Productos de Consumo Z
Expediente 2416/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2416/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Productos de Consumo Z
- Lic. Leticia Echeverria Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 183, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 3 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Finalmente, toda vez que se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado, se encuentran guardado el billete de depósito N 852036, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió Dhalila López Palomeque, representante Legal de la parte quejosa, para garantizar la suspensión provisional concedida en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, se deja a disposición de la parte quejosa el citado billete de depósito. Apercibido que si después de transcurrido el término de dos años, contado a partir de la legal notificación de esta resolución, no acude a recogerlo, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con veinte minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en razón al segundo período vacacional que comprende del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno al dos de enero de dos mil veintidós, aprobado mediante oficio CCJ/ST/5318/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la citada comisión a la titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha, asistido por el licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la continuación de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 2416/2019, promovido por la empresa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Dhalila López Palomeque, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en esta ciudad y de otras autoridades, la cual fue suspendida el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; sin la comparecencia de las partes o quien legalmente las represente. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, en donde se tienen por admitidas y desahogadas las documentales allegadas por las partes. Por otra parte, se hace constar, en la audiencia suspendida de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se aperturó el incidente de objeción de falsedad de firma, promovido por la parte tercera interesada, por lo que se tuvo por ofrecida la prueba pericial en materias de caligrafía, grafoscopía y grafometría, y por designada a la licenciada Marycruz Ortiz Escobar (perito en materia de caligrafía, grafoscopia y grafometria documentocopica), sin embargo la misma no se realizó por causas imputables a la parte quejosa. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos; el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no haber promoción pendiente por acordar, ni prueba por desahogar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada esta audiencia constitucional, y se pasa a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2416/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, Dhalila López Palomeque en su carácter de representante legal de Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades: De la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad: La falta o indebido emplazamiento, todas las actuaciones, el laudo dictado en el juicio laboral J/O/309/2017, así como la ejecución del laudo dictado en el expediente E/L/53/2019, el embargo de la cuenta bancaria de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y la entrega de los bienes. De los Actuarios adscritos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. La falta o indebido emplazamiento al juicio laboral J/O/309/2017, la falta de notificación de todas las actuaciones dentro de dicho juicio y el embargo de la cuenta bancaria de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. De la misma, correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de Distrito. SEGUNDO. En auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 43 a 46). TERCERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el trece de diciembre de dos mil diecinueve José Feliciano López Gómez, se apersono al presente juicio en su carácter de tercero interesado, y promovió incidente de falta de personalidad de la parte quejosa (fojas 49 a 63); en veintitrés de enero de dos mil veinte, se declaró infundado el incidente de falta de personalidad (fojas 90 a 92). Inconforme el autorizado de la parte tercero interesada promovió recurso de queja (foja 102 a 104); el cual fue declarado infundado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CUARTO. En dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se trajo a la vista el escrito de la parte tercero interesada de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la que objetó de apócrifa la signatura estampada en la demanda de amparo (por el representante de la quejosa), y para demostrarlo interpuso la incidencia respectiva; por lo que en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspendió la audiencia constitucional, y se fijó fecha para la reanudación de la misma y se otorgó el plazo de tres días para que las parte ofrecieran pruebas; en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se giró oficio a la Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Costa, en esta ciudad, para que designara perito en caligráfica, grafoscopica y grafométrica, documentocopica, para efecto de determinar la autenticidad de la firma que aparece estampada en el original de la demanda de amparo promovida por Dhalila López Palomeque, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad anónima de Capital Variable. QUINTO. