Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla
Expediente 1213/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2015
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicos Federales
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1213/2015, promovido por Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémus, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López, en contra de los actos del Presidente Constitucional Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla y otras autoridades y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno el día hábil siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémus, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo con ese carácter a las siguientes: Con el carácter de autoridades responsables ORDENADORAS: PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. Con el carácter de autoridades responsables EJECUTORAS: PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA." "IV- ACTOS RECLAMADOS.- Señalamos como tales los siguientes: Oficio DJN/149/2015 suscrito por el Presidente Municipal Constitucional Carlos Alberto Morales Álvarez de fecha veintiuno der mayo pasado, que ordena la clausura total definitiva del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y que ordena al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla para que en un término no mayor de treinta días hábiles se busque la opción más viable para el municipio al que pertenecemos (San Pedro Cholula Puebla) para depositar los residuos sólidos o basura que recolectan, toda vez que fenecido el término señalado se les prohibirá la entrada y circulación a Huejotzingo, Puebla, lugar donde se encuentra el Relleno Sanitario Intermunicipal, constituido para dar servicio entre otros a San Pedro Cholula, Puebla. La orden para impedir el tránsito en el territorio del Municipio de Huejotzingo, Puebla, de los camiones destinados a la prestación del servicio público de limpia y recolección de residuos en el territorio del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. La orden para impedir u obstruir la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de uno de julio de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla admitió a trámite la demanda, que registró en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 1213/2015; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento que presentó el veintisiete de agosto de dos mil quince; y, citó para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 23 a 25), misma que se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, pues se reclama un acto emitido por autoridades administrativas con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a ello, se precisa que la parte quejosa reclama. Del Presidente Constitucional Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla: El oficio DJN/149/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, que ordena la clausura total definitiva del relleno sanitario municipal de Huejotzingo, Puebla, y da un plazo no mayor de treinta días para que el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, busque otra opción para depositar basura. La orden para impedir el tránsito en el territorio del municipio de Huejotzingo, Puebla, de los camiones destinados a la prestación del servicio público de limpia y recolección de residuos en el territorio del municipio de San Pedro Cholula, Puebla. La orden para impedir u obstruir la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, del Director de Vialidad Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla y del Director de Vialidad y Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla. La ejecución de los actos precisados. Realizada la anterior precisión se procede a determinar sobre la existencia o no del acto reclamado de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". El Presidente Constitucional Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla (foja 39 a 41), al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos consistentes, en la orden para impedir el tránsito en el territorio del municipio de Huejotzingo, Puebla, de los camiones destinados a la prestación del servicio público de limpia y recolección de residuos en el territorio del municipio de San Pedro Cholula, Puebla y; la orden para impedir u obstruir la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Por otra parte, en autos no se aprecia que la parte quejosa hubiere aportado medio de prueba alguno que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, los actos señalados que se les reclaman resultan inexistentes. Por otro lado, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla (fojas 36 y 37), el Director de Vialidad Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, -en su denominación correcta- quien se adhirió al informe que rindiera el Presidente Municipal (fojas 34 y 35) y el Director de Vialidad y Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla -en su denominación correcta- (foja 42 y 43), al rendir sus informes negaron la existencia de los actos que reclaman los quejosos, consistentes en la orden para impedir el tránsito en el territorio del municipio de Huejotzingo, Puebla, de los camiones destinados a la prestación del servicio público de limpia y recolección de residuos en el territorio del municipio de San Pedro Cholula, Puebla y; la orden para impedir u obstruir la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, y la ejecución de las citadas órdenes, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Máxime que de la copia certificada del oficio DJN/149/2015 no se aprecia que corresponda a éstas autoridades la ejecución que se les atribuye. Amén de que lo relativo a las órdenes para impedir el tránsito aludido, fue negado por la autoridad ordenadora. Apoya la anterior consideración la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que al rubro y texto dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto de los actos consistentes en la orden para impedir el tránsito en el territorio del municipio de Huejotzingo, Puebla, de los camiones destinados a la prestación del servicio público de limpia y recolección de