Primera Sala Penal En la Ciudad de México

Expediente 520/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
520/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • SUPERVISORA DELEGACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA UNIDDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y Otros.
  • Primera Sala Penal En la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Incidental

    Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe previo de cuenta, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer nueva relación del mismo al tener verificativo la audiencia incidental. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la autoridad oficiante, el que señala, y como delegados, en términos del precepto 9°, del ordenamiento invocado, a las personas que menciona. Por lo que hace a la utilización de grabadora, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su uso; lo anterior, ya que no es el medio idóneo para imponerse de autos. Por otra parte, atento a las razones actuariales de cuenta se tiene como inexistentes a las siguientes autoridades LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII y XXX, RESPECTIVAMENTE, DE LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA DELEGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Por ello se suspende cualquier comunicación procesal con éstas. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Se ADMITE la demanda de amparo promovida por Víctor Armando Rendón Alatorre, en su carácter de apoderado legal de Pablo Ángel Rendón Ojeda, contra actos del Primera Sala Penal en la Ciudad de México y otras autoridades, personalidad que acredita con el poder notarial 32105, pasado ante la fe del notario Juan Guillermo Domínguez Meneses, Notario Público número ciento cincuenta y nueve de la Ciudad de México. Personalidad que se le tiene por acreditada con base en el inciso f), del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico en virtud que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el poder exhibido en la demanda vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Asimismo, se tiene como hecho notorio, que en el juicio de amparo 734/2017-IV, del índice de este juzgado federal fue exhibido el original del poder notarial mencionado en párrafos precedentes, y devuelto al promovente, por lo que dicha personalidad se tiene por corroborada en dicho juicio de amparo. Consideración previa Juzgados Penales El quejoso señaló como autoridades responsables, entre otros a los juzgados tercero, cuarto, octavo, décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, vigésimo, vigésimo noveno, quincuagésimo segundo, sexagésimo segundo y sexagésimo octavo todos penales en la Ciudad de México; sin embargo, atendiendo al contenido del Acuerdo General 12-40/2016, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se advierte la desaparición de los citados órganos jurisdiccionales; en consecuencia, la demanda no será admisible respecto de ellos. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 520/2018-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fórmese incidente de suspensión por duplicado. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a las autoridades responsables Que rindan sus informes justificados, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. Informen si han ordenado o tengan en vía de ejecución algún diverso acto privativo de libertad diverso a los reclamados. Apercibimientos a las autoridades responsables En caso de incumplimiento, se harán acreedores a lo siguiente: Multa de cien unidades de medida y actualización. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización. Pruebas. Se tiene como pruebas de la parte quejosa la documental que agrega a su libelo, mismas que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, (artículo 119 Ley de Amparo). Con las documentales anexadas por la parte quejosa y para el mejor manejo del presente juicio de amparo, ábrase el anexo I. Autorización vía fax Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado vía fax al 01 (55) 53 22 17 00 extensión 1263, confirmación 1270. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades que señala a las personas que indica. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Expediente electrónico Atento a la solicitud de la parte quejosa, respecto la imposición de autos a través de la consulta del expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que en el escrito de demanda se proporciona el nombre de usuario, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE adscrita, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, infórmese a la parte solicitante que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página respectiva del Consejo de la Judicatura Federal. Inexistencia de autoridades En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones procesales, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la Asistente Jurídica (SISE).