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se señaló que ninguno de los sujetos procesales ofreció perito de su parte, por lo que se tuvo por precluído su derecho de adicionar el interrogatorio ofrecido por la actora incidentista, y se les tuvo por conformes con el contenido del peritaje que emitiera la perito designada por este juzgado. Asimismo, se ordenó citar a la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Dhalila López Palomeque, para que esta última, se presentara ante el Juzgado debidamente identificada con documento oficial, para efectos de que la experto pudiera recabar los datos necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente, así como para que ante la presencia judicial plasmara una serie de firmas para que las mismas puedan ser objeto de análisis de la experticial ofertada. De igual forma, se apercibió a la parte quejosa que de no comparecer para los términos referidos y exhibir la documentación citada, sin causa justificada, con fundamento en la interpretación extensiva de lo dispuesto por el artículo 104 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, se tendría por cierta la falsedad de la firma materia de la objeción, presunción que derivará de la omisión de no permitir el desahogo de la prueba pericial de mérito, para dilucidar la autenticidad de la misma; sin que la parte quejosa se presentara en la fecha y hora señalada. Finalmente, previo los trámites correspondientes, se llevó a cabo la continuación de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, tiene competencia para resolver el presente juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esto, por reclamarse actos atribuidos a autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Incidente de objeción de falsedad de firmas. Por razón de método y técnica jurídica, se procede a resolver, en primer término, el incidente de falsedad de firma, hecho valer por la parte tercera interesada objetando de falsa la firma que calza en el escrito de inicial de demanda, toda vez que manifiesta que la misma no fue estampada del puño y letra de Dhalila López Palomeque, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 12 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1371, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Febrero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002805, del tenor: INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. TRÁMITE DEL RELATIVO A LA FALSEDAD DE FIRMA. De la interpretación de los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, es patente que en el juicio de amparo indirecto los documentos son pruebas que pueden ser exhibidas antes de la audiencia constitucional o en la propia audiencia. Por tanto, la objeción de falsedad de un documento, incluida la demanda de amparo, puede realizarse en cualquier momento a partir de que es exhibido y hasta la celebración de la audiencia constitucional (en su etapa de pruebas), sin que resulte de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar la oportunidad de la objeción, el trámite del incidente y de la preparación y desahogo (colegiación) de la prueba pericial. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se objete de falsedad la firma que aparezca en un documento y se proponga la prueba pericial para acreditarla, el Juez de Distrito debe proceder de la siguiente forma: 1. Suspenderá la audiencia constitucional; 2. Señalará fecha para su continuación dentro de los diez días siguientes; 3. Tendrá por anunciada la prueba pericial propuesta y ordenará su preparación; 4. Nombrará perito oficial, que puede pertenecer a alguna institución oficial o académica, o ser alguno de los que aparezca en las listas que al efecto publica el Consejo de la Judicatura Federal, de tal forma que garantice su independencia de las partes, y proveerá lo necesario para que rinda su dictamen, lo anterior, sin menoscabo del derecho de las partes para proponer a su propio perito; 5. Apercibirá a las demás partes que de ofrecer otras pruebas que requieran preparación (testimonial e inspección) las anuncien con cinco días de anticipación a la continuación de la audiencia (audiencia de pruebas y contrapruebas), sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, conforme al segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo; 6. En la continuación de la audiencia constitucional (audiencia de pruebas y contrapruebas) recibirá las pruebas de las partes y las que, en su caso, hubiere ordenado de oficio; 7. Desahogadas las pruebas relativas al incidente de objeción de falsedad de documentos, cerrará la fase de pruebas de la audiencia constitucional y continuará con la etapa de alegatos; 8. Resolverá el incidente de objeción de falsedad de documentos en el mismo fallo que corresponda al juicio principal. Ahora bien, conviene precisar que la objeción de falsedad de un documento puede estar referida a lo manifestado en él o a su autenticidad, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe contener, entre los que se encuentran, la firma del quejoso. En el caso, debe distinguirse entre el contenido y el continente de la demanda (autenticidad de firmas), al tratarse de la exteriorización de la voluntad de quien la suscribe. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/97, sostuvo que el escrito inicial de demanda de amparo sostuvo que el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor. De dicho criterio derivó la jurisprudencia P./J. 148/2000, visible en la página11, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190657, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado. Por su parte, los artículos 66 y 122 de la Ley de Amparo, textualmente señalan: Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. De una interpretación literal de los artículos transcritos, se deduce la posibilidad que tienen las partes de promover incidente de objeción de documento por falsedad de firma, con el que se acordará en la audiencia constitucional para suspenderla y desahogar las pruebas relativas a dicha incidencia. Asimismo, es de señalarse que si bien las partes tienen el derecho procesal de objetar de falsos los documentos presentados por alguna de