Priscila Jardon Vera

Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1027/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • PRISCILA JARDON VERA y Otros.
  • Priscila Jardon Vera
  • Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración se remitieron legajos de constancias; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1027/2021, promovido por ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades reseñadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, en el que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno en el toca ... por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria dictada el dos de junio de la citada anualidad en la sucesión testamentaria ... por el Juez Vigésimo Tercero de la propia especialidad y residencia, del incidente de remoción del cargo de albacea de .... TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; lo que se robustece con el contenido de las constancias que remitió en su apoyo, documentales que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado De las constancias remitidas por la autoridad responsable, valoradas en líneas que anteceden, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de junio de dos mil tres se declaró a ... y ..., ambos de apellidos ..., ... o ..., ..., ... y ..., de apellidos ..., como únicos y universales herederos en la sucesión intestamentaria a bienes de Homero ... u ... o ..., expediente ... del índice del Juzgado Vigésimo Tercero Familiar de la Ciudad de México. 2. El dos de octubre de dos mil tres, se tuvo a ... aceptando y protestando su cargo como albacea de la sucesión. 3. Removido que fue el citado, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a ... aceptando y protestando su cargo como albacea de la sucesión. 4. El cuatro de julio de dos mil diecinueve ... y ... ambos de apellidos ... promovieron incidente de remoción de la albacea ..., el cual se admitió a trámite y dio vista a la contraria. 5. Desahogado que fue lo anterior, el dos de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia interlocutoria en la que se declaró procedente la incidencia de mérito. 6. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, quien modificó el fallo impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa manifiesta lo siguiente: La sala responsable omitió estudiar a fondo los argumentos de su apelación, debido a que por lo que hace a la interrupción del término de su encargo y a que no corren los plazos, no realizó pronunciamiento alguno. Lo anterior, pues se soslayó su manifestación en el sentido de que el término de su nombramiento se interrumpió por virtud de los juicios pendientes de terminar de ... contra la sucesión de origen, mismos que no le son imputables, ya que en algunos presume que operó la caducidad; aunado que dicha persona carece de derecho para reclamar prestación alguna, debido a que se determinó que no tiene derecho a gananciales. Los artículos que se aplicaron en el acto reclamado tienen excepciones, pues si bien es cierto que ordinariamente el cargo de albacea debe durar un año, también lo es que, dicha anualidad empezará a correr a partir de la conclusión de los negocios promovidos sobre la validez o nulidad del testamento, o bien, las controversias suscitadas en relación a los bienes de la masa hereditaria. Respecto a lo anterior, la autoridad responsable no se pronunció. El término de un año se interrumpió desde que se decretó la acumulación del juicio de divorcio ... promovido por ..., radicado en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual se decretó la caducidad de la instancia, así como otros procedimientos e incidentes, por lo que el plazo señalado no ha iniciado. De ahí que, no resulte aplicable el precepto que establece que la duración del cargo de albacea es de un año, pues existen juicios no concluidos y una vez que éstos terminen, comenzará el plazo mencionado para su encargo. Derivado de lo anterior, se transgreden los dispositivos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que se le priva su cargo de albacea, aunado a que le causa una molestia, violando sus derechos. Se debe analizar la actuación de la Juez de origen de revocar de oficio las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco, sin haberle dado vista, declarando de hecho la nulidad de todo lo actuado. Se transgreden sus derechos al privarla del cargo sin considerar que se han iniciado otros juicios e incidentes en contra de la sucesión de origen, incluso respecto de uno del que no ha sido emplazada puesto que está suspendido. Incorrectamente se determinó que la impetrante debió haber solicitado una prórroga al existir diversos procedimientos, en razón de que se soslaya la figura de la interrupción de términos procesales; aunado a que dicha consideración no se encuentra fundada ni motivada. Es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de dos mil tres a dos