PROCORO MARÍO VILCHIS y Otros.
Expediente 1104/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- PROCORO MARÍO VILCHIS y Otros.
- Juez Cuadragésimo Primero de Primer Instancia de la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el diverso 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa, la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíqueseles por medio de lista, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL AUTO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SEÑALA: "Visto el oficio que contiene la demanda que promueven ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadrage´simo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violacio´n a los derechos fundamentales reconocidos en los arti´culos 1, 14 y 16 constitucionales; al efecto se acuerda: En concordancia con lo determinado en el cuaderno de varios, fo´rmese expediente y regi´strese en el Libro de Gobierno con el nu´mero 1104/2021. Trami´tese el presente asunto en su versio´n de expediente fi´sico, asi´ como en la electro´nica, observando los te´rminos del precepto 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El dispositivo 113 de la ley de materia1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligacio´n de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, de conformidad con el diverso 62 de la ley citada2, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. Los impetrantes reclaman la omisio´n del Juez Cuadrage´simo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Me´xico, de dar intervencio´n a la Procuraduri´a Social, en el juicio especial hipotecario 1271/2012, en virtud de que los quejosos sen~alan que son adultos mayores. I II. El presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fraccio´n XXIII, del arti´culo 61, en relacio´n con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Arti´culo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n sera´ obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federacio´n y de las entidades federativas, con excepcio´n de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n sera´ obligatoria para sus Salas, pero no lo sera´ la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estara´ obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federacio´n y de las entidades federativas de su regio´n, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federacio´n y de las entidades federativas de su circuito, con excepcio´n de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Pa´rrafo adicionado DOF 07-06-2021 La jurisprudencia en ningu´n caso tendra´ efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del arti´culo 217 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, sera´ obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Ahora bien, las omisiones acaecidas en los procesos jurisdiccionales no pueden combatirse de forma auto´noma, como lo sustento´ la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios de jurisprudencia nu´mero 7/2015 (10a.)3 y 8/2015 (10a.), ya que deben emplearse las herramientas y mecanismos propios de la norma adjetiva para cuestionar esas conductas; lo anterior acarrea como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fraccio´n XXIII, del numeral 61, en relacio´n con el numeral 217, ambos de la Ley de la materia. Al respecto, se cita por mayoría de razón, la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de la De´cima E´poca, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, pa´gina 480, en Materia Administrativa, que dice: "DERECHO DE PETICIO´N. LA OMISIO´N DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTO´NOMA. El arti´culo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligacio´n de dar respuesta, en breve te´rmino, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los arti´culos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, asi´ como el derecho de accio´n, a trave´s de los cuales se busca obtener una decisio´n en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garanti´as previstas en los arti´culos 14 y 17 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta juri´dicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una peticio´n en te´rminos del arti´culo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los arti´culos 14 y 17 constitucionales, asi´ como las que desarrollan dichos derechos en la legislacio´n secundaria. No obstante ello, la autoridad esta´ obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el arti´culo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarqui´a. Asi´, al concebirse de forma armo´nica, se podra´ resolver de mejor manera la omisio´n que reclama el particular dentro del procedimiento." Y en los mismos te´rminos, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la De´cima E´poca, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, pa´gina 478, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIO´N AL ARTI´CULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el arti´culo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, sera´ procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparacio´n"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectacio´n al derecho de peticio´n, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los arti´culos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y te´rminos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razo´n de ello, por regla general, el amparo indirecto seri´a improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de peticio´n, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma auto´noma, debe considerarse que se trata de una violacio´n de cara´cter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislacio´n ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la peticio´n realizada." En efecto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuenta habida que las reglas que los rigen son tanto las previstas en los arti´culos 14 y 17 constitucionales, asi´ como las que desarrollan dichos derechos en la legislacio´n secundaria. De ahi´ que, cuando existen este tipo de conductas, la parte inconforme habra´ de sujetarse a las reglas establecidas en la legislacio´n ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad, en el caso a proveer sobre la omisio´n que refiere respecto a no dar intervencio´n a la Procuraduri´a Social al controvertido natural, a trave´s de la regularizacio´n del procedimiento prevista por el numeral 272 G del Co´digo de Procedimientos Civiles para esta ciudad4. Sirve de apoyo, por analogi´a, la tesis con registro 216300, de la Octava E´poca, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federacio´n, Tomo XI, Mayo de 1993, pa´gina 292, en Materia Civil, que dice: "ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad establecida en el arti´culo 272 G, del Co´digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como esta´ redactada la norma, la atribucio´n debe entenderse so´lo en relacio´n de las omisiones notadas en la substanciacio´n, lo que de suyo significa que la intencio´n del legislador es corregir a trave´s de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la funcio´n jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando este´n dados los elementos para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido ma´s amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales indicari´a el mantenimiento o preservacio´n del orden y equilibrio del procedimiento, lo anterior en atencio´n a los siguientes principios: 1. De orden pu´blico. Esto en virtud del intere´s que tiene la sociedad y el Estado para la imparcial, pronta, expedita y completa imparticio´n de justicia por los tribunales a trave´s de un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura esta´ basada en el trato igualitario que se brinde a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con detrimento del intere´s de la otra; y 3. De orden procesal. A trave´s de la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador podra´ ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda dictar la resolucio´n correspondiente. En este orden de ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de me´rito, en modo alguno resulta inconstitucional pues no implica que a trave´s de ella se pueda crear o integrar algo inexistente, adema´s de que tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el Co´digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la consecuente afectacio´n de las oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la garanti´a de audiencia consagrada por el arti´culo 14, pa´rrafo segundo, constitucional." De ahi´ que legalmente existe un mecanismo para vencer la omisio´n que los quejosos sen~alan y no quedar en estado de indefensio´n; por lo que al ser un mecanismo procesal previsto para tal efecto, los impetrantes deben sujetarse a e´ste y hacerlo valer en el proceso. Consecuentemente, al actualizarse la causal prevista en la fraccio´n XXIII del arti´culo 61 en relacio´n con el numeral 217, ambos de la Ley aplicable, en te´rminos de los criterios jurisprudenciales invocados en relacio´n con la omisio´n reclamada del Juez Cuadrage´simo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Me´xico, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. No se soslaya lo expuesto por los quejosos en torno a que son adultos mayores, pues ello no implica que opere la suplencia de la queja en su favor, para eximirlos de lo sen~alado; aunado a que, en el supuesto no concedido que la suplencia operara en su favor, no tendri´a el efecto de hacer procedente lo improcedente; sostener esta afirmacio´n, implicari´a materialmente una modificacio´n al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Orienta el sentido de esta determinacio´n la tesis5 que dice: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es ma´s amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institucio´n, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminucio´n de la capacidad motora y la disminucio´n de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminacio´n social, familiar, laboral y econo´mica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automa´tico opera la suplencia de la queja, pues ello so´lo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayori´a, los adultos mayores enfrentan problemas econo´micos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la poblacio´n, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias econo´micas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y vi´ctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial proteccio´n, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regi´menes juri´dicos modernos han venido marcando una li´nea de proteccio´n especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantiza´ndoles el derecho a: i) un esta´ndar de vida adecuado, incluyendo alimentacio´n, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y proteccio´n; iii) no discriminacio´n en trata´ndose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) proteccio´n ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, econo´micos, poli´ticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la proteccio´n especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayori´a, obedece a las propias barreras que la organizacio´n social genera al no atender de manera adecuada la situacio´n en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el a´mbito social, puede ser muy variada; de ahi´ que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Asimismo, robustece ese criterio, la jurisprudencia6 que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE E´STE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, De´cima E´poca, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, pa´gina 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIO´N DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconocio´ de que por virtud del texto vigente del arti´culo1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el 10 de junio de 2011, el ordenamiento juri´dico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tambie´n deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento juri´dico mexicano, deben permear en todo el orden juri´dico, y obligar a todas las autoridades a su aplicacio´n y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretacio´n. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretacio´n ma´s amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones ma´s favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de e´stas, porque, al final, es conforme a las u´ltimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, respecto de aquellas que autoriza conforme arti´culo 12 de la Ley de la materia, gozara´n de las facultades amplias si tienen registrada su ce´dula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro U´nico de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario u´nicamente se tendra´n por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que promueven Procoro ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadrage´simo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Me´xico. NOTIFI´QUESE PERSONALMENTE."
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, por medio del cual informa el contenido de su proveído de veintisiete de diciembre de la presente anualidad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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