residuos en el territorio del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, la orden para impedir u obstruir la prestación del servicio de limpia y recolección de residuos en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, así como su ejecución que se reclaman del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, del Director de Vialidad Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, y del Director de Vialidad y Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen dichos actos que reclama a las autoridades responsables indicadas, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Presidente Constitucional Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 39 a 41), aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en el oficio DJN/149/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, que ordena la clausura total definitiva del relleno sanitario municipal de Huejotzingo, Puebla y da un plazo no mayor de treinta días para que el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, busque otra opción para depositar basura. Además, la certeza de tal acto se corrobora de la copia certificada del referido oficio DJN/149/2015, al cual, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo- y del que se desprende que el referido presidente municipal comunicó a su homólogo de San Pedro Cholula, Puebla, que se determinó la clausura total definitiva por seguridad nacional del relleno sanitario intermunicipal de Huejotzingo, Puebla, razón por la cual dicho acto reclamado debe tenerse por cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia invocadas por las partes. Establecida la existencia del acto reclamado por la autoridad correspondiente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia VI. 2o. J/209, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el siguiente texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que estas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente caso, este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que los quejosos Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémus, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López, no acreditaron que el acto reclamado les depare afectación alguna a su interés legítimo. Trascendencia para el presente asunto, del interés legítimo o difuso de las promoventes del amparo. Es importante destacar, que los peticionarios del amparo Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémus, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López; acuden a la presente instancia constitucional ostentando un interés legítimo para reclamar los actos que indican, por ende es necesario llevar a cabo previamente un análisis respecto de ese tema. Así, con la reforma al artículo 107 constitucional, de fecha seis de junio de dos mil once, en relación con la diversa en materia de derechos humanos de diez del mismo mes y año, se han venido a modificar algunos de los principios fundamentales del juicio en sede constitucional, entre ellos el relativo al interés jurídico del quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción de amparo. Derivado de lo anterior, se procederá a analizar los aspectos novedosos en el tema del interés legítimo como elemento de la acción de amparo. La reforma a la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, que como antes se dijo se publicó el seis de junio de dos mil once y entró en vigor a los ciento veinte días siguientes, dispone lo que a continuación se transcribe: "[.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Así, se desprende que el interés requerido para la promoción del juicio constitucional en el sistema vigente será jurídico o legítimo, individual o colectivo, cuando se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; mientras que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o laborales, se conserva y se clarifica en el orden constitucional el concepto de interés jurídico, ya que para controvertir tales actos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la resolución afecte de forma personal al quejoso y que los efectos del acto que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo (tratándose de intereses difusos o colectivos), que no es otra cosa sino la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho. Resulta aplicable por las razones que la informan, tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, Tomo 3, Libro XXIV, Septiembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, a partir de que se emplea el término legítimo debe entenderse que se trata de un interés legalmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico en sentido estricto y se distingue del interés simple que no supone esa tutela. En otros términos, por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la ejecutoria derivada de una contradicción de criterios estableció su consideración al respecto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002, consultable a página 241, Tomo XVI, Diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J. 142/2002, que se encuentra en la página 242, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste. Así, de acuerdo con la nueva normativa constitucional y en materia de amparo, que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de garantías no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la constitución y el que se afecte la esfera jurídica del gobernado ya sea de manera directa -lo cual constituye propiamente el interés jurídico- o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico -referente al interés legítimo-. En ese sentido, se entiende que la tutela judicial efectiva en nuestro país, encuentra una apertura hacia otras formas de concebir el interés necesario para acceder a los órganos jurisdiccionales, con la incorporación al sistema normativo de control constitucional a través del juicio de amparo, del denominado interés legítimo, que representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Así, del contenido de la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta a la esfera jurídica del individuo, atendiendo a la "especial situación" en que éste se encuentre frente