mil quince, cuando eran a cargo de otro albacea, de lo que se colige que existen otros factores que dieron lugar al estancamiento del procedimiento sucesorio de origen, pues los diversos juicios que se encuentran pendientes dependen de otras personas y no de ella; además de que se tiene el impedimento de pasar a la Cuarta Sección porque no se ha aprobado la Segunda y Tercera, resaltando que fue presentado el inventario pero debe realizarse una actualización al avalúo porque los que obran en autos son obsoletos. La Sala responsable evadió analizar su imposibilidad material y legal para terminar el juicio sucesorio natural al existir diversos juicios relacionados con la sucesión cuya conclusión no dependen de ella, por lo que no se realizó una exacta aplicación de los artículos 1737 y 1722 del Código Civil y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México. Decisión: los conceptos de violación son por un lado infundados e inoperantes por otro. A fin de evidenciar lo anterior, se tiene que en el acto reclamado esencialmente se determinó lo siguiente: - Los agravios de la recurrente son infundados pues el ordinal 1737 del Código Civil para la Ciudad de México señala que el albacea tiene la obligación de cumplir su encargo en el término de un año, contado a partir de su aceptación; y en la especie, ... aceptó y protestó su encomienda el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que a partir del día siguiente empieza a correr su plazo de un año, mientras que la fecha de presentación del incidente de remoción fue el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por lo que transcurrió más de un año, actualizándose las hipótesis contempladas en el diverso 1745 fracciones V y VII del citado ordenamiento legal. - Igualmente, si como lo refiere la recurrente existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, donde la ex cónyuge ... ha reclamado el cincuenta por ciento de los bienes de la masa hereditaria a través de su calidad de ex esposa y que ha promovido otros procedimientos, la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 1738 del Código invocado. - De ahí que, si no concluyó su encargo en el término de un año y no solicitó la prórroga respectiva, su calidad concluyó, de acuerdo a los arábigos 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México y fue correcta la remoción efectuada por el Juez natural. - También son infundados los agravios de la recurrente, pues con independencia de que se encuentre o no en el extranjero, tenía la obligación de terminar su encargo y rendir la cuenta anual de su administración como lo señala la ley, porque si no son aprobadas no se puede pasar a la sección siguiente y, si bien la rendición de cuentas de los años dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco ya habían sido aprobadas, también lo es que no fue así de los demás años y le corresponde como albacea rendir cuenta anual de su administración, conforme a los artículos 1706 fracción IV y 1722 del Código Civil para la Ciudad de México. - Luego, la actora del incidente de mérito promovió también el de objeción y oposición de cuentas, sin embargo, en nada perjudica la intervención de la recurrente como albacea, pues debe dar celeridad y continuidad a la denuncia intestamentaria en todas sus etapas procesales. - Es fundado que debió notificarse personalmente el requerimiento de presentar la cuenta general en el plazo de quince días, de acuerdo a lo establecido en el precepto 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; por lo que es procedente modificar el segundo resolutivo. Son infundados los conceptos de violación en los que la quejosa señala que incorrectamente se determinó que la impetrante debió haber solicitado una prórroga al existir diversos procedimientos, en razón de que se soslaya la figura de la interrupción de términos procesales; aunado a que dicha consideración no se encuentra fundada ni motivada. Lo anterior, porque contrario a lo aducido por la accionante de amparo, la sentencia reclamada sí fue emitida con apego a los principios de fundamentación y motivación, como se ve a continuación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable determinó que si bien existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, donde la ex cónyuge ... ha reclamado el cincuenta por ciento de los bienes de la masa hereditaria a través de su calidad de ex esposa, también lo es que la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el ordinal 1738 del Código invocado. Lo anterior, pues precisó que si no concluyó su encargo en el término de un año y no solicitó la prórroga respectiva, de acuerdo a los numerales 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México, fue correcta la remoción efectuada por el Juez natural. De lo que se evidencia que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en los preceptos 