacunación implementada a nivel nacional en el país. Por consecuencia, previsiblemente se tiene que la medida es en sí misma eficaz, por lo tanto, previsiblemente pudiese resultar idónea para contribuir a la detención de la propagación del virus que provoca la enfermedad Covid-19. 9. Necesidad. Previsiblemente se satisface este requisito, toda vez que, de acuerdo con la información oficial, la Covid-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas; además, existe un elevado número de contagios oficialmente reportados en el país y en Oaxaca, confirmados con pruebas clínicas, sin negar que seguramente habrá otra cantidad de personas contagiadas sin prueba que lo corrobore -sin mencionar casos asintomáticos-. En congruencia con lo anterior, se tiene que el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", mediante el cual se informó que sería a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx, que se podrían conocer las acciones concretas que se ejecutarían con la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a efecto de garantizar a la población mexicana vacunas con un perfil correcto de seguridad y eficacia. Además, en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se publicó el "Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional", con el objetivo de hacer frente de una manera efectiva a la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, mediante una estrategia de vacunación universal. De ello se concluye que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y la correspondiente estrategia, han contribuido a que millones de personas hayan sido inmunizadas y, por ende, no se encuentren dentro de la población en riesgo de agravarse o fallecer por contraer dicha enfermedad, lo que ha permitido a la población retomar diversas actividades en beneficio del país. Es así, pues la evidencia oficial publicada por la Secretaría de Salud sugiere que el avance en la Política Nacional de Vacunación ha modificado la distribución por edades de los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones relacionadas con la COVID-19; por lo que, ante la nueva realidad demográfica y epidémica en el país, se actualizaron los parámetros de medición del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico, en los términos planteados en el punto anterior. En este punto, es indispensable destacar que la vacuna no es la única medida, pues aún subsisten las que previamente se habían decretado, tales como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, y el lavado frecuente de manos; por ende, podría argumentarse que la prohibición a determinados lugares a las personas que no se encuentren vacunadas, no es un factor preponderante para evitar la propagación del virus. Pero, frente a ello se conocen datos específicos de que la vacuna, por lo general, evita afectaciones graves. Por su parte, de acuerdo con la información oficial publicada por la Secretaría de Salud en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress, la vacuna es trascendente porque ayuda a salvar vidas, interrumpir la transmisión del virus o disminuir la expansión de la pandemia, así como los efectos indirectos sobre el funcionamiento de los servicios esenciales en la sociedad. En suma, una persona vacunada se protege a sí misma y a los demás, porque es más factible que no transmita el virus, de ahí que, para efectos suspensionales, la medida reclamada contribuye al interés general de la sociedad, relativo a la disminución de la propagación del virus. De ahí que, como se anticipó, se satisface este requisito. 9. Proporcionalidad en sentido estricto. Sin embargo, este grado del test de proporcionalidad, analizado bajo el estándar que permite la apariencia del buen derecho, no es superado por la medida que se reclama. En efecto, si bien existe un interés en la sociedad en que sus integrantes se apliquen la vacuna correspondiente, tal imperativo debe observar los requisitos legales esenciales, esto es, emitirse por autoridad competente, mediante la emisión de un acto por escrito debidamente fundado y motivado. Así, la orden de prohibir el acceso de los gobernados no vacunados a todos los lugares públicos constituye un acto de molestia, pues conlleva la obligación de inmunizarse con los riesgos que ello conlleva, como son los efectos secundarios y reacciones adversas que pudieran sufrir, de tal manera que no obstante persigue una finalidad legitima, la autoridad debe satisfacer los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar actuar de manera arbitraria. Máxime que en México, no se ha determinado que la aplicación de la vacuna sea obligatoria para los ciudadanos, sino se deja en ellos la potestad de hacerlo o no; por lo que se puede anticipar que bajo el estándar de análisis superficial que permite la apariencia del buen derecho, conforme al numeral 147 de la Ley de Amparo, la medida resulta desproporcional al impedir el acceso a cualquier lugar a las personas que no tengan certificado de vacunación, lo que incluye, desde luego, aquellos establecimientos destinados a satisfactores básicos como alimento, vestido, servicios, hospitales, farmacias, etcétera. Lo que, en un análisis superficial de la medida, genera una desproporción en sentido estricto, entre el grado de realización del fin perseguido frente a la afectación provocada al derecho fundamental por la medida impugnada, en los que se encuentran, el tránsito, la salud y la dignidad, como base de todos ellos, pues como se dijo, restringir de manera total el acceso a ciertas personas a cualquier lugar, limita incluso el acceso a los satisfactores básicos y ante ello, no existe fundamento legal, menos constitucional. Aunado a ello, debe considerarse la disponibilidad y acceso a las vacunas, pues resulta un hecho notorio que la inmunización únicamente se realiza por parte del gobierno, mediante campañas de vacunación que tienen un número insuficiente para abarcar a la totalidad de la población, por lo que se impone un obstáculo a su acceso no atribuible al justiciable. 10. Concesión de la medida de suspensión. Consecuentemente, se CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se ejecuten las consecuencias jurídicas de la orden reclamada respecto de los quejosos, que han quedado citados en líneas que anteceden, con excepción de: 1.