al orden jurídico, tal como se asentó en la redacción final del artículo 107 constitucional que rige actualmente. Nótese que en el lenguaje empleado a fin de dar legitimación para promover el juicio de amparo, no se habla de la situación general en que se encuentre el gobernado frente al orden jurídico, sino que se hace alusión a la situación particular o "sui generis" que guarde aquél, lo cual significa que el legislador emplea la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas que guarden características diferentes a la situación general en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, esto es, de situaciones excepcionales y, por ende, diferenciadas a las que guarda la generalidad, por lo cual es esa situación la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo. Así pues, se introduce la posibilidad de que interponga demanda de amparo quien no haya sido afectado en un derecho subjetivo, pero tenga un interés legítimo, el cual deriva de la afectación indirecta que pueda resentir el gobernado en sus derechos fundamentales con el acto de autoridad que reclame, aspecto que se evaluará y determinará tomando en consideración "su especial situación frente al orden jurídico". Esto es, tal como sucede en materia administrativa, puede haber personas para las que la observancia o inobservancia de las normas por parte de la autoridad resulte en una ventaja o desventaja de modo particular respecto de las demás. Esto puede ocurrir por dos razones: a) Como resultado de la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentren que los haga más sensibles que otros frente a un determinado acto administrativo. b) Puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto que se discute. Para entender adecuadamente los alcances de la innovadora reforma debe tenerse en cuenta la diferencia existente entre el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo en el campo del derecho, tal como lo conciben la doctrina nacional y la interpretación de nuestro Más Alto Tribunal del País, contenida en las diversas ejecutorias en las que se ha pronunciado sobre el tema. En principio, debe recordarse que todas las personas tienen la posibilidad de ser parte en un juicio, por virtud de la personalidad jurídica, pero para impugnar un acto concreto no basta esa personalidad, sino que se requiere de un interés personal en el asunto. Ese interés personal se ha clasificado doctrinariamente en tres categorías: 1) Interés simple. 2) Interés legítimo. 3) Derecho subjetivo o interés jurídico. Ahora bien, como el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, en principio se abordará el significado de éstos últimos, para finalmente deducir lo que debe entenderse propiamente por aquél. Interés simple. Es un interés general; se trata del interés que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. En concreto, es el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así lo establecen. Con base en dicho interés se reconoce legitimación a cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo, sin necesidad de que el sujeto invoque un interés legítimo y mucho menos un derecho subjetivo. Entonces, en el interés simple la situación jurídica legitimante sería el mero interés en la legalidad, que tiene cierto grado de juridicidad, pero requiere estar reconocido expresamente en el ordenamiento legal para ser ejercido, tal es el caso de las acciones populares, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, sino que basta con que la ley permita o legitime accionar con base en un interés simple. Interés Jurídico. Generalmente se le ha identificado con el derecho subjetivo, que consiste en la situación de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y la posibilidad de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial. El interés jurídico, en rigor jurisdiccional, exige los elementos siguientes: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho. d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Interés legítimo. Ahora bien, a fin de analizar sistemáticamente esta figura con base en el marco constitucional establecido en la Carta Magna y la Ley de Amparo, se expone: El dispositivo 107, fracción I, constitucional vigente, indica que para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés legítimo, o bien, la afectación a su interés jurídico. Estos conceptos jurídicos son diversos, y es factible establecer su diferencia, atendiendo al tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. Por su parte, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Estas normas tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, mediante ellas, se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social, por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica; ni a sus integrantes, porque no son ellos, en lo individual sus destinatarios. Es decir, tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. El interés jurídico, supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual solo podrá darse si éste forma parte de una colectividad interesada, ya que de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, debe señalarse que independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una más concreta respecto de él, como por ejemplo, tratándose de una licencia para construir un edificio, que es contraria a planes de desarrollo urbano, ésta afecta a todos los habitantes de una zona, pero directamente al vecino contiguo, quien por ese motivo podría sufrir alguna afectación individual que no tendrían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual, sólo se da en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo entonces se estará frente a un interés legítimo. Cabe resaltar, que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento, de la acción de amparo no convierte a ésta en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también conocido como fórmula Otero, en términos de la fracción II, primer párrafo, del artículo 107 constitucional, el cual dice: "II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos; si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." Lo anterior, significa que