Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
762/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado de autos se advierte que no existe constancia de que se haya notificado a la parte quejosa el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; en consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción para que a la brevedad realice la diligencia encomendada...

  2. Principal

    LEÓN, GUANAJUATO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 762/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Agréguese la demanda promovida por ********, en representación de la menor de edad de iniciales D.T.E., contra actos de la Secretaría de Salud y otras autoridades. PROTECCIÓN DE IDENTIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de la persona menor de edad D.T.E.,en atención al interés superior del menor y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá mencionar el nombre de la persona menor de edad y se hará alusión a sus iniciales D.T.E., las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer su nombre. b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad de la referida persona menor de edad así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como cuestión inicial resulta necesario precisar que de la lectura íntegra de la demanda se desprende que consisten en: La negativa de comprar vacunas para las personas menores de edad que no tengan ninguna enfermedad crónica o grave; La expedición del Boletín 171 en el cual convocó a las comunidades escolares del país, a ser parte de la estrategia para un regreso seguro a clases, emitido por la Secretaría de Educación Pública; y, La negativa de aplicar la vacuna contra el Virus SARSCOV-2 a las persona menores de edad. Los referidos actos atribuidos a las responsables, desde luego que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de la menor quejosa; ello con todo y que no se encuentre dentro de la población de alto riesgo. Lo anterior es así, tomando en cuenta las circunstancias que imperan en la actualidad y que resultan hechos notorios para quienes aquí resuelven, tales como: el regreso a clases presenciales de algunos menores de edad (específicamente de aquellos que se encuentran en las edades de 12 a 17 años), las constantes mutaciones del virus SARS-CoV-2 y el aumento en la incidencia de contagios e ingresos hospitalarios precisamente en los niños y adolescentes de esas edades; aspectos que a la postre pueden agravar o repercutir negativamente en la salud de la infante aquí recurrente, lo que hace apremiante su pronta inoculación, sobre todo cuando no se tiene la certeza de la fecha en que las autoridades sanitarias iniciaran con la vacunación de esta clase de la población del país. De ahí que, en el caso no puede arribarse a la conclusión de que la vacuna solicitada por la infante sólo se trata de un mero benefició clínico, sino que más bien se trata de un derecho que como menor de edad tiene para salvaguardar su propia salud y vida. Bajo tal óptica, cualquier especulación sobre la salud o reacción de la menor en caso de contagio no puede en forma alguna ser un argumento ni jurídica ni materialmente válido para negar la medida cautelar; toda vez que nada garantiza que sin el biológico, en caso de contagio, la integridad física y/o psicológica de la menor realmente no se vea deteriorada en algún sentido dado el comportamiento errático y volátil del virus y las cepas variantes del mismo. Por lo que, aun cuando la menor disidente no esté dentro de la población de mayor riesgo ante el referido virus, de suyo no conlleva que su integridad física en verdad no se encuentre en peligro, para efectos de la tramitación de la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la ley de la materia Al respecto, es importante destacar que conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá de oficio o de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. También es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), determinó que el órgano de control constitucional debe proveer sobre la suspensión de oficio y de plano, no sólo cuando admite la demanda, sino en el acuerdo por el que se requiere a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad de su escrito inicial. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada con los siguientes datos: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Ahora, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo, como se señaló en líneas precedentes, se rige por lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. La diversidad de los supuestos mencionados en ese dispositivo guarda relación con actos de autoridad cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del órgano de control constitucional para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando; de ahí que en esos supuestos sea inclusive innecesaria la solicitud del interesado para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. La gravedad de los actos a que se refiere la suspensión de oficio y de plano es tan elevada que inciden en la vida y dignidad de las personas; y por referirse a esos valores primordiales, cuando se trata de dicha suspensión no tiene lugar el análisis de la no contravención a disposiciones de orden público o de afectación al interés social. El requisito de que la medida cautelar no contravenga disposiciones de orden público o que no sea contraria al interés social está previsto para la suspensión a petición de parte, porque los actos que pueden ser materia de ella no son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. La naturaleza omisiva de los actos no es un factor que determine la procedencia de la medida cautelar, sino el contenido que adoptará dicha medida. Es decir, la naturaleza del acto reclamado no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos deben ser consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante es que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza omisiva o no del acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA", visible en la página 286, del Tomo I, del Libro 73, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2021263. En relación con este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto a los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional. Consideraciones que quedaron sintetizadas en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a) de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano es que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas. A la luz de las premisas indicadas, de acuerdo a las características los actos reclamados, sí trascienden a la esfera jurídica de la directa quejosa, quien actualmente cuenta con diecisiete años cumplidos, poniendo en riesgo su salud, lo que hace factible decretar la medida suspensiva para que cese ese peligro. Dicha edad se acredita con la acta de nacimiento respectiva, que se adjuntó a la demanda de amparo ?según se advierte de los anexos que se adjuntaron?, con pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Interés superior. Por ende, lo que valora en el presente juicio es, por una parte, el interés superior de la quejosa menor de edad como criterio rector para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Así como el derecho a la salud que se pone en peligro mientras subsistan las omisiones reclamadas. Figuras cuyos aspectos generales se identifican enseguida. De los criterios reproducidos se obtiene que el principio del interés superior del menor, se proyecta en tres dimensiones: A.