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México, aplicables al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para confirmar lo determinado por el Juez de origen, que correspondía a la quejosa solicitar la prórroga respectiva, con independencia de la existencia de los procedimientos instaurados por la ex cónyuge del de cujus, en razón de que debió mediar petición de la recurrente. En el particular, de la resolución impugnada se advierte que la Sala responsable se pronunció de manera fundada y motivada, respecto de los agravios que hizo valer, emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión. Tales consideraciones evidencian también que contrario a lo expuesto por la quejosa, la Sala responsable sí realizó un estudio de sus argumentos en apelación, pues estableció que debió haber solicitado la aludida prórroga, sin que evadiera analizar la imposibilidad que expuso de los diversos juicios relacionados. Es así, debido a que en el acto reclamado sí se refirió que con independencia de los invocados procedimientos, debía existir solicitud de prórroga de por medio. Sin que pase inadvertido para el suscrito que la quejosa señale que se soslayó la interrupción invocada derivado de los diversos procedimientos que no dependen de su actuación para concluirse y que por éstos no se ha avanzado en la sucesión de origen, en virtud de lo que a continuación se expone. Los artículos 1737, 1738 y 1739 del Código Civil para el Distrito Federal establecen lo siguiente: "Artículo 1737.- El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento". "Artículo 1738.- Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al albacea el plazo señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año". "Artículo 1739.- Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que haya sido aprobada la cuenta anual del albacea, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia". En el primer precepto transcrito se establece un plazo para la conclusión del encargo de albacea, lo que se traduce en la obligación que tiene éste de llevar a cabo todos los trámites inherentes a su función dentro de dicho término. Ahora bien, el plazo aludido puede prorrogarse hasta por un año en los términos del siguiente precepto, siempre que exista una causa justificada y que la extensión sea aprobada por las dos terceras partes de la herencia, además de que se hubiese aprobado la cuenta anual del albacea, de acuerdo al último dispositivo. De acuerdo a lo anterior, no existe sustento alguno en la ley que permita que el encargo de albacea se extienda más allá de los dos años que se prevén en los dispositivos mencionados, máxime que la prórroga prevista tiene precisamente como finalidad que el plazo de un año establecido inicialmente no sea fatal y, por tanto, se advierte que el propio dispositivo toma en consideración la posibilidad de que acontezcan situaciones imprevistas, ajenas al propio albacea, que le impidan el cumplimiento de sus funciones en el término inicial. En este sentido, la prórroga establecida en el artículo 1738 del código en cita tiene como finalidad precisamente que el plazo inicial de un año contemplado en el diverso 1737 no sea perentorio o definitivo, sino que exista la posibilidad de que el mismo se prorrogue hasta por un término igual, es decir, por un año más. Sin embargo, ello no significa que dicha prórroga de un año pueda, a su vez, prorrogarse por existir circunstancias que así lo ameriten, pues tal situación no se prevé en el precepto en cita, en donde expresamente se establece que este plazo no puede exceder de un año. Es decir, se trata de un supuesto excepcional porque la regla general es que el encargo de albacea no debe tener una duración mayor a un año contado a partir de su aceptación, de donde se concluye que, solo cuando existan causas que así lo justifiquen y cuando se cuente con la aprobación de las dos terceras partes de la herencia (además de que se encuentre aprobada la cuenta anual rendida por el albacea), es que podrá tener lugar la referida prórroga, pero solo por el plazo de un año, dado que así limitativamente lo establece el artículo que nos ocupa cuando dispone que "la prórroga no excederá de un año". De esta forma, se estima que no resultan relevantes las distintas actuaciones que se describen en el fallo recurrido, pues lo cierto es que aun existiendo situaciones que hubiesen obstaculizado o dilatado el procedimiento y que no hubiesen sido consecuencia de la actuación del albacea, no menos lo es que la prórroga en la duración de su encargo no estaba sujeta a la actualización de tales circunstancias, por no preverse ello en las normas aplicables. A mayor abundamiento, debe señalarse que aun si se tomaran en cuenta dichas circunstancias, no debe perderse de vista que el albacea fue designada en su encargo en el año dos mil dieciséis, según se establece en la resolución reclamada, sin que existiera o manifestara