el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, en tanto que mediante su promoción no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica. De igual manera, cabe mencionar que existen también las llamadas normas programáticas (aun cuando su concepción doctrinal ha ido evolucionando recientemente, su referencia se estima útil en el caso), que establecen programas tendentes a que el Estado alcance a futuro determinadas metas, por ejemplo, el llamado derecho a la vivienda que pretende lograr que toda familia goce de una vivienda digna, y que además tiene una gran trascendencia como derechos económicos, sociales y culturales susceptibles de protección modalizada. Ahora bien, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por lo que respecta al interés legítimo como elemento de la acción de amparo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. En relación con este último elemento, es importante mencionar que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una popular. Así, los diversos numerales 5°, de la Ley de Amparo aplicable, y con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos que en lo que interesa disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la interpretación sistemática a las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la reproducción precedente deriva el concepto de interés legítimo introducido por el Constituyente Permanente, tema respecto al cual se ha hecho referencia en el considerando que precede. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. De lo anterior se infiere, que con independencia de lo que se conceptualice como interés jurídico o legítimo, el legislador constitucional estableció para la procedencia de la acción en vía de amparo, la existencia de una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En ese orden de ideas, quien ejerce la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho, individual o colectivo, que según su apreciación personal, se ve afectado por la actuación de las responsables y, precisamente por tal causa tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección Federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía o derecho fundamental que le otorga la Constitución y que alega ha sido infringido; como a su consideración, ha resentido un perjuicio, un menoscabo, o una ofensa en su esfera jurídica a un derecho reconocido por el orden jurídico, bien sea a un derecho propio, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico, tiene interés en que la Justicia Federal le ampare. Se advierte así, que quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho subjetivo que alega ha sido infringido por las autoridades, causándole con ello un perjuicio y un agravio a un interés que es propio y excluyente pues la norma lo protege de manera directa, por lo que tiene un derecho subjetivo derivado de la misma, o bien, se ostenta titular de un derecho objetivo, que supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional y 5o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio, pues sólo éste puede acudir a la instancia constitucional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, subjetivo u objetivo; y, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona un derecho subjetivo propio, reconocido por el orden jurídico, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho subjetivo pero sí uno objetivo, esto es, la situación jurídica derivada del propio orden jurídico, es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Ahora bien, del juicio que nos ocupa se desprende que los quejosos Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémus, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López, acuden a la instancia constitucional aduciendo un interés legítimo, ya que refieren son vecinos del Municipio de San Pedro Cholula. En cuanto a la anterior afirmación, los peticionarios de amparo, no aportaron medio de convicción alguno para probarla, ya que si bien en cierto aducen tener un interés legítimo al ser vecinos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, no comprobaron de ninguna forma tener su habitación o residencia en el mencionado municipio, de San Pedro Cholula, Puebla, ni tampoco en el de Cuautlancingo, Puebla. Por tanto, se estima que en el caso concreto los quejosos no justificaron tener interés legítimo para acudir a solicitar la protección federal, toda vez que no acreditaron la afectación que los actos reclamados que producen en su esfera jurídica, como se expone a continuación: Así, a partir de las diferencias entre el interés jurídico y el interés legítimo, el juez de amparo, en función del caso concreto, debe determinar si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, por lo que se insiste, en el caso a estudio lo que debe analizarse es el interés legítimo de los quejosos. Es de exacta aplicación al caso, la tesis III.4o.(III Región) 17 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, visible en la página 3074, de la Décima Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente. "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio". Toda vez que como ya se vio, en el presente asunto, los quejosas reclaman actos que se encuentran vinculados con el concepto de interés un difuso o colectivo, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012 y 663/2012, así como la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2012, fallados por mayoría de tres votos, el primero de ellos en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil doce y los dos últimos el veintiuno de ese mismo mes y año, respecto al concepto de interés difuso, en la parte que interesa, se indicó: "Interés legítimo: * Las normas que se refieren al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminados a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. * Las normas que prevén un interés legítimo tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias que tutelan intereses de una colectividad que carecen de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos de manera directa. * El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. * En otras palabras, el interés legítimo supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante cabe señalar que, independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una o más repercusiones concretas respecto de él..." Al caso se cita la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, visible en la página 1736, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." La mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso amparo en revisión 256/2013, con fecha siete de agosto de dos mil trece, y cuya ejecutoria puede consultarse en la Red Jurídica Nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que con respecto a los asuntos que versan sobre el interés legítimo, el quejoso tiene que acreditar fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo, los siguientes elementos: QUE EXISTE UNA NORMA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE ESTABLEZCA O TUTELE ALGÚN INTERÉS DIFUSO EN BENEFICIO DE UNA COLECTIVIDAD DETERMINADA. QUE EL ACTO RECLAMADO TRANSGREDE ESE INTERÉS DIFUSO QUE AFECTA A ESA COLECTIVIDAD EN SU ESFERA JURÍDICA. QUE EL PROMOVENTE PERTENECE A ESA COLECTIVIDAD. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el estudio de dicho tema, y al respecto emitió la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), consultable a página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En ese sentido, para estimar que la decisión contenida en el oficio DJN/144/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, signado por el Presidente Municipal Constitucional Carlos Alberto Morales Álvarez, en el que ordenó la clausura total definitiva del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y otorgó al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla un término no mayor de treinta días hábiles para que busque la opción más viable para depositar los residuos sólidos o basura que recolecte dicho municipio, afecta el interés legítimo de los quejosos, debe probarse la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele el interés difuso aducido por éstas en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que los peticionarios de amparo pertenecen a esa colectividad; y debe precisarse que la ausencia de uno de éstos elementos demuestra la falta de interés legítimo para impugnar el acto reclamado, por lo que el amparo sería improcedente. Por ende, si se demostró la existencia de la norma constitucional en la que se establece o tutela el interés difuso en beneficio de una colectividad determinada que se pretende defender, ello en favor de los habitantes del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, pues los quejosos alegan el derecho a la salud previsto en el artículo 4º constitucional, pues refieren que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado debe garantizar el respecto a ese derecho, por lo que al impedir al Municipio de San Pedro Cholula, verter sus residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal de Huejotzingo, Puebla, a su vez con ello impide que el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, preste el servicio en perjuicio de sus habitantes, generando con ello, la alegada afectación a la salud, ante la no prestación del servicio. El artículo 4º constitucional establece en sus párrafos segundo y tercero: "Artículo 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". De la lectura del artículo transcrito se demuestra que el interés difuso alegado por los quejosos, consistente en el derecho a la salud, efectivamente se encuentra previsto en una norma constitucional que lo establece en beneficio de una colectividad determinada. Sin embargo, se estima que en el caso no se encuentran acreditados, pues no quedó demostrado en autos que los actos reclamados transgredan ese interés difuso; ni que los peticionarios de amparo pertenecen a la colectividad que se vería afectada en tales derechos difusos por la decisión contenida en el oficio DJN/144/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, signado por el Presidente Municipal Constitucional Carlos Alberto Morales Álvarez, en el que ordenó la clausura total definitiva del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y otorgó al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla un término no mayor de treinta días hábiles para que busque la opción más viable para depositar los residuos sólidos o basura que recolecte dicho municipio, señalando que concluido el término se prohibirá la circulación en ese ayuntamiento a los vehículos que transporten residuos sólidos o basura, afecta ese interés difuso, en tanto que no serán recolectados los residuos sólidos. Lo anterior, pues los quejosos, como ya se dijo, no aportaron medio probatorio eficaz para demostrar que con la decisión que ordenó la clausura total definitiva del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y otorgó al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla un término no mayor de treinta días hábiles para que busque la opción más viable para depositar los residuos sólidos o basura, se afectaría ese interés difuso. Esto es, los quejosos debieron aportar medios de convicción que demostraran que con la clausura total definitiva del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y el plazo otorgado al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla un término no mayor de treinta días hábiles para que busque la opción más viable para depositar los residuos sólidos o basura, se afectó de manera predominante a la colectividad de los habitantes en San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Puebla, mediante el impedimento de la recolección de residuos sólidos a cargo de tales municipios; lo que no aconteció en la especie, pues no existe probanza alguna que demuestre que la clausura del Relleno Sanitario Municipal de Huejotzingo, Puebla y, el haber otorgado al Presidente Municipal de San Pedro Cholula Puebla, un término no mayor de treinta días hábiles para que busque la opción más viable para depositar los residuos sólidos o basura que recolecte dicho municipio, se traduzca en el impedimento para la prestación del servicio de recolección de dichos municipios con afectación a sus residentes y que con ello, se transgreