Principio Bustamante Lambarén
Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2023
Partes del expediente
- Principio Bustamante Lambarén
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Varonil Oriente y otras autoridades. Fijación de la litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: La orden de traslado del quejoso y su ejecución. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 419/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, el quejoso se duele de la orden de traslado de un centro de reclusión penitenciaria a otro, así como de su ejecución. Sobre ese tópico, el artículo 117, fracción III, de la citada ley especial, señala que las personas privadas de su libertad tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias, en la especie la orden de traslado; esto es, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando el interno no hubiese sido notificado previamente. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia, siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Ahora bien, no pasa desapercibido que el aquí quejoso manifestó en el apartado de antecedentes de su escrito inicial de demanda que promovió una controversia judicial el dieciséis de mayo último, por lo que no existe claridad respecto a si fue el caso que se le notificó ese mismo día que sería trasladado, o bien, se le haya notificado posiblemente "la calificación de legal traslado" realizada por parte del Juez de Ejecución, se itera, conforme a lo expuesto bajo protesta de decir verdad por el justiciable. Cabe precisar que, que si nos encontramos bajo el supuesto en que el Juez de Ejecución ya hubiese calificado su traslado a diverso centro penitenciario, entonces el amparista no agotó el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que en el Capítulo V, del Título Segundo, que prevé lo relativo a los "Traslados" de las personas sujetas a prisión preventiva, sentenciadas y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional. Por ende, se actualizaría causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que reza lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, clasifica y sistematiza los traslados, de los cuales, se desprenden los siguientes: 1. Traslado voluntario de la persona privada de su libertad dentro del territorio nacional (artículo 50). Opera cuando: Existe un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, entre la entidad correspondiente y la Federación. Se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Federal. Exista el interés de la persona sentenciada a ser trasladada, para lo cual, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso, con asistencia de su defensor (no procede el traslado a petición de parte, tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada). A otro país, cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. Traslado involuntario de la persona privada de la libertad procesada o sentenciada (artículo 51). Debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Lo podrá solicitar la autoridad penitenciaria en audiencia ante el Juez de Ejecución; o, en caso de emergencia, por cualquier medio. En caso de personas sujetas a prisión preventiva, el traslado involuntario podrá realizarse a petición del ministerio público ante el Juez de Control. 3. Excepción al traslado involuntario de personas privadas de la libertad (artículo 52). Lo podrá ordenar y ejecutar la autoridad penitenciaria, como caso de excepción al artículo 50 de Ley Nacional (traslado voluntario). Opera en los siguientes supuestos: I. En caso de delincuencia y medidas especiales de seguridad. II. En caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. La autoridad penitenciaria lo ordena mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. El Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial (calificación de legalidad de la determinación administrativa de traslado) se podrá interponer el recurso de apelación. En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad de la determinación administrativa de traslado, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Como se ve, tratándose del traslado previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pueden existir dos tipos de resoluciones: a) La determinación administrativa de traslado, ordenada por la autoridad penitenciaria. b) La resolución judicial de calificación de legalidad de la determinación administrativa de traslado, dictada por el juez competente. Para cada una de estas resoluciones, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de revisión oficiosa y de impugnación diferente. Tratándose de la resolución administrativa de traslado ordenada por la autoridad penitenciaria: Será revisada de oficio por el Juez competente, quien calificará su legalidad. De no existir dicha resolución judicial (calificación de legalidad del traslado), debido a que la autoridad penitenciaria no notificó al Juez competente la orden administrativa de traslado, o porque el Juez no emitió su resolución dentro del plazo de ley; la persona privada de su libertad, podrá interponer ante el Juez de Ejecución, la "controversia judicial" prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra de la resolución administrativa de traslado, que reza: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente (.).". Tal controversia judicial se sustanciará conforme al sistema adversarial y oral, regido por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, en el que la persona privada de su libertad, deberá contar con una defensa adecuada; además, se prevé la suspensión del acto impugnado; se otorga al impugnante la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas; la oportunidad de alegar; y a que el Juez de Ejecución, de proceder la controversia, emita una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Asimismo, en contra de esa resolución que resuelva el fondo de la litis en la controversia judicial emitida por el Juez de Ejecución o en el supuesto de que dicha autoridad jurisdiccional si se haya pronunciado respecto a la