- Como un derecho sustantivo: Se debe concebir como una consideración primordial al sopesar distintos intereses respecto de una cuestión debatida. B.- Como principio jurídico interpretativo fundamental: Si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva los derechos y libertades de los infantes y adolescentes a la luz del interés superior del menor C.- Como norma de procedimiento: Siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Para el caso cobra singular relevancia la acepción del interés superior del menor como principio, ya que su función es la de constituirse en un mandato de optimización para asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, que implica preservar en la mayor medida posible la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral" de este grupo vulnerable, lo que implica incluso, que todas las autoridades estatales velen por la protección de los derechos del niño. Así, el interés superior del niño resulta aplicable tanto a los derechos sustantivos de la niñez, como a los derechos adjetivos y formalidades del procedimiento en que se ventilen asuntos que involucren derechos de la infancia; de ahí que sea no sólo justificado, sino en ciertas ocasiones, como ésta, un deber de los jueces modular las reglas del proceso para poder hacer patente ese interés superior y su derecho de prioridad. En estrecha relación con lo anterior, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es enfática en establecer como derechos de los niños, el derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos. Más específicamente, los artículos 17, 18 y 40 establecen que tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Literalmente, dicen: "Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes.". Atento a lo anterior, se colige que en toda actuación concerniente a niñas, niños y adolescentes que tengan los órganos jurisdiccionales, como toda autoridad, deben tomar en cuenta como consideración primordial el interés superior del menor y la prioridad que demandan sus derechos y necesidades más básicas, lo que obliga, a realizar las interpretaciones y modulaciones en favor de su bienestar pleno, incluso a tomar medidas "reforzadas" o "agravadas", que hagan efectivo ese interés superior. Esto es, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior es el principio rector de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, y que ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Así, el principio de interés superior del menor ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas" y la idea que subyace a este mandato es que los intereses de los niños deben protegerse con la mayor amplitud posible. Derecho a la salud. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de reconocerse a la dignidad como uno de los derechos fundamentales del ser humano, se establece que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". (Artículo 25). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), en lo que interesa señala: "Artículo 1º Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 5º. Derecho a la Integridad Personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 63. 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.". En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que interesa, se señala: "Artículo 4º. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Artículo 6º. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Artículo 11. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Artículo 12. 1.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.". De los artículos que fueron transcritos se desprende que tanto la Constitución Federal, como diversos tratados internacionales suscritos por México, reconocen a la dignidad humana, al derecho a la salud y a la integridad física como derechos fundamentales. Cabe mencionar que, en relación con el artículo 12 del Pacto Internacional consultado, entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: I.- La reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños. II.- El mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente. III.- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. IV.- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. En el derecho interno, el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación del Estado garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. De tal forma, es obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. A partir de tal texto Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho a la salud, como se precisa enseguida. En el Amparo en Revisión 115/2003, el Tribunal Pleno sostuvo que la teleología del artículo 4º Constitucional es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, lo cual se consideró se derivaba de la exposición de motivos y de los dictámenes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, que dieron origen a su reforma de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en la cual se decidió elevar al rango constitucional el derecho a la "protección de la salud". Luego, el artículo 4º Constitucional, así como, diversos tratados internacionales celebrados por México, consideran de fundamental importancia la procuración de la salud de los seres humanos, buscando con ello su pleno desarrollo y bienestar. En consecuencia, el legislador secundario, al emitir disposiciones que incidan en dicho derecho fundamental, debe tomar en cuenta las directrices que dicho precepto y los tratados internacionales establecen en relación con la vida y dignidad humana, que el legislador debe proteger al reglamentar ese derecho subjetivo público. El legislador, al reglamentar las disposiciones constitucionales, está obligado a seguir los lineamientos