ellas, no debe perderse de vista que los alcances o la materia de tal objeción, solo permiten al Juez de Distrito apreciar la autenticidad de una documental, exclusivamente para los efectos del juicio de amparo, lo que implica que la objeción solo puede referirse a su continente (autenticidad de firmas), por ser el documento a través del cual se pretende manifestar o exteriorizar la voluntad de ejercicio de un derecho. En el caso, la tercera interesada (actora incidentista) en el escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 49 a 63), aduce que la firma que calza en la demanda de amparo no proviene de su suscriptora, esto es, de la apoderada de la quejosa, dado que indicó es diversa a los rasgos de la firma estampada en el diverso escrito de veinticinco de noviembre del citado año, por el que Dhalila López Palomeque, promovió incidente de nulidad de notificaciones en el juico laboral J/O/309/2007 y su ejecución E/L/53/2019, del índice de la Junta especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; por lo que cuestiona su autenticidad y ofreció como prueba de su parte la pericial en materia de grafoscopía. Por lo que, en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se giró oficio a la Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Costa, en esta ciudad, a efecto que dentro del término de tres días, designara perito en caligráfica, grafoscopica y grafométrica, documentocopica, para efecto de determinar la autenticidad de la firma que aparece estampada en el original de la demanda de amparo promovida por Dhalila López Palomeque, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se señaló que ninguno de los sujetos procesales ofreció perito de su parte, por lo que se tuvo por precluído su derecho de adicionar el interrogatorio ofrecido por la actora incidentista, y se les tuvo por conformes con el contenido del peritaje que emitiera la perito designada por este juzgado. Asimismo, se ordenó citar a la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Dhalila López Palomeque, para que esta última, se presentara ante el Juzgado debidamente identificada con documento oficial, para efectos de que la experto pudiera recabar los datos necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente, así como para que ante la presencia judicial plasmara una serie de firmas para que las mismas puedan ser objeto de análisis de la experticial ofertada. De igual forma, se apercibió a la parte quejosa que de no comparecer para los términos referidos y exhibir la documentación citada, sin causa justificada, con fundamento en la interpretación extensiva de lo dispuesto por el artículo 104 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, se tendría por cierta la falsedad de la firma materia de la objeción, presunción que derivará de la omisión de no permitir el desahogo de la prueba pericial de mérito, para dilucidar la autenticidad de la misma; sin que la parte quejosa se presentara en la fecha y hora señalada, no obstante de estar notificada en forma personal Dhalila López Palomeque, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, quien firmó de enterada, como se advierte de la razón de notificación. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por lo tanto, se tiene por cierta la falsedad de la firma materia de la objeción. De ahí que es inconcuso que la firma que obra en el escrito inicial de demanda de amparo, NO ES AUTÉNTICA, pues no corresponde a la firma de Dhalila López Palomeque, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad anónima de Capital Variable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se declara fundado el incidente de objeción de falsedad de firmas planteado por el tercero interesado José Feliciano López Gómez; y, se declara la falsedad de la firma que calza la demanda de amparo, para los efectos exclusivos de este juicio de amparo. Una vez concluido el incidente de objeción de documentos que fue planteado por el tercero interesado, a continuación se procede a analizar la procedencia del presente juicio. TERCERO. Análisis de las causales de improcedencia. En razón de la conclusión alcanzada en el considerando anterior, no resulta necesario el precisar los actos reclamados en este juicio de derechos fundamentales, ni tampoco analizar su certeza o inexistencia, toda vez que a ningún fin práctico llevaría dicho análisis. Lo anterior, al advertirse de oficio la actualización de una causal de improcedencia que si bien no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, ni sobre su existencia, si impide el estudio del fondo del asunto al conducir al sobreseimiento de éste, en atención a los previsto en los artículos 61, 62, 63, 63 y 65 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que resultó fundado el incidente de falsedad de firmas promovido por el tercero interesado José Feliciano López Gómez, respecto de la firma estampada en el escrito de demanda, que conlleva a tenerla por falsa, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En concordancia con lo anterior, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)". De los arábigos antes transcritos, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes, de ejercitar un derecho. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada VI. 2o. 692 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 209959, del tenor: DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Ahora, ya que el incidente de objeción de falsedad de firma promovido por el tercero interesado, resultó fundado por cuanto a la firma que calza la demanda de amparo, es suficiente para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Esto es así, toda vez que el efecto jurídico de la declaración de falsedad, donde se determinó el signo grafico que obra en el escrito inicial de demanda de amparo, no es auténtico, pues no corresponde a la firma de Dhalila López Palomeque, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad anónima de Capital Variable, permite concluir que la moral quejosa no expresó su intención de solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, se concluye que dicha persona no externó su voluntad a través del signo gráfico consistente en la firma que debe calzar el escrito inicial de la demanda de amparo, y que determina que es el autora del documento de que se trata, pues así lo establece el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción. Lo que implica que tal documento carece de suscriptor y que por lo tanto, la persona que debió signarla no lo hizo, lo que permite estimar que no es voluntad del individuo en él se cita promover ante la autoridad judicial, a fin de que se analice la solicitud de amparo. Luego, con base en la premisa de que la firma es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad en el ejercicio de un derecho y que, cuando alguna promoción jurídica requiera que se haga por escrito, es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, pues sin ella debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó la expresión de voluntad, y por ende, la autoridad que la reciba debe desestimarla. Por ello, resulta incuestionable que si el líbelo inicial carece de firma autógrafa de quien promueve, es suficiente para estimar que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la falta de esos signos manuscritos a través de los que las personas expresan la voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ello, acreditar la validez a cualquier actuación escrita, impiden el ejercicio de la acción constitucional. En ese contexto, si la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y la ley adjetiva prevé que cuando algún gobernado no sabe o no puede hacerlo, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho; entonces, si la demanda de amparo no fue firmada por la peticionaria de amparo, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la moral interesada en la promoción del juicio constitucional, por lo que se surte, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que, se insiste, si quien se ve afectado por un acto de autoridad, no suscribe el escrito de demanda, existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice la constitucionalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales, y por ende, no existe uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio constitucional, como es que debe instaurarse a instancia de parta agraviada. Bajo esa tesitura, si en el caso, el escrito de demanda carece de firma autógrafa de quien dice promover, pues la estampada no es auténtica, conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la falta de ese signo manuscrito a través del que la persona expresa la voluntad de realizar determinado acto y acredita la autoría del documento necesario para dar validez a cualquier actuación escrita, impide, como se dijo, el ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1594, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2001096, que dice: DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo. En tales consideraciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo; da lugar a sobreseer en el presente controvertido constitucional, con apoyo en la disposición 63, fracción V del ordenamiento legal en cita. En este contexto, al decretarse el sobreseimiento en este juicio, por los motivos expuestos, se impide a quien resuelve estudiar los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo; como se definió en la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, tercera Parte, página 49, registro 239006, del tenor: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: PRIMERO. Es fundado el incidente de falsedad de firma promovido por el tercero interesado José Feliciano López Gómez, de conformidad con lo expuesto en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dhalila López Palomeque en su carácter de representante legal de Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y Actuarios adscritos a la misma, con sede en esta ciudad, por los motivos expresados en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en razón al segundo período vacacional que comprende del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno al dos de enero de dos mil veintidós, aprobado mediante oficio CCJ/ST/5318/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la citada comisión a la titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las catorce horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte tercero interesada José Feliciano López Gómez, el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo número 2416/2019, promovido por el quejoso Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en novena avenida Norte, número 11, entre central y primera calle Oriente, colonia Centro, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por su ubicación y localización, ya que así se advierte de las placas que obran en las esquinas de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón. Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo número 2416/2019, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veinticinco de noviembre siguiente, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe.- Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón. Actuario Judicial.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en la audiencia constitucional de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió el incidente de falsedad de firma, en la que se concedió a las partes el término de tres días, a fin de que ofrecieran las pruebas pertinentes, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que ninguno de los sujetos procesales ofreció perito de su parte; y, que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta propia fecha. En mérito de lo anterior, se tiene por precluído su derecho de adicionar el citado interrogatorio y se les tiene por conformes con el contenido del peritaje que emita la perito designada por este juzgado. Ahora bien, como lo solicitó la parte tercero interesada, en su escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por conducto del actuario adscrito a este juzgado, cítese a la parte quejosa Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Dhalila López Palomeque, para que esta última, se presente ante el despacho de este juzgado, 1 YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 debidamente identificada con documento oficial, esto es pasaporte, credencial de elector y/o cédula profesional, a las TRECE HORAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para efectos de que la experto pueda recabar los datos necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente, así como para que ante la presencia judicial plasme una serie de firmas para que las mismas puedan ser objeto de análisis de la experticial ofertada. Se apercibe a la parte quejosa que de no comparecer para los términos referidos y exhibir la documentación citada, sin causa justificada, con fundamento en la interpretación extensiva de lo dispuesto por el artículo 104 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, se tendrá por cierta la falsedad de la firma materia de la objeción, presunción que derivará de la omisión de no permitir el desahogo de la prueba pericial de mérito, para dilucidar la autenticidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la tesis visible en la página 3021, del Tomo XXXI, Marzo de 2010, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA RESPECTIVA PUES, DE LO CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El hecho de que la parte demandada se niegue reiteradamente, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, a allegar un documento original para analizar las firmas en él plasmadas, no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio; sin 2 YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 embargo, esto no se plasma expresamente en la ley. No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga a cumplir con el mandato que le ordene allegar un documento, atendiendo al principio de buena fe del proceso, y ante la ineficacia de los medios de apremio, es menester que los juzgadores se conduzcan conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación adjetiva civil del Estado, en establecer una sanción para el caso de negativa injustificada y contumaz en allegar los documentos originales en detrimento de la parte que pretende demostrar la falsedad de la firma, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Así tenemos que si bien la legislación del Estado de Nuevo León, no contiene norma expresa que precise la consecuencia de la negativa a allegar el original para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta contenidos en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles local, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión del demandado de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de las firmas y, en su caso, deberá estar adminiculada con otras pruebas. Así como la tesis visible en la página 558, del Tomo II, Octubre de 1995, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: 3 YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS, PRUEBAS DENTRO DEL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR OPORTUNIDAD A LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMOSTRAR QUE LAS FIRMAS QUE CALZAN LOS DOCUMENTOS OBJETADOS SON AUTENTICAS O NO, PERO SIN DEJAR EN MANOS DE UNA SOLA DE ELLAS SU COMPROBACION. De acuerdo con la naturaleza del incidente de objeción de falsedad de documentos previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo y atendiendo al principio fundamental de la garantía de audiencia en materia de pruebas, el juez de Distrito debe dar oportunidad a la parte en el juicio cuyos documentos presentados son materia de la objeción, de demostrar que las firmas que calzan dichos documentos son auténticas, pues dejar sólo en manos del actor incidentista la exhibición de aquellos documentos sobre los que se hará el cotejo de firmas y que constituyen los elementos básicos para el desahogo de la prueba pericial grafoscópica, rompería con el equilibrio procesal de las partes; sin embargo, la preparación de la prueba tampoco puede dejarse en manos de la parte a quien se imputa la falsedad de firmas, ya que ésta, por el interés que defiende en el juicio, no sólo puede poner obstáculos para el desahogo de la prueba, sino también aportar elementos no idóneos para ello; en tal virtud el juez de Distrito debió requerir al signante de tales documentos, para que se apersone en las oficinas del juzgado a estampar en repetidas ocasiones su firma, para que ésta, sea junto con los documentos que las demás partes exhiban, que contengan firmas indubitables, cotejadas con las que ostentan los documentos objetados. En consecuencia, gírese oficio al Subdirector General de Servicios Periciales, con sede en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico, haga comparecer a la perito Marycruz Ortiz Escobar, en la fecha arriba señalada, para los efectos precisados en párrafos que anteceden; apercibido que de no hacerlo se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación al 238 y 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 veintisiete de enero de dos mil dieciséis; apercibimiento que se hace extensivo para la experta en comento, para el caso de no comparecer, sin causa justificada. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo tanto, para no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y se señalan las diez horas con veinte minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. 14709
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