imposibilidad alguna para desempeñar sus funciones o dar cumplimiento a sus obligaciones, aunado a que la impetrante presentó diferentes incidentes donde rindió cuentas de su administración, las cuales no fueron aprobadas derivado del incidente de oposición respectivo. De esta manera, no es suficiente para considerar que tales circunstancias hubiesen constituido un impedimento para que el albacea cumpliera con sus funciones. Aunado a ello, lo cierto es que se habría excedido el plazo previsto en la ley para la duración del encargo de albacea, sin que dichos preceptos establezcan la posibilidad de que, por causas ajenas al albacea, pudiera extenderse el periodo que limitativamente se establece en su texto, pues de la interpretación de los artículos 1737 a 1739 del Código Civil para el Distrito Federal, no es posible concluir que el plazo inicial de un año o la prórroga por el mismo lapso pudieran extenderse adicionalmente si acontecieran situaciones fuera del alcance o responsabilidad del albacea. Por el contrario, se reitera, del contenido de los preceptos en cita se advierte que la prórroga contenida en el segundo de ellos se estableció precisamente con el objetivo de que el plazo inicial de un año no fuese definitivo, sino que existiera la posibilidad de que el mismo fuese prorrogado, pero solo cuando existieran causas que así lo justificaran, lo que evidencia el carácter excepcional de dicha extensión. De ahí que, si de conformidad con los arábigos 1737 a 1739 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cargo de albacea no puede tener una duración mayor a dos años, entonces, en el caso se ha excedido dicho término, pues como se advierte de lo anteriormente expuesto, la albacea ha ejercido su encargo por un lapso mayor a ese plazo. Por lo que, resulta infundado que se aplicaron incorrectamente dichos preceptos, por lo que asimismo deben desestimarse los conceptos de violación señalados. De otro lado, es inoperante lo que señala la impetrante en cuanto a que se debe analizar la actuación de la Juez de origen de revocar de oficio las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco, sin haberle dado vista, declarando de hecho la nulidad de todo lo actuado y que es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de diverso albacea, puesto que el estancamiento del procedimiento sucesorio de origen, atiende a diversos procedimientos que no dependen de su actuación. En efecto, los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando no atacan las consideraciones que dieron lugar al acto reclamado son inoperantes, puesto que deben estar orientados a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6º.C, J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.- Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." También, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." Ahora bien, de la confrontación de los conceptos de violación con el contenido de la resolución reclamada, claramente, se advierte, que no se controvierten las consideraciones que la sustentan y que son esencialmente los relativos a que: - Son infundados sus agravios, ya que ... aceptó y protestó su cargo el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que a partir del día siguiente comenzó a correr su plazo de un año. - Existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, sin embargo la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 1738 del Código invocado. - Independientemente de que se encuentre o no en el extranjero, tenía la obligación de terminar su encargo y rendir la cuenta anual de su administración, conforme a los ordinales 1706 fracción IV y 1722 del Código Civil para la Ciudad de México. - La objeción y oposición de cuentas no perjudica la intervención de la albacea, pues debe dar celeridad y continuidad a la denuncia intestamentaria en todas sus etapas procesales. - Se debió notificar personalmente el requerimiento de presentar la cuenta general en el plazo de quince días, de acuerdo a lo establecido en el precepto 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. De lo anterior, se aprecia que con los motivos de inconformidad en estudio no se combaten esas consideraciones de la resolución reclamada. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a pedir un estudio de una resolución diversa al acto reclamado, como es la revocación de las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco sin haberle dado vista, que citó la impetrante, o bien, que es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de diverso albacea, cuando de ello nada se determinó en la sentencia reclamada. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, y al no estar en el caso de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el precepto 79 de la Ley de Amparo, procede NEGAR a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuesto en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO EN DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1027/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1027/2021, promovido por ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades reseñadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, en el que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno en el toca ... por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria dictada el dos de junio de la citada anualidad en la sucesión testamentaria ... por el Juez Vigésimo Tercero de la propia especialidad y residencia, del incidente de remoción del cargo de albacea de .... TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; lo que se robustece con el contenido de las constancias que remitió en su apoyo, documentales que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado De las constancias remitidas por la autoridad responsable, valoradas en líneas que anteceden, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de junio de dos mil tres se declaró a ... y ..., ambos de apellidos ..., ... o ..., ..., ... y ..., de apellidos ..., como únicos y universales herederos en la sucesión intestamentaria a bienes de Homero ... u ... o ..., expediente ... del índice del Juzgado Vigésimo Tercero Familiar de la Ciudad de México. 2. El dos de octubre de dos mil tres, se tuvo a ... aceptando y protestando su cargo como albacea de la sucesión. 3. Removido que fue el citado, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a ... aceptando y protestando su cargo como albacea de la sucesión. 4. El cuatro de julio de dos mil diecinueve ... y ... ambos de apellidos ... promovieron incidente de remoción de la albacea ..., el cual se admitió a trámite y dio vista a la contraria. 5. Desahogado que fue lo anterior, el dos de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia interlocutoria en la que se declaró procedente la incidencia de mérito. 6. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, quien modificó el fallo impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa manifiesta lo siguiente: La sala responsable omitió estudiar a fondo los argumentos de su apelación, debido a que por lo que hace a la interrupción del término de su encargo y a que no corren los plazos, no realizó pronunciamiento alguno. Lo anterior, pues se soslayó su manifestación en el sentido de que el término de su nombramiento se interrumpió por virtud de los juicios pendientes de terminar de ... contra la sucesión de origen, mismos que no le son imputables, ya que en algunos presume que operó la caducidad; aunado que dicha persona carece de derecho para reclamar prestación alguna, debido a que se determinó que no tiene derecho a gananciales. Los artículos que se aplicaron en el acto reclamado tienen excepciones, pues si bien es cierto que ordinariamente el cargo de albacea debe durar un año, también lo es que, dicha anualidad empezará a correr a partir de la conclusión de los negocios promovidos sobre la validez o nulidad del testamento, o bien, las controversias suscitadas en relación a los bienes de la masa hereditaria. Respecto a lo anterior, la autoridad responsable no se pronunció. El término de un año se interrumpió desde que se decretó la acumulación del juicio de divorcio ... promovido por ..., radicado en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual se decretó la caducidad de la instancia, así como otros procedimientos e incidentes, por lo que el plazo señalado no ha iniciado. De ahí que, no resulte aplicable el precepto que establece que la duración del cargo de albacea es de un año, pues existen juicios no concluidos y una vez que éstos terminen, comenzará el plazo mencionado para su encargo. Derivado de lo anterior, se transgreden los dispositivos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que se le priva su cargo de albacea, aunado a que le causa una molestia, violando sus derechos. Se debe analizar la actuación de la Juez de origen de revocar de oficio las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco, sin haberle dado vista, declarando de hecho la nulidad de todo lo actuado. Se transgreden sus derechos al privarla del cargo sin considerar que se han iniciado otros juicios e incidentes en contra de la sucesión de origen, incluso respecto de uno del que no ha sido emplazada puesto que está suspendido. Incorrectamente se determinó que la impetrante debió haber solicitado una prórroga al existir diversos procedimientos, en razón de que se soslaya la figura de la interrupción de términos procesales; aunado a que dicha consideración no se encuentra fundada ni motivada. Es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de dos mil tres a dos mil quince, cuando eran a cargo de otro albacea, de lo que se colige que existen otros factores que dieron lugar al estancamiento del procedimiento sucesorio de origen, pues los diversos juicios que se encuentran