- ** Así como de la diversa quejosa: 10.- ***, pues respecto de ella, se desechó la demanda, por carecer de su firma. Esto es, no se les prohíba el acceso por no contar con su certificado de vacunación contra la Covid-19, única y exclusivamente a aquellos lugares destinados a satisfacer bienes esenciales y básicos tales como de alimento -incluidos restaurantes-, vestido, educación, vivienda, servicios públicos -agua, luz, teléfono, registro civil, registro público-, hospitales, farmacias, parques ventilados; y, en general, los satisfactores de los derechos contemplados en el artículo 4° constitucional. Efecto el anterior que no implica que se permita a la parte quejosa dejar de observar las demás medidas de sanidad decretadas por la Secretaría de Salud, para evitar la propagación del virus, tales como las ya conocidas uso de cubrebocas, gel antibacterial, uso de tapetes sanitizantes y el lavado frecuente de manos, entre otras. Medida que surte efectos hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, y decretada con la finalidad de mantener viva la materia del juicio, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo además, tutelar de provisionalmente el derecho fundamental reconocido en el artículo 4° constitucional. 11. Límites de la concesión. En cambio, no surtirá efectos la medida suspensional decretada, para el caso de que la parte quejosa pretenda acceder a aquellos lugares de ocio y esparcimiento social - aquellos de los no contemplados en el punto anterior; por ejemplo: recintos para eventos deportivos profesionales o no, cines, salas de teatro, establecimientos de comercio de artículos no indispensables, salones de fiestas; en general, todo lugar donde no se vendan o presten servicios de primera necesidad-, en tanto que sobre de ellos sí se estima proporcional en sentido estricto, la medida dictada por el Presidente Municipal de Huajuapán de León, Oaxaca. Es así, ya que no se refiere a lugares que tiendan a satisfacer un bien básico o elemental sin el cual no se pueda subsistir, sino más bien no indispensables o accesorios, como lo serían aquellos de ocio o esparcimiento social, o en general, lugares en donde el satisfactor no sea un derecho intrínseco a la dignidad humana o de los reconocidos en el artículo 4° constitucional. De ahí que, sobre estas excepciones el interés individual basado en las convicciones personales de no vacunarse, no puede estar por encima del interés social, al menos no para conseguir una medida suspensional como la que se pretende por cuanto a los lugares en comento, porque frente a ello se encuentra el interés de ésta en que se implementen todas aquellas acciones que tiendan a interrumpir la propagación del virus, por ende, a minimizar el riesgo de daños a la salud pública. Es decir, mientras no se trate de satisfactores básicos o fundamentales, es primero el interés social antes que el beneficio o decisión personal, toda vez que el otorgamiento de la suspensión afectaría un valor de mayor jerarquía que el interés individual de la parte quejosa, dado que, como se ha dicho, se impediría la ejecución eficiente de las medidas sanitarias que tienen por objeto la prevalencia del derecho a la salud frente a una pandemia. Por ello es que se implementan los referidos límites a la materia de la suspensión. Máxime que conforme a lo expuesto en la demanda, no se advierte que para la parte quejosa sea indispensable el concurrir a tales lugares, o que por necesidad de subsistencia lo pueda orillar a desacatar la medidas de regulación y restricción reclamada, por cuanto a los lugares que no sean esencialmente satisfactores de medios de subsistencia básicos. Es orientadora por analogía, la tesis Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO 127/2020, EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE UN HORARIO DE RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD, ASÍ COMO EL CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA, A FIN DE COMBATIR EL VIRUS SARS- CoV2, QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD COVID-19, SI EL QUEJOSO NO APORTA DATOS SOBRE SU SITUACIÓN PARTICULAR QUE HICIERAN DESPROPORCIONALES LAS MEDIDAS SEÑALADAS, CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE ANALIZARÁ EN EL JUICIO PRINCIPAL" Por último, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, procurando una mayor efectividad a la medida cautelar decretada, se hace del conocimiento a los propietarios de comercios, operadores de transporte público y personal de edificios públicos, a quienes las autoridades responsables impusieron la obligación de exigir a los asistentes la presentación de un certificado o comprobante de vacunación, que quedan constreñidos a cumplir con la presente determinación judicial que concede la suspensión del acto reclamado en favor de la parte quejosa, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá en términos de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, que prevén y sancionan, respectivamente, el delito de violación a la suspensión, pues el primero de los numerales citados dispone que: "la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el código penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito que incurra". VII. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a ***. VIII. Domicilio y autorizados. Téngase, como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que menciona en su demanda de cuenta; y, como autorizados de conformidad con lo que establece la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. IX. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales en este juicio, las que la parte quejosa que acompañó a su demanda de amparo; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Con las mismas, fórmese el tomo anexo I de prueba, relativo a este incidente. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo invocada se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos XI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. XII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
(notificación por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por los siguientes quejosos: ****** Quienes promueven contra actos de los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Huajuapan de León, Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1074/2021. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Desechamiento parcial. En un prinicipio, es necesario establecer que los artículos 113, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, en lo conducente, disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlos por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) CONSTITUCIÓN FEDERAL. Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De tales preceptos, se desprende que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecta en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo sólo puede iniciarse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, o en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente. Sin embargo, en el caso de estudio, en la demanda de amparo se advierte que respecto de la siguiente persona: *******. Se advierte que no cuenta con firma de la persona que se identifica como promovente ni algún otro signo de manifestación de su voluntad. Por ende, se debe concluir que la demanda de amparo carece de manifestación de voluntad respecto de la persona citada como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo; de ahí que se trata de un simple papel, en que no se incorpora la voluntad de la supuesta quejosa. Sin que tal deficiencia deba ser corregida a instancia de este Juzgado mediante una prevención; esto, por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En tales condiciones, si la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales; y, en este caso, la demanda de amparo carece de firma autógrafa de la persona precisada, es inconcuso que, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, 6°, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR PARCIALMENTE la demanda de amparo por lo que hace a la quejosa: ******. Al respecto, se invoca por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208351, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Además, dadas las razones jurídicas que la fundamentan, se invoca la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2016528; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a. XXII/2018 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 862, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado." IV. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 35, 37, 105, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta, por lo que hace a los quejosos que no fueron materia del desechamiento parcial. IV. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a *****. V. Incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, con dos copias del escrito inicial de demanda, tramítese por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VI. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Es así, que se hace del conocimiento de las partes que la celebración de la audiencia constitucional señalada, así como en casos de diferimiento, podrá celebrarse vía remota. Sin embargo, con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las partes podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, cumpliendo con lo siguiente: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presente en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -cinco días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Además, se hace del conocimiento de las partes que dada la contingencia generada por el fenómeno de salud pública a causa del virus SARS-COV2 y a fin de resguardar la integridad y salud del personal y justiciables, en casos de diferimiento de la audiencia únicamente se les notificará por lista electrónica; salvo en casos específicos en los que sea legal o procesalmente necesario. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que únicamente resulta necesario notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, cuando se trate de actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. De ahí que, resulta suficiente que los diferimientos de audiencia se notifiquen en términos del artículo 29 del ordenamiento legal de la materia, toda vez que se determinan como de menor trascendencia. VII. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo establecido en los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. El informe justificado deberá ser rendido en los siguientes términos: a) Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo. b) No será procedente que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. c) Se deberá expresar si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, la autoridad federal que haya radicado el mismo. d) En términos del artículo 117, párrafo tercero, de la ley de la materia, las autoridades jurisdiccionales responsables, deberán acompañar un índice cronológico certificado, relativo al desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se apercibe a las autoridades responsables que de ser omisas en rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual también se le hará efectiva en caso de no remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por último, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que puede remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 5023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. VIII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexa a su demanda de amparo, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; en ese tenor, dado el volumen de dichas constancias, con las mismas se ordena formar el tomo anexo de prueba I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado. Asimismo, se ordena cotejar e incorporar al incidente de suspensión respectivo las documentales exhibidas, para los efectos legales procedentes; esto, observando lo dispuesto por el precepto 217 de la ley de la materia y la jurisprudencia que por contradicción de tesis sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, registro IUS163758, con el siguiente rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". IX. Correo electrónico y número telefónico. Se insta a las demás partes para que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. X. Intervención de la representante social adscrita. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le corresponde; y, atendiendo a la contingencia sanitaria en que se encuentra el país, provocada por la enfermedad Covid-19, se ordena remitirle copia de la demanda a dicha representante social a través del correo electrónico que proporcionó para ello, ya que la referida servidora pública se encuentra considerada como persona vulnerable, como así se determinó en el cuaderno de varios 1/2021. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. XII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su demanda de cuenta y como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. XIII. Notificación a las autoridades que tengan el carácter de responsables. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en este juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista de acuerdos, misma que por el momento, únicamente se realizará de manera electrónica. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XIV. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. XV. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. XVI. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. XVII. Acumulación de juicios. Por otra parte, analizada la demanda de amparo se advierte que oficiosamente procede su acumulación con el diverso juicio de amparo 1066/2021, del índice de este propio Juzgado, atendiendo a lo siguiente: Este juicio de amparo es promovido por los quejosos que se precisaron en el primer apartado de este proveído, los cuales se omite citar nuevamente, dado el gran número de promoventes. Dichos promoventes reclaman de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, el siguiente acto: ".De la Autoridad señalada como responsable reclamamos el DECRETO, por el que se emiten las siguientes ordenanzas municipales que dicen: PRIMERA.- SE ORDENA A LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PERSONAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, SOLICITAR A LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS, EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID - 19 COMO REQUISITO DE INGRESO A SU ESTABLECIMIENTO O USO DE SUS SERVICIOS. - - - - - SEGUNDO. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En caso de incumplimiento a las ordenanzas municipales, la Autoridad Municipal sancionara (sic) con clausura temporal a las personas infractoras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTA.- Se ordena al Secretario Municipal notifique esta determinación a los propietarios o representantes de los establecimientos, comercio y autoridades auxiliares para conocimiento y aplicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Decreto Municipal que inició su vigencia el 16 de agosto del año 2021, concluirá hasta que la Autoridad Municipal determine modificar o levantar las medidas, conforme a los criterios de las Autoridades Sanitarias. Este decreto fue acordado en sesión de cabildo de fecha 10 de Agosto pasado. - - - - - - - - - - - - [Lo subrayado no es de origen] Por otra parte, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de esta anualidad, los quejosos: ****** Promovieron el juicio de amparo 1066/2021, que fue radicado en este mismo Juzgado, admitiendo la demanda de amparo en proveído de treinta de septiembre de esta anualidad. En dicho juicio de amparo, los citados quejosos reclamaron de los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, el siguiente acto reclamado: ".De la Autoridad señalada como responsable reclamamos el DECRETO, por el que se emiten las siguientes ordenanzas municipales que dicen: PRIMERA.- SE ORDENA A LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PERSONAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, SOLICITAR A LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS, EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID - 19 COMO REQUISITO DE INGRESO A SU ESTABLECIMIENTO O USO DE SUS SERVICIOS. - - - - - SEGUNDO. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En caso de incumplimiento a las ordenanzas municipales, la Autoridad Municipal sancionara (sic) con clausura temporal a las personas infractoras. - - - - QUINTA.- Se ordena al Secretario Municipal notifique esta determinación a los propietarios o representantes de los establecimientos, comercio y autoridades auxiliares para conocimiento y aplicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Decreto Municipal que inició su vigencia el 16 de agosto del año 2021, concluirá hasta que la Autoridad Municipal determine modificar o levantar las medidas, conforme a los criterios de las Autoridades Sanitarias. Este decreto fue acordado en sesión de cabildo de fecha 10 de Agosto pasado. - - - - - - - - - - - - [Lo subrayado no es de origen] De lo anterior se advierte que, los juicios de amparo 1066/2021 y 1074/2020, fueron promovidos por: a) Diversos quejosos, los cuales fueron precisados en este auto. b) Reclamando en ambos juicios, un mismo acto, consistente en el Decreto Municipal acordado en sesión de Cabildo de fecha diez de agosto de esta anualidad y que inició su vigencia el dieciséis siguiente. d).- Acto que en ambos juicios, se le atribuye a los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, oficiosamente y de plano se decreta la acumulación de este juicio de amparo al 1066/2020, del índice de este propio Juzgado. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6º, transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Asimismo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 997, tomo LXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y textos siguientes: "ACUMULACION DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." Y, la tesis I.6º.C.60, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." En atención a lo anterior, remítase este asunto, tomo anexo y el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, a la Secretaría llevadora del juicio de amparo 1066/2021, para que provea lo conducente. Solicítese acuse de recibo correspondiente y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de las constancias respectivas. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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