legalidad del traslado, como pudo suceder en la especie, procede interponer recurso de apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 132, fracción VII, de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados (.).". En ese sentido, ya que el quejoso refirió bajo protesta de decir verdad que reclama el traslado mismo que indiciariamente pudo ser calificado de legal por el Juez de Ejecución, se actualizaría, como ya se señaló, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que determina que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se debe agotar el medio ordinario de defensa que la ley del acto prevé, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; pues de no hacerlo así, el amparo indirecto será improcedente. Efectivamente, si el traslado fue calificado por un Juez, el amparista debió interponer el recurso de apelación en contra de tal calificación de legal; por tanto, es inconcuso que previo a acudir al amparo, debió impugnar dicha resolución, en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en atención al principio de definitividad. En ese sentido, el establecimiento del tipo de traslado reclamado (traslado voluntario, involuntario y por excepción), es parámetro para colegir la procedencia o no del juicio de amparo, conforme al principio de definitividad, que lo rige, pues dependiendo del asunto en específico, será la hipótesis de improcedencia que pudiera actualizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de la Materia, que analiza dicho principio, diferenciando entre las resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los actos de autoridades distintas a los tribunales antes mencionados. Así, en la especie, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, si bien es cierto que no se tiene plena certeza de que el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro, fue emitido por una autoridad administrativa y revisado por el Juez de Ejecución para poder calificar su legalidad, lo cierto es que el aquí quejoso, debió interponer ante la autoridad judicial el medio ordinario de impugnación para combatirlo, esto es, la controversia judicial o el recurso de apelación previsto en el ordinal 132 la ley especial -en su caso-, previo a la promoción del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Al no haber actuado de ese modo, se debe desechar la demanda de amparo al no haber agotado el principio de definitividad, porque el acto reclamado queda comprendido dentro de la hipótesis normativa que la Ley Nacional de Ejecución Penal denomina "excepción al traslado involuntario", previsto por el artículo 52 de dicha normativa, que señala: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". Merecen invocarse por el tema que analizan, la jurisprudencia y la tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.".; y, Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. Así las cosas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado referida el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoria y manifiesta improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Varonil Oriente y otras autoridades. Fijación de la litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: La orden de traslado del quejoso y su ejecución. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 419/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, el quejoso se duele de la orden de traslado de un centro de reclusión penitenciaria a otro, así como de su ejecución. Sobre ese tópico, el artículo 117, fracción III, de la citada ley especial, señala que las personas privadas de su libertad tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias, en la especie la orden de traslado; esto es, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando el interno no hubiese sido notificado previamente. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia, siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Ahora bien, no pasa desapercibido que el aquí quejoso manifestó en el apartado de antecedentes de su escrito inicial de demanda que promovió una controversia judicial el dieciséis de mayo último, por lo que no existe claridad respecto a si fue el caso que se le notificó ese mismo día que sería trasladado, o bien, se le haya notificado posiblemente "la calificación de legal traslado" realizada por parte del Juez de Ejecución, se itera, conforme a lo expuesto bajo protesta de decir verdad por el justiciable. Cabe precisar que, que si nos encontramos bajo el supuesto en que el Juez de Ejecución ya hubiese calificado su traslado a diverso centro penitenciario, entonces el amparista no agotó el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que en el Capítulo V, del Título Segundo, que prevé lo relativo a los "Traslados" de las personas sujetas a prisión preventiva, sentenciadas y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional. Por ende, se actualizaría causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que reza lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, clasifica y sistematiza los traslados, de los cuales, se desprenden los siguientes: 1. Traslado voluntario de la persona privada de su libertad dentro del territorio nacional (artículo 50). Opera cuando: Existe un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, entre la entidad correspondiente y la Federación. Se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Federal. Exista el interés de la persona sentenciada a ser trasladada, para lo cual, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso, con asistencia de su defensor (no procede el traslado a petición de parte, tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada). A otro país, cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. Traslado involuntario de la persona privada de la libertad procesada o sentenciada (artículo 51). Debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Lo podrá solicitar la autoridad penitenciaria en audiencia ante el Juez de Ejecución; o, en caso de emergencia, por cualquier medio. En caso de personas sujetas a prisión preventiva, el traslado involuntario podrá realizarse a petición del ministerio público ante el Juez de Control. 