pendientes dependen de otras personas y no de ella; además de que se tiene el impedimento de pasar a la Cuarta Sección porque no se ha aprobado la Segunda y Tercera, resaltando que fue presentado el inventario pero debe realizarse una actualización al avalúo porque los que obran en autos son obsoletos. La Sala responsable evadió analizar su imposibilidad material y legal para terminar el juicio sucesorio natural al existir diversos juicios relacionados con la sucesión cuya conclusión no dependen de ella, por lo que no se realizó una exacta aplicación de los artículos 1737 y 1722 del Código Civil y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México. Decisión: los conceptos de violación son por un lado infundados e inoperantes por otro. A fin de evidenciar lo anterior, se tiene que en el acto reclamado esencialmente se determinó lo siguiente: - Los agravios de la recurrente son infundados pues el ordinal 1737 del Código Civil para la Ciudad de México señala que el albacea tiene la obligación de cumplir su encargo en el término de un año, contado a partir de su aceptación; y en la especie, ... aceptó y protestó su encomienda el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que a partir del día siguiente empieza a correr su plazo de un año, mientras que la fecha de presentación del incidente de remoción fue el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por lo que transcurrió más de un año, actualizándose las hipótesis contempladas en el diverso 1745 fracciones V y VII del citado ordenamiento legal. - Igualmente, si como lo refiere la recurrente existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, donde la ex cónyuge ... ha reclamado el cincuenta por ciento de los bienes de la masa hereditaria a través de su calidad de ex esposa y que ha promovido otros procedimientos, la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 1738 del Código invocado. - De ahí que, si no concluyó su encargo en el término de un año y no solicitó la prórroga respectiva, su calidad concluyó, de acuerdo a los arábigos 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México y fue correcta la remoción efectuada por el Juez natural. - También son infundados los agravios de la recurrente, pues con independencia de que se encuentre o no en el extranjero, tenía la obligación de terminar su encargo y rendir la cuenta anual de su administración como lo señala la ley, porque si no son aprobadas no se puede pasar a la sección siguiente y, si bien la rendición de cuentas de los años dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco ya habían sido aprobadas, también lo es que no fue así de los demás años y le corresponde como albacea rendir cuenta anual de su administración, conforme a los artículos 1706 fracción IV y 1722 del Código Civil para la Ciudad de México. - Luego, la actora del incidente de mérito promovió también el de objeción y oposición de cuentas, sin embargo, en nada perjudica la intervención de la recurrente como albacea, pues debe dar celeridad y continuidad a la denuncia intestamentaria en todas sus etapas procesales. - Es fundado que debió notificarse personalmente el requerimiento de presentar la cuenta general en el plazo de quince días, de acuerdo a lo establecido en el precepto 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; por lo que es procedente modificar el segundo resolutivo. Son infundados los conceptos de violación en los que la quejosa señala que incorrectamente se determinó que la impetrante debió haber solicitado una prórroga al existir diversos procedimientos, en razón de que se soslaya la figura de la interrupción de términos procesales; aunado a que dicha consideración no se encuentra fundada ni motivada. Lo anterior, porque contrario a lo aducido por la accionante de amparo, la sentencia reclamada sí fue emitida con apego a los principios de fundamentación y motivación, como se ve a continuación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable determinó que si bien existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, donde la ex cónyuge ... ha reclamado el cincuenta por ciento de los bienes de la masa hereditaria a través de su calidad de ex esposa, también lo es que la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el ordinal 1738 del Código invocado. Lo anterior, pues precisó que si no concluyó su encargo en el término de un año y no solicitó la prórroga respectiva, de acuerdo a los numerales 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México, fue correcta la remoción efectuada por el Juez natural. De lo que se evidencia que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en los preceptos 1738 y 1739 del Código Civil para la Ciudad de México, aplicables al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para confirmar lo determinado por el Juez de origen, que correspondía a la quejosa solicitar la prórroga respectiva, con