Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Estado de México
Expediente 1630/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Instituto de Transparencia, Acceso a las Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), los legajos de pruebas que remitió para la substanciación del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1630/2018-III-B, PROMOVIDO POR MIRIAM ESCALONA PIÑA, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA:... Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual hace del conocimiento el proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, en el que se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por ...., del periodo de 2016-2018, y ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo DC. 511/2018, así como ocho copias de la demanda, siete anexos y dieciocho legajos a la autoridad correspondiente; fórmense los anexos correspondientes y acúsese recibo. RADICACIÓN Y ANOTACIONES Por las razones que expone la autoridad declinante, este juzgado se acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Mirian Escalona Piña, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo Estado de México, del periodo de 2016-2018, personalidad que se le reconoce en términos de la constancia copia de la constancia de mayoría de diez de junio de dos mil quince. Infórmese lo anterior a la superioridad, y regístrese bajo el número 1630/2018-III-B. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - -La resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de México y Municipios (INFOEM), en el recurso de revisión 02317/INFOEM/IP/RR/2018, y sus acumulados 02318/INFOEM/IP/RR/2018, 02319/INFOEM/IP/RR/2018, 02320/INFOEM/IP/RR/2018, 02321/INFOEM/IP/RR/2018, 02322/INFOEM/IP/RR/2018, 02323/INFOEM/IP/RR/2018, 02324/INFOEM/IP/RR/2018, 02325/INFOEM/IP/RR/2018, 02326/INFOEM/IP/RR/2018, 02327/INFOEM/IP/RR/2018, 02328/INFOEM/IP/RR/2018, 02329/INFOEM/IP/RR/2018, 02330/INFOEM/IP/RR/2018, 02331/INFOEM/IP/RR/2018, 02332/INFOEM/IP/RR/2018 y 02333/INFOEM/IP/RR/2018, que determina revocar la respuesta del sujeto obligado y proporcionar la información solicitada por Rosa María Torres Valdespino, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en los términos ahí precisados. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, este órgano federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7°, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes" El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que es improcedente el juicio biinstancial cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de dicha legislación, como en el caso concreto acontece, en que la inejercibilidad proviene de la interpretación en sentido contrario al artículo 7°, como a continuación se evidencia. Del segundo numeral transcrito se aprecia que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Sobre el tópico, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal en el país, al resolver en la contradicción de tesis 374/2016, estableció que la disposición establecida en este precepto normativo no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, que además, constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse esta hipótesis, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación para interponer ese medio de control constitucional. Ello -dijo-, obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. De manera que, la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando que se encuentre en aptitud de poner en ejercicio los medios que la ley le concede a las personas civiles, como el juicio biinstancial. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), publicada el veinte de octubre de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Bajo el esquema apuntado, resulta incuestionable que la moral quejosa Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Estado de México, carece de legitimidad para promover el presente juicio de amparo, pues aun y cuando alegue que acude al presente juicio de amparo a fin proteger los datos personales de sus subordinados, lo cierto es que dicho acto no afecta directamente a un particular titular de algún derecho público subjetivo oponible al Estado en contra de un acto nacido en una relación de supra-subordinación, si no que dicha personal moral se encuentra sometida a la obligación y al cumplimiento de proporcionar la información que solicitan los particulares, tal y como se encuentra establecido en los artículos 7 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. De ahí que la moral quejosa manifiesta que acude al Juicio de Amparo a fin de salvaguardar la información que señala, se entiende que no acude a juicio en defensa de derechos individuales, como cualquier gobernado, si no con la pretensión de que observe la ley que lo regula como ente público poseedor de determinada información que no desea que sea del conocimiento de la persona que así lo solicitó. Sirve de apoyo lo anterior, Tesis Aislada (Administrativa), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en la página 2388, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS MORALES OFICIALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE SUS RESOLUCIONES. Si el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver el recurso de revisión previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, interpuesto por un particular contra la determinación de un comité de información que acordó confirmar el carácter de reserva de cierta documentación, la revoca ordenando a la dependencia en cuestión que entregue y reclasifique la información solicitada, tal resolución no actualiza la procedencia del juicio de garantías que la persona moral afectada con aquélla intentara, ya que, en el caso, el amparo no se promueve por un particular como titular de derechos públicos subjetivos oponibles al Estado en contra de un acto nacido en una relación de supra-subordinación, como la existente entre el Estado y los gobernados. Lo anterior, en virtud de que los diversos sujetos obligados al cumplimiento de la ley mencionada, por su condición de entes públicos están sometidos a un régimen exorbitante, que si bien, desde luego, los somete a ciertas pautas de conducta, no puede ser materia de examen a través de un juicio de amparo, considerando que éste no se creó para salvaguardar los principios de unidad y coherencia de la actividad pública, ni para resolver los conflictos que pudieran suscitarse entre los entes públicos de diferente jerarquía o posición en el ordenamiento. Sin que sea óbice a lo expuesto que el artículo 9o. de la Ley de Amparo autorice a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas, pues tal supuesto debe entenderse sólo en el caso de que éstos acudan en defensa de sus derechos privados, pero no con el objeto de protegerse contra actos de instituciones del propio Estado; por ende, si una persona moral oficial solicita el amparo de la Justicia Federal, en virtud de que se revocó la determinación emitida por su comité de información, que acordó confirmar el carácter de reserva de cierta documentación, es inconcuso que carece de legitimación para hacerlo, porque no acudió al juicio en defensa de derechos individuales, como cualquier gobernado, sino con la pretensión de que observe la ley que lo regula como ente público poseedor de determinada documentación que no desea hacer del conocimiento de cierto particular, lo que hace improcedente la acción intentada.". Ahora bien al haber sido vinculada al cumplimiento de la resolución cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio, en la que se dirimió que entregara la información solicitada por un gobernado, se observa que no viene al juicio de Amparo "por propio derecho", si no en carácter de autoridad que se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución y lo hace en acatamiento a una resolución dirigida al Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México; por lo cual, su actuación no deviene de un plano de igualdad como una persona moral de derecho privado en defensa de sus intereses, si no que actúa en calidad de un ente administrativo poseedor de información, lo cual se traduce en un ente de derecho público en ejercicio de las facultades que las leyes le otorgan para el cumplimiento de las funciones públicas encomendadas. Apoya lo anterior la Tesis Aislada(Administrativa), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1453, que al rubro y texto dictan: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE AQUÉL. Conforme al artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública son definitivas para las dependencias y entidades de la administración pública federal. Por tanto, cuando conminan a una dependencia o entidad a entregar copias certificadas de la información que le solicitó un particular, pero no contienen alguna determinación de índole particular atribuible a un servidor público que forme parte del comité de información obligado, al margen de su relación con la administración pública, susceptible de infringir sus derechos fundamentales como persona física, afectando su esfera jurídica (único supuesto en el que un servidor público, por derecho propio, precisamente por actualizarse una afectación a sus intereses personales y no a los institucionales que representa y ejecuta con motivo de su encargo público, estaría legitimado para promover el juicio de amparo), es incuestionable que "por su propio derecho" no tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de garantías, porque al dar cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución lo hace acatando un acto de autoridad dirigido a la dependencia o entidad a la que está adscrito pero sólo en cuanto ocupa un cargo, en ejercicio de sus facultades y no con motivo de los intereses que como persona física le corresponden, es decir, no existe una afectación directa de éstos dado que la determinación del instituto combatida no incide en sus derechos individuales y personales." De ahí que, al no satisfacer el supuesto establecido en el numeral 7°, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para acudir en esta vía constitucional. Por lo tanto, con fundamento en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7°, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y en caso contrario, sólo será para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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