3. Excepción al traslado involuntario de personas privadas de la libertad (artículo 52). Lo podrá ordenar y ejecutar la autoridad penitenciaria, como caso de excepción al artículo 50 de Ley Nacional (traslado voluntario). Opera en los siguientes supuestos: I. En caso de delincuencia y medidas especiales de seguridad. II. En caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. La autoridad penitenciaria lo ordena mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. El Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial (calificación de legalidad de la determinación administrativa de traslado) se podrá interponer el recurso de apelación. En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad de la determinación administrativa de traslado, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Como se ve, tratándose del traslado previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pueden existir dos tipos de resoluciones: a) La determinación administrativa de traslado, ordenada por la autoridad penitenciaria. b) La resolución judicial de calificación de legalidad de la determinación administrativa de traslado, dictada por el juez competente. Para cada una de estas resoluciones, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de revisión oficiosa y de impugnación diferente. Tratándose de la resolución administrativa de traslado ordenada por la autoridad penitenciaria: Será revisada de oficio por el Juez competente, quien calificará su legalidad. De no existir dicha resolución judicial (calificación de legalidad del traslado), debido a que la autoridad penitenciaria no notificó al Juez competente la orden administrativa de traslado, o porque el Juez no emitió su resolución dentro del plazo de ley; la persona privada de su libertad, podrá interponer ante el Juez de Ejecución, la "controversia judicial" prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra de la resolución administrativa de traslado, que reza: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente (.).". Tal controversia judicial se sustanciará conforme al sistema adversarial y oral, regido por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, en el que la persona privada de su libertad, deberá contar con una defensa adecuada; además, se prevé la suspensión del acto impugnado; se otorga al impugnante la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas; la oportunidad de alegar; y a que el Juez de Ejecución, de proceder la controversia, emita una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Asimismo, en contra de esa resolución que resuelva el fondo de la litis en la controversia judicial emitida por el Juez de Ejecución o en el supuesto de que dicha autoridad jurisdiccional si se haya pronunciado respecto a la legalidad del traslado, como pudo suceder en la especie, procede interponer recurso de apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 132, fracción VII, de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados (.).". En ese sentido, ya que el quejoso refirió bajo protesta de decir verdad que reclama el traslado mismo que indiciariamente pudo ser calificado de legal por el Juez de Ejecución, se actualizaría, como ya se señaló, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que determina que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se debe agotar el medio ordinario de defensa que la ley del acto prevé, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; pues de no hacerlo así, el amparo indirecto será improcedente. Efectivamente, si el traslado fue calificado por un Juez, el amparista debió interponer el recurso de apelación en contra de tal calificación de legal; por tanto, es inconcuso que previo a acudir al amparo, debió impugnar dicha resolución, en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en atención al principio de definitividad. En ese sentido, el establecimiento del tipo de traslado reclamado (traslado voluntario, involuntario y por excepción), es parámetro para colegir la procedencia o no del juicio de amparo, conforme al principio de definitividad, que lo rige, pues dependiendo del asunto en específico, será la hipótesis de improcedencia que pudiera actualizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de la Materia, que analiza dicho principio, diferenciando entre las resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los actos de autoridades distintas a los tribunales antes mencionados. Así, en la especie, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, si bien es cierto que no se tiene plena certeza de que el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro, fue emitido por una autoridad administrativa y revisado por el Juez de Ejecución para poder calificar su legalidad, lo cierto es que el aquí quejoso, debió interponer ante la autoridad judicial el medio ordinario de impugnación para combatirlo, esto es, la controversia judicial o el recurso de apelación previsto en el ordinal 132 la ley especial -en su caso-, previo a la promoción del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Al no haber actuado de ese modo, se debe desechar la demanda de amparo al no haber agotado el principio de definitividad, porque el acto reclamado queda comprendido dentro de la hipótesis normativa que la Ley Nacional de Ejecución Penal denomina "excepción al traslado involuntario", previsto por el artículo 52 de dicha normativa, que señala: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". Merecen invocarse por el tema que analizan, la jurisprudencia y la tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.".; y, Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. Así las cosas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado referida el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoria y manifiesta improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. ".
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