independencia de la existencia de los procedimientos instaurados por la ex cónyuge del de cujus, en razón de que debió mediar petición de la recurrente. En el particular, de la resolución impugnada se advierte que la Sala responsable se pronunció de manera fundada y motivada, respecto de los agravios que hizo valer, emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión. Tales consideraciones evidencian también que contrario a lo expuesto por la quejosa, la Sala responsable sí realizó un estudio de sus argumentos en apelación, pues estableció que debió haber solicitado la aludida prórroga, sin que evadiera analizar la imposibilidad que expuso de los diversos juicios relacionados. Es así, debido a que en el acto reclamado sí se refirió que con independencia de los invocados procedimientos, debía existir solicitud de prórroga de por medio. Sin que pase inadvertido para el suscrito que la quejosa señale que se soslayó la interrupción invocada derivado de los diversos procedimientos que no dependen de su actuación para concluirse y que por éstos no se ha avanzado en la sucesión de origen, en virtud de lo que a continuación se expone. Los artículos 1737, 1738 y 1739 del Código Civil para el Distrito Federal establecen lo siguiente: "Artículo 1737.- El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento". "Artículo 1738.- Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al albacea el plazo señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año". "Artículo 1739.- Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que haya sido aprobada la cuenta anual del albacea, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia". En el primer precepto transcrito se establece un plazo para la conclusión del encargo de albacea, lo que se traduce en la obligación que tiene éste de llevar a cabo todos los trámites inherentes a su función dentro de dicho término. Ahora bien, el plazo aludido puede prorrogarse hasta por un año en los términos del siguiente precepto, siempre que exista una causa justificada y que la extensión sea aprobada por las dos terceras partes de la herencia, además de que se hubiese aprobado la cuenta anual del albacea, de acuerdo al último dispositivo. De acuerdo a lo anterior, no existe sustento alguno en la ley que permita que el encargo de albacea se extienda más allá de los dos años que se prevén en los dispositivos mencionados, máxime que la prórroga prevista tiene precisamente como finalidad que el plazo de un año establecido inicialmente no sea fatal y, por tanto, se advierte que el propio dispositivo toma en consideración la posibilidad de que acontezcan situaciones imprevistas, ajenas al propio albacea, que le impidan el cumplimiento de sus funciones en el término inicial. En este sentido, la prórroga establecida en el artículo 1738 del código en cita tiene como finalidad precisamente que el plazo inicial de un año contemplado en el diverso 1737 no sea perentorio o definitivo, sino que exista la posibilidad de que el mismo se prorrogue hasta por un término igual, es decir, por un año más. Sin embargo, ello no significa que dicha prórroga de un año pueda, a su vez, prorrogarse por existir circunstancias que así lo ameriten, pues tal situación no se prevé en el precepto en cita, en donde expresamente se establece que este plazo no puede exceder de un año. Es decir, se trata de un supuesto excepcional porque la regla general es que el encargo de albacea no debe tener una duración mayor a un año contado a partir de su aceptación, de donde se concluye que, solo cuando existan causas que así lo justifiquen y cuando se cuente con la aprobación de las dos terceras partes de la herencia (además de que se encuentre aprobada la cuenta anual rendida por el albacea), es que podrá tener lugar la referida prórroga, pero solo por el plazo de un año, dado que así limitativamente lo establece el artículo que nos ocupa cuando dispone que "la prórroga no excederá de un año". De esta forma, se estima que no resultan relevantes las distintas actuaciones que se describen en el fallo recurrido, pues lo cierto es que aun existiendo situaciones que hubiesen obstaculizado o dilatado el procedimiento y que no hubiesen sido consecuencia de la actuación del albacea, no menos lo es que la prórroga en la duración de su encargo no estaba sujeta a la actualización de tales circunstancias, por no preverse ello en las normas aplicables. A mayor abundamiento, debe señalarse que aun si se tomaran en cuenta dichas circunstancias, no debe perderse de vista que el albacea fue designada en su encargo en el año dos mil dieciséis, según se establece en la resolución reclamada, sin que existiera o manifestara imposibilidad alguna para desempeñar sus funciones o dar cumplimiento a sus obligaciones, aunado a que la impetrante presentó diferentes incidentes donde rindió cuentas de su administración, las cuales no fueron aprobadas