Prestadora de Servicios Anconi, Sociedad Civil
Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Prestadora de Servicios Anconi, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el nueve de febrero de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con el estado de autos, la certificación que antecede y con el estado de autos . Conste.León, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector; en consecuencia, se analiza de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efecto del amparo. Por lo expuesto, a fin de restituir a la peticionaria en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la ley de la materia, se impone conceder el amparo y protección contra la decisión reclamada para el efecto de que la autoridad responsable: I. Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno dictado en el juicio oral familiar 5587/2020-F, en la parte que desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa; y II. De forma fundada y motivada, emita una nueva determinación en la que, de conformidad con los lineamientos señalados en esta sentencia, provea de nueva cuenta sobre el recurso de revocación interpuesto por la peticionaria, y considere que sí está legitimada para promover el aludido medio de defensa. En el entendido de que esta resolución solo tiene el alcance de determinar que la parte quejosa está legitimada para promover el medio de defensa, pero no prejuzga ni obliga a la responsable a admitirlo, por lo que deberá, a su decisión, determinar si ese medio de impugnación reúne los diversos requisitos de procedencia para que sea admitido." En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada de las siguientes constancias (promoción 18516): Propuesta de convenio de disolución matrimonial, custodia, alimentos y convivencias; Resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente de origen, a través de la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre las partes y se aprobó el convenio exhibido; y Auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la quejosa y lo declaró improcedente. Con lo anterior se dio vista a las partes, el autorizado de la quejosa realizó manifestaciones de inconformidad contra el citado cumplimiento (promoción 19697). Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno: Mediante resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de ese año, dictado en el juicio oral familiar 5587/2020-F, en la parte que desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa; Tuvo por interpuesto el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y destacó su legitimación para presentarlo en su calidad de tercero auxiliar dentro del juicio; y Determinó improcedente el citado medio de impugnación de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y destacó que a nada práctico resultaría, en razón de que las partes ratificaron el convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Sin que se soslayen las manifestaciones hechas por el autorizado de la parte quejosa en el sentido de que el hecho de que las partes del juicio llegaron a un convenio para resolver su situación familiar no se traduce en que por lo que hace al interés patrimonial de su representada que se vio afectado por la orden judicial, quede sobreseído el tema. Asimismo, señala que debe tramitarse el recurso de revocación y emitirse pronunciamiento respecto de quién debe responder del pago de servicios educativos prestados por su representada durante la vigencia de la medida cautelar decretada, pues afirma que la jueza de origen dispuso de los activos e instalaciones del colegio para obligar a la quejosa a brindar un servicio forzado, lo que debe resolverse en el citado medio de impugnación. Sin embargo, contrario a lo que señala el promovente, en la sentencia de amparo no se estableció que la autoridad responsable tenía la obligación de admitir el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, sino, como se destacó, proveer de nueva cuenta sobre el citado medio de impugnación y considerar que la peticionaria sí está legitimada para promover ese medio de defensa. Pues incluso, en la referida sentencia, se precisó que solo tenía el alcance de determinar que la parte quejosa está legitimada para promover el medio de defensa, más no, prejuzgaba ni obligaba a la autoridad responsable a admitirlo, en el entendido de que es su decisión, determinar si ese medio de impugnación reunía los diversos requisitos de procedencia para que fuera admitido. En ese sentido, si la autoridad responsable determinó que la peticionaria sí está legitimada para interponer el recurso de revocación, pero estableció que es improcedente, amén del convenio celebrado en autos, dicha determinación de improcedencia no se encuentra comprendida entre los efectos de la sentencia de amparo, pues respecto de ello, se dejó libertad de jurisdicción a la jueza de origen. Por tanto, debe tenerse cumplida la ejecutoria de amparo. IV. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se devuelve tomo de prueba. Dado que resulta innecesaria su retención, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. V. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en resumen dice: CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el nueve de febrero de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con el estado de autos, la certificación que antecede y con el estado de autos . Conste.León, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector; en consecuencia, se analiza de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efecto del amparo. Por lo expuesto, a fin de restituir a la peticionaria en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la ley de la materia, se impone conceder el amparo y protección contra la decisión reclamada para el efecto de que la autoridad responsable: I. Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno dictado en el juicio oral familiar 5587/2020-F, en la parte que desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa; y II. De forma fundada y motivada, emita una nueva determinación en la que, de conformidad con los lineamientos señalados en esta sentencia, provea de nueva cuenta sobre el recurso de revocación interpuesto por la peticionaria, y considere que sí está legitimada para promover el aludido medio de defensa. En el entendido de que esta resolución solo tiene el alcance de determinar que la parte quejosa está legitimada para promover el medio de defensa, pero no prejuzga ni obliga a la responsable a admitirlo, por lo que deberá, a su decisión, determinar si ese medio de impugnación reúne los diversos requisitos de procedencia para que sea admitido." En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada de las siguientes constancias (promoción 18516): Propuesta de convenio de disolución matrimonial, custodia, alimentos y convivencias; Resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno dictada en el expediente de origen, a través de la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre las partes y se aprobó el convenio exhibido; y Auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la quejosa y lo declaró improcedente. Con lo anterior se dio vista a las partes, el autorizado de la quejosa realizó manifestaciones de inconformidad contra el citado cumplimiento (promoción 19697). Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno: Mediante resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de ese año, dictado en el juicio oral familiar 5587/2020-F, en la parte que desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa; Tuvo por interpuesto el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y destacó su legitimación para presentarlo en su calidad de tercero auxiliar dentro del juicio; y Determinó improcedente el citado medio de impugnación de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y destacó que a nada práctico resultaría, en razón de que las partes ratificaron el convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Sin que se soslayen las manifestaciones hechas por el autorizado de la parte quejosa en el sentido de que el hecho de que las partes del juicio llegaron a un convenio para resolver su situación familiar no se traduce en que por lo que hace al interés patrimonial de su representada que se vio afectado por la orden judicial, quede sobreseído el tema. Asimismo, señala que debe tramitarse el recurso de revocación y emitirse pronunciamiento respecto de quién debe responder del pago de servicios educativos prestados por su representada durante la vigencia de la medida cautelar decretada, pues afirma que la jueza de origen dispuso de los activos e instalaciones del colegio para obligar a la quejosa a brindar un servicio forzado, lo que debe resolverse en el citado medio de impugnación. Sin embargo, contrario a lo que señala el promovente, en la sentencia de amparo no se estableció que la autoridad responsable tenía la obligación de admitir el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, sino, como se destacó, proveer de nueva cuenta sobre el citado medio de impugnación y considerar que la peticionaria sí está legitimada para promover ese medio de defensa. Pues incluso, en la referida sentencia, se precisó que solo tenía el alcance de determinar que la parte quejosa está legitimada para promover el medio de defensa, más no, prejuzgaba ni obligaba a la autoridad responsable a admitirlo, en el entendido de que es su decisión, determinar si ese medio de impugnación reunía los diversos requisitos de procedencia para que fuera admitido. En ese sentido, si la autoridad responsable determinó que la peticionaria sí está legitimada para interponer el recurso de revocación, pero estableció que es improcedente, amén del convenio celebrado en autos, dicha determinación de improcedencia no se encuentra comprendida entre los efectos de la sentencia de amparo, pues respecto de ello, se dejó libertad de jurisdicción a la jueza de origen.Por tanto, debe tenerse cumplida la ejecutoria de amparo. IV. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se devuelve tomo de prueba. Dado que resulta innecesaria su retención, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. V. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
León, Guanajuato, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autorizado de la parte quejosa realiza manifestaciones en torno a la vista otorgada. Agréguese el escrito mediante el cual, el autorizado de la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en relación con la vista otorgada respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, las que se tomarán en consideración al realizar la calificativa correspondiente. Notifíquese.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte QUEJOSA, el auto de VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO que en resumen dice: León, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable, al que adjunta las constancias con las pretende acreditar la observancia al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con la información que obra en autos.Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de León, Guanajuato, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, que se identificará como tomo X. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE.
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