Prisciliano Blanco Valdez
Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 45 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Prisciliano Blanco Valdez
- Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevencion Y Reaaptacion Social de la Ciudad de Mexico
- Subsecretario de Ejecucion de Sanciones Penales de Seguridad En Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
SE REQUIERE A CENTRO PENITENCIARIO TÉRMINO DE TRES DÍAS.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Prisciliano Blanco Valdéz, mediante el cual formula diversas manifestaciones en relación a la falta de cumplimiento por parte de las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y solicita la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no es favorable acordar de conformidad la solicitud planteada, en virtud de que conforme a los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo indirecto, una vez que cause ejecutoria el fallo amparador, el Juez debe conceder un término de tres días a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al mismo, previendo a su vez tres excepciones al respecto, consistentes en: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Además, como lineamiento también se prevé requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a éste cumplir con la ejecutoria, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se impondrá una multa. Ahora, en el caso, la autoridad responsable ordenadora Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio SSPC/PRS/02C.10/0027245/2019, remitió copias certificadas de los oficios SSPC/PRS/25983/2019 y SSPC/PRS/25984/2019, ambos de veintidós de octubre del año en curso, de los que se advierte que autorizó el egreso del quejoso de mérito del centro de reclusión donde se encuentra actualmente al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor-Noreste", solicitando una prórroga para realizar las gestiones necesarias para el traslado correspondiente. Por lo que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se le concedió a la autoridad responsable el término de quince días hábiles para que diera total cumplimiento a la ejecutoria. En ese sentido, es evidente que no se cumplen los supuestos para tramitar el incidente de inejecución de sentencia, ya que dicha incidencia tiene lugar ante el incumplimiento de las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, una vez agotado el procedimiento de ejecución, mismo acuerdo que le fue notificado de manera personal el veintiséis de septiembre de este año. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis P./J. 54/2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, visible en el Libro 12, Tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, número de registro 2007918, de rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. ros
- Principal
MESA VI-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado por el Subdirector de Área de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación, con sede en la Ciudad de México, a través del cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en este asunto, y al efecto, manifiesta que está realizando las gestiones necesarias para el traslado del quejoso del centro carcelario donde actualmente se encuentra al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor-Noreste". Por lo tanto, tomando en consideración la complejidad de las gestiones tendentes a lograr el cumplimiento del fallo protector concedido, se concede a la referida autoridad responsable, un plazo de quince días hábiles más; lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no hacerlo dentro del término que se señala, con apoyo en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá multa equivalente a ciento veinte unidades de medidas y actualización, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/6329/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, asistido por Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Subdirector de Área Adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, a través del cual solicita una prórroga para dar cabal acatamiento a la misma. Por lo tanto, tomando en consideración la complejidad de las gestiones tendentes a lograr el cumplimiento del fallo protector concedido, se concede a la referida autoridad responsable, un plazo de quince días hábiles más; lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no hacerlo dentro del término que se señala, con apoyo en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá multa equivalente a ciento veinte unidades de medidas y actualización, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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