derivado del incidente de oposición respectivo. De esta manera, no es suficiente para considerar que tales circunstancias hubiesen constituido un impedimento para que el albacea cumpliera con sus funciones. Aunado a ello, lo cierto es que se habría excedido el plazo previsto en la ley para la duración del encargo de albacea, sin que dichos preceptos establezcan la posibilidad de que, por causas ajenas al albacea, pudiera extenderse el periodo que limitativamente se establece en su texto, pues de la interpretación de los artículos 1737 a 1739 del Código Civil para el Distrito Federal, no es posible concluir que el plazo inicial de un año o la prórroga por el mismo lapso pudieran extenderse adicionalmente si acontecieran situaciones fuera del alcance o responsabilidad del albacea. Por el contrario, se reitera, del contenido de los preceptos en cita se advierte que la prórroga contenida en el segundo de ellos se estableció precisamente con el objetivo de que el plazo inicial de un año no fuese definitivo, sino que existiera la posibilidad de que el mismo fuese prorrogado, pero solo cuando existieran causas que así lo justificaran, lo que evidencia el carácter excepcional de dicha extensión. De ahí que, si de conformidad con los arábigos 1737 a 1739 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cargo de albacea no puede tener una duración mayor a dos años, entonces, en el caso se ha excedido dicho término, pues como se advierte de lo anteriormente expuesto, la albacea ha ejercido su encargo por un lapso mayor a ese plazo. Por lo que, resulta infundado que se aplicaron incorrectamente dichos preceptos, por lo que asimismo deben desestimarse los conceptos de violación señalados. De otro lado, es inoperante lo que señala la impetrante en cuanto a que se debe analizar la actuación de la Juez de origen de revocar de oficio las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco, sin haberle dado vista, declarando de hecho la nulidad de todo lo actuado y que es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de diverso albacea, puesto que el estancamiento del procedimiento sucesorio de origen, atiende a diversos procedimientos que no dependen de su actuación. En efecto, los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando no atacan las consideraciones que dieron lugar al acto reclamado son inoperantes, puesto que deben estar orientados a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6º.C, J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.- Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." También, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." Ahora bien, de la confrontación de los conceptos de violación con el contenido de la resolución reclamada, claramente, se advierte, que no se controvierten las consideraciones que la sustentan y que son esencialmente los relativos a que: - Son infundados sus agravios, ya que ... aceptó y protestó su cargo el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que a partir del día siguiente comenzó a correr su plazo de un año. - Existen diversos juicios en contra de la sucesión de origen, sin embargo la recurrente debió solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 1738 del Código invocado. - Independientemente de que se encuentre o no en el extranjero, tenía la obligación de terminar su encargo y rendir la cuenta anual de su administración, conforme a los ordinales 1706 fracción IV y 1722 del Código Civil para la Ciudad de México. - La objeción y oposición de cuentas no perjudica la intervención de la albacea, pues debe dar celeridad y continuidad a la denuncia intestamentaria en todas sus etapas procesales. - Se debió notificar personalmente el requerimiento de presentar la cuenta general en el plazo de quince días, de acuerdo a lo establecido en el precepto 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. De lo anterior, se aprecia que con los motivos de inconformidad en estudio no se combaten esas consideraciones de la resolución reclamada. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a pedir un estudio de una resolución diversa al acto reclamado, como es la revocación de las resoluciones aprobadas en los incidentes de rendición de cuentas correspondientes a los años dos mil tres al dos mil cinco sin haberle dado vista, que citó la impetrante, o bien, que es injusto y discriminatorio que se le imputen las cuentas de diverso albacea, cuando de ello nada se determinó en la sentencia reclamada. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, y al no estar en el caso de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el precepto 79 de la Ley de Amparo, procede NEGAR a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos expuesto en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO EN DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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