que en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales sobre derechos humanos se contienen, pues dentro de su obligación de expedir las normas secundarias, implícitamente se contiene el deber de que las mismas se ajusten a todas las disposiciones de la Carta Magna, y que los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales no se vean menoscabados o restringidos. En el Amparo en Revisión 115/2003, el Tribunal Pleno agregó que el derecho a la protección a la salud está vinculado al reconocimiento que el artículo 1º de la Carta Magna hace a la dignidad humana, ya que para vivir dignamente es indispensable que, en la medida de lo posible, la persona cuente con todos los apoyos institucionales, médicos y psicológicos necesarios para conservar, mejorar o recuperar su salud, lo cual se traduce en una mejor calidad de vida e incluso en la prolongación de ésta. Por otra parte, en el Amparo Directo 6/2008, el Tribunal Pleno sostuvo que nuestro orden fundamental reconoce una superioridad de la dignidad humana, prohibiéndose cualquier conducta que la violente. Se agregó que la doctrina jurídica ha sentado que la dignidad del hombre es inherente a su esencia, a su ser. Se trata del reconocimiento de que, en el ser humano, hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, pues "se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad." En posteriores precedentes, el Alto Tribunal indicó que el derecho a la salud, es un derecho absolutamente fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. Así, de la dignidad humana, se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana. Además, nuestro Alto Tribunal ha establecido que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Cabe destacar, que los precedentes invocados y la interpretación ahí realizada, son anteriores a la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, en el cual se plasmó el actual texto del artículo 1°, que obliga a ver el derecho a la salud, no sólo como una mera procuración, sino que en forma expresa señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Así, el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, es la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan gozar de los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad física y psicológica. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 378/2014, determinó que conforme al derecho humano del disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental que consagra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Cabe señalar, que las autoridades responsables deberán tener como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física para lo cual deberán atender su obligación inmediata de asegurar el pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, a fin de garantizar la práctica de todas las medidas necesarias que permitan la óptima recuperación de la salud de la menor quejosa. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos". Procedencia de la medida cautelar. Aunque el estado de emergencia sanitaria con el que se relaciona el asunto que se resuelve es un hecho notorio resulta relevante mencionar que el once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad por virus SARS-CoV-2 es oficialmente una pandemia. México, al igual el resto del mundo, se ve afectado por la pandemia causada por ese virus y ha adoptado diversas medidas para enfrentarla, así como otras preventivas para mitigar el riesgo de contagio. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. A virtud de ello, el treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General. Del cual se deriva que la Secretaría de Salud establecería las acciones necesarias para atender dicha emergencia. En México se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores sociales y privado. Medidas que han representado un reto a nivel humano, social, económico, cultural, político e internacional, y cuya implementación ha exigido una participación multidireccional por parte de los diferentes sectores de la sociedad, en donde cada habitante es llamado a cooperar desde el nivel de posicionamiento social en que se ubica dentro de la población mexicana, para poder hacer frente, en las mejores condiciones en que sea posible, a la situación epidemiológica que existe hasta estos momentos en nuestro país. Como parte de las medidas de control para enfrentar el COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna contra esta enfermedad, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México" publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. El once de mayo de dos mil veintiuno el Gobierno Federal estableció una actualización a la Política de Vacunación en cita, en el cual se explicó que para continuar con el plan de vacunación se tomarían en cuenta las recomendaciones del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, por lo que estableció cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, los cuales a saber son: Edad de las personas. Comorbilidades. Grupos de atención prioritaria. Comportamiento de la epidemia. En ese contexto, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modifica la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal al tenor de lo siguiente: "El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. ( Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denunciassanitarias.". El comunicado en cita claramente establece que, bajo su más estricta responsabilidad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años. Por lo que no hay duda de que existe una vacuna segura para ser aplicada a la menor quejosa. En ese sentido, la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech contra el Virus SARS-CoV2 señala, entre otros pormenores, que está indicada para ser aplicada a personas a partir de los dieciséis años cumplidos; pero ello inclusive no permite al operador de la norma desconocer la autorización a que se refiere el Comunicado 23/2021 en consulta, fundamentalmente porque de existir evidencia de que la vacuna fuera nociva para los mayores de doce y menores de dieciséis años no se hubiera dictaminado favorable la ampliación terapéutica. Por lo contrario, en autos no hay evidencia de que la COFEPRIS, haya descalificado o prohibido la aplicación de la vacuna para las personas de doce años o más de edad. De tal guisa que, este juzgado no advierte elementos suficientes que permitan cuestionar o poner en duda las razones de la Comisión para ampliar la indicación terapéutica inclusive a partir de los doce años de edad Entonces, del marco referencial en cuanto al entorno de vacunación en México contra el