  3. Incidental

    Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 520/2018-IV, promovido por Víctor Armando Rendón Alatorre, en su carácter de apoderado legal de Pablo Ángel Rendón Ojeda, contra acto de Primera Sala Penal en la Ciudad de México y otras autoridades; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 260, fracción I de la materia; en el entendido que de ser ciertos los actos reclamados, deberá manifestar de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que haya ordenado los actos que en esta vía se combaten, consistente en: Orden de aprehensión (captura y/o restricción, privación de la libertad, así como las medidas cautelares que tengan por objeto privar de la libertad al quejoso) Orden de detención Ordenes de presentación, comparecencia, búsqueda y/o localización Orden de arresto Citatorio y medidas de apremio que contenga Su ejecución Se señalan las diez horas con cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Suspensión por la orden de aprehensión (captura y/o restricción, privación de la libertad, así como las medidas cautelares que tengan por objeto privar de la libertad al quejoso) y su ejecución Considerando que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión (captura y/o restricción, privación de la libertad, así como las medidas cautelares que tengan por objeto privar de la libertad al quejoso), así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la ley de la materia, se concede a Pablo Ángel Rendón Ojeda, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión y su ejecución; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. Suspensión en caso de que el hecho que la ley señala como delito por el que se dicte sea de los que requieren prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 19 Constitucional. - Si el hecho que la ley señala como delito por el cual es dictada la orden privativa reclamada es de los que requieren prisión preventiva oficiosa, la suspensión no impedirá que se les prive de su libertad, sino únicamente que queden a disposición de este juzgado en el lugar donde deban recluirse en cuanto a su libertad personal, y a la del juez de la causa por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. -Si la orden de captura se giró con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Suspensión por la orden de detención y su ejecución Por otra parte, considerando que reclama una orden de detención así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la ley de la materia, se concede a Pablo Ángel Rendón Ojeda, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias de averiguación y persecución de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Cuando se les pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Si se trata de un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa. Si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida. Si se le sorprende en flagrante delito. Medidas de aseguramiento comunes que deben cumplirse a fin de que surta efectos la suspensión concedida por los actos privativos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y detención, así como su ejecución -De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá exhibir dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directo quejoso, y a satisfacción de este juzgado. Cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo en vigor. La que se fija de manera discrecional, sólo tomando en consideración el número y tipo de autoridades señaladas como responsables, ya que hasta el momento sólo se cuenta con lo informado por la parte quejosa en su libelo de prerrogativas fundamentales y no así con elementos suficientes para determinar la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la parte quejosa, no desatendiendo que la parte quejosa refiera los ingresos que percibe; sin embargo no existen indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia; por tanto, se requiere a la autoridad judicial responsable que acepte la orden combatida, para que remita junto a su informe previo, copia certificada de las constancias de las que se desprenda dicha información. -Dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca a rendir su declaración ante el Juez responsable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, aun cuando exhiba la garantía procedentemente fijada, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto; en el entendido de que la anterior obligación será exigible una vez que conozca la autoridad que emitió el acto reclamado, derivado de los informes previos, quedando obligado de acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado. Por otra parte, en caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener las siguientes leyendas: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito" "No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.". Suspensión por las órdenes de presentación, comparecencia, búsqueda y/o localización, así como su ejecución Ahora bien, considerando que los actos reclamados señalados por la parte quejosa como orden de presentación, comparecencia, búsqueda y/o localización, así como su ejecución, y que en la especie se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 139 y 163, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 128 y 131 de la propia ley, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con su ejecución se causarían a los promoventes daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a Pablo Ángel Rendón Ojeda, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran, pues al tratarse de actos de autoridad emitido por un juez quedaría sin materia el juicio de amparo del que deriva el presente incidente en caso de no concederse la medida, por lo que debe preservarse, sin que pueda restringirse su libertad deambulatoria por ningún motivo. Dicha medida surte sus efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno en el supuesto de que la quejosa no tenga el carácter de víctima u ofendido en la causa penal de origen. Tampoco surtirá efectos la presente medida cautelar cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión o detención o si se trata de un delito que requiera prisión preventiva oficiosa. Suspensión respecto de la orden de arresto, así como su ejecución. Ahora bien, considerando que reclaman una orden de arresto, así como su ejecución, y que se actualizan, en la especie, la hipótesis prevista en el artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 128, de la propia ley, en virtud de que la quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a Pablo Ángel Rendón Ojeda la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se les prive de su libertad personal, con motivo de la ejecución de la orden de arresto; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. Medida suspensional que se concede, sin que haya lugar a imponerle las obligaciones relativas a constituir garantía para que surta efectos la misma y a comparecer ante la autoridad que le requiere, ni ninguna otra de las medidas de aseguramiento prevista en el artículo 136, de la Ley de Amparo, habida cuenta que, el arresto como medio de apremio que puede imponer la autoridad competente, para hacer cumplir sus determinaciones, no tiene igual naturaleza que una orden de detención o de aprehensión, girada respectivamente por un agente del Ministerio Público o por un juez, en investigación de un delito y del delincuente. No obstante lo anterior, en caso de que la parte quejosa comparezca ante la autoridad responsable y ello dé lugar a que quede sin efectos la orden de arresto y su ejecución, se requiere a esta última para que, de inmediato lo comunique a este juzgado, en el entendido que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe hacer la aclaración que dicha medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno en el supuesto de que se le pretenda privar de la libertad por actos posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en flagrante delito. Suspensión respecto el citatorio reclamado Ahora bien, con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión provisional, respecto del efecto y consecuencia del acto reclamado, se toma en consideración que el mismo consiste en el citatorio girado en contra del quejoso. En ese sentido, para determinar la procedencia de la concesión o negativa de la providencia precautoria solicitada debe tener como punto de partida el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual establece -en la parte que interesa- lo siguiente: ". la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.". Ahora, el acto reclamado tiene como finalidad que la parte quejosa comparezca ante la autoridad ministerial con la finalidad de investigación y persecución de los delitos, por lo que conceder la suspensión implicaría impedir la obligación del Ministerio Público de perseguir delitos, y el interés público de esta función. Asimismo, se cuenta con el interés de la sociedad de esclarecer los hechos y en su caso buscar la imposición de una pena (cuestiones que son de interés público), por lo que conceder la suspensión en los términos solicitados por la quejosa, llevaría a impedir la función encomendada al Ministerio Público por el artículo 21 de la Constitución Federal para la investigación y persecución de los delitos. Con lo anterior y ante el conflicto de interés del quejoso con el de la sociedad, debe prevalecer el interés público, por lo que debe negarse la suspensión provisional al considerar, como se adelantó, que en el caso no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que la quejosa se encuentre dentro de los supuestos de excepción previstos en el artículo 222 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México y el artículo 243 del Código de Federal de Procedimientos Penales. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la ley de Amparo, se niega la suspensión provisional Pablo Ángel Rendón Ojeda. Suspensión respecto de las medidas de apremio contenidas en el citatorio Por otra parte, por lo que hace a las medidas de apremio contenidas en el citatorio del que se duele el quejoso, se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; en consecuencia, se concede a Pablo Ángel Rendón Ojeda, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de no se haga efectiva ninguna medida de apremio con motivo del citatorio reclamado, lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida no surte efectos si el apercibimiento proviene de autoridad diversa a la aquí señalada como responsable. Autoridades inexistentes Dígase a los quejosos, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderá comunicaciones procesales con las mismas, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17, constitucional, que privilegia al principio de impartición de justicia pronta y expedita y al de celeridad procesal. Copias Finalmente, atento a la solicitud de la parte quejosa expídase copia certificada por un tanto de la presente determinación; no así por duplicado, ello dado que dicho derecho se colma cuando éstas se expidan por primera vez o en un solo tanto, atento al artículo 278 de Código Federal de Procedimientos Civiles; lo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos, resulta aplicable la tesis de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.". Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano