Prisila Fernanda Salado Landeros
Expediente 935/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Prisila Fernanda Salado Landeros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. En la inteligencia que dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General señalado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las copias que adjuntó al rendir su informe justificado.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 935/2020-V; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, turnado en su momento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, Prisila Fernanda Salado Landeros, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, radicándolo bajo el número de expediente 563/2020, asimismo, requirió a las responsables su informe justificado, dio intervención legal al agente del ministerio público de la federación adscrito y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el juzgado homólogo remitió el sumario en cuestión a este Juzgado de Distrito, en atención al conocimiento previo que éste tiene sobre dicho asunto; y el dos de diciembre del año anterior, entre otras cosas, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del mismo y se convalidaron las actuaciones del homólogo, asimismo dio la intervención que le compete a la representación social, señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. Luego, en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denomino como Jefe de Grupo y Agentes de la Policía de Investigación del Estado de México. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; en virtud de que se reclama un acto con ejecución dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en el presente asunto se reclama: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, y Fiscal General de Justicia, ambos del Estado de México, la orden de aprehensión, reaprehensión o captura girada en su contra en la carpeta administrativa 1078/2017 y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. La autoridad responsable Fiscal General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con medio probatorio alguno. En esas condiciones, es procedente sobreseer en el presente juicio por lo que hace a dicha autoridad por inexistencia de acto, de conformidad con la fracción IV del numeral 61 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del Acto Reclamado El Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México indicó que es cierto el acto reclamado al momento de rendir su informe con justificación Lo que se corrobora con las constancias que remitió, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Procedencia del Juicio Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia contenida en la fracción XI3 del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se reclama en el presente juicio fue materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo (cosa juzgada). Se sostiene lo anterior, ya que de las constancias que fueron allegadas al juicio se aprecia que dentro de la carpeta administrativa 1078/2017 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, el cuatro de junio de dos mil diecisiete se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la hoy quejosa Priscila Fernanda Salado Landeros y otro, por el hecho delictuoso de robo con las agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, determinación contra la cual la representante social interpuso recurso de apelación. Luego, al resolver dicho recurso, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado De México determinó revocar el auto referido y dictar auto de vinculación a proceso en contra de ambas personas, por lo que, en acatamiento a dicha resolución, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó la búsqueda, localización y reaprehensión de la quejosa y otro (acto reclamado). Ahora bien, es un hecho notorio para el suscrito que el juicio de amparo 350/2018 del índice de este Juzgado de Distrito, fue promovido por Priscila Fernanda Salado Landeros (aquí quejosa) y Alejandro Guevara Valdivia en contra de la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia girada en su contra y su ejecución, la cual atribuyeron a diversas autoridades, quienes, al rendir sus informes justificados señalaron la existencia de la orden de reaprehensión girada el seis de diciembre de dos mil diecisiete en contra de dichas personas, por el delito de robo con las agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, dentro de la carpeta administrativa 1078/2017 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; sumario en el que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa y otro, el diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, fallo que causó ejecutoria el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ordenándose el archivo de tal asunto. En ese tenor, es evidente que el acto reclamado en ambos juicios es idéntico, por lo que éste ya fue materia de una ejecutoria de amparo, de ahí que sobre él existe cosa juzgada, de modo que no se puede analizar de nueva cuenta. Apoya a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011383 , de título: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el siete de abril de dos mil veintiuno, se entabló comunicación vía telefónica con Armando Gómez Segura secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con Residencia en la Ciudad de México, en la que manifestó que no obra ninguna constancia pendiente por enviar al presente órgano jurisdiccional en virtud del conocimiento previo planteado por dicho homólogo. Asimismo manifiestó que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto de la vista otorgada en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se le informó el impedimento para entregar el oficio 1374/2020 dirigido a la autoridad Jefe de Grupo y Agentes de la Policía de Investigación del Estado de México. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el auto en cita y se tiene por inexistente a la autoridad aludida.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.
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