COVID-19 que se da noticia, es fácil advertir que los objetivos generales de la vacunación están orientados a: 1) prevenir la muerte; 2) evitar la hospitalización; y 3) reducir la transmisión del virus. Luego, si existe una vacuna autorizada para aplicarse a personas de doce años o más, es claro que la omisión de aplicación de la vacuna a la directa quejosa, cuyos efectos solicita suspender, pone en riesgo su derecho a la salud y eventualmente su vida, en la medida que está más expuesta a los efectos del virus en caso de contagio que aquellas personas que se encuentran vacunadas; máxime ante el regreso a clases presenciales. Ello, sin perjuicio de que la menor goce de buena salud o no se encuentre dentro de la población de mayor riesgo, pues como ya se apuntó, tal circunstancia no garantiza que, en caso de contagio, su integridad física y/o psicológica no se vea deteriorada en algún sentido dado el comportamiento errático y volátil del virus y las cepas variantes del mismo. Por lo que, como se estableció en líneas precedentes, es obligación de toda autoridad velar por la máxima protección a los intereses de la menor. De tal modo cualquier especulación sobre la salud o reacción de la menor en caso de contagio no puede en forma alguna ser un argumento ni jurídica ni materialmente válido para negar la medida cautelar. En otras palabras, si el plan de vacunación tiene como objetivo más alto la protección de la vida, lógico es que la omisión de contemplar a la quejosa dentro de ese esquema de vacunación pone en riesgo su derecho a la salud, en grado tal que podría afectar, en caso de contagiarse, su vida Así, es evidente que dada la naturaleza de los actos reclamados y el impacto en el derecho a la salud de la menor quejosa, atendiendo a su interés superior, es urgente, necesario y procedente decretar la suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En atención a la naturaleza misma del acto reclamado, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE ORDENA SUSPENDER DE PLANO para los siguientes efectos: Las autoridades responsables tomen las medidas necesarias, a fin de que se aplique a la menor D.T.E., las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID19, Pfizer-BioNTech, a que se refiere el comunicado 23/2021; para lo cual deberá fijar lugar, fecha y hora para su aplicación; Se comunique con anticipación a este juzgado el lugar, fecha y hora para aplicar la vacuna; quien a su vez lo hará saber oportunamente a la progenitora del menor, quien deberá acudir con él en los términos que se le indiquen; y La aplicación de la vacuna se llevará a cabo, siempre y cuando la madre manifieste bajo protesta de decir verdad, que no existe prescripción médica sobre algún impedimento físico o padecimiento del menor, que no permita la aplicación del biológico. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, computadas a partir del momento en que queden notificadas, previa comunicación a la parte quejosa respecto del momento en que lo ejecutarán, designen un lugar que cuente con todas la medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio del virus, así como el médico para que le aplique la vacuna, siempre y cuando el doctor comisionado reciba de parte de la parte quejosa la autorización u opinión médica, según corresponda. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor del menor la demanda de amparo (su madre), y previo conocimiento informado y firma de la misma, que debe tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación de la vacuna citada, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad sanitaria. Asimismo, requiérase a las citadas autoridades para que, una vez que sea aplicada la vacuna a la menor, exhiba de inmediato ante este juzgado, duplicado o copia autorizada de la constancia de vacunación correspondiente. Determinación que toma asidero en el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de queja 157/2021. APERCIBIMIENTO. Ante la falta del informe requerido dentro del plazo mencionado, bajo las condiciones especificadas, o la remisión de dicho informe sin las constancias pertinentes, se le impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que corresponde a la sanción mínima contemplada en el artículo 260 de la Ley de Amparo, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Ahora bien, a fin de vigilar el puntual cumplimiento que deben dar a la suspensión de plano otorgada, para este único fin, los oficios y anexos correspondientes se recibirán vía fax en este órgano jurisdiccional, dentro del plazo señalado -veinticuatro horas siguientes al en que sea recibido el oficio correspondiente- sin demérito de la recepción del oficio que contenga firma autógrafa de la autoridad responsable en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, o bien, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional. Para ello se informa que el número de fax es 01 477 7 17 37 61. Asimismo, se autoriza la recepción de las constancias solicitadas al correo institucional que es 11jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, las cuales deberán ser confirmadas en los números telefónicos 479 4 49 31 61 o 477 5 89 14 96. SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Nancy Noelia Estrada Sotelo, en representación de su menor hijo con iniciales D.T.E., contra actos de la SecretarÍa de Salud y otras autoridades. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que resulte necesaria la apertura del cuaderno incidental en atención a la suspensión de plano decretada. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación: i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VIENTIUNO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa a su escrito de demanda, misma que por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada, sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a René Denis Estrada Sotelo y José Manuel Galván Torres ya que acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogados al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Jesús Salud Méndez García, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por Acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2642/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa ante Misael Hernández García, secretario que da fe. Doy fe. ADRIANA RG Firmado electrónicamente. El secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, Misael Hernández García, hago constar que esta parte corresponde a la última foja del auto dictado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo número 762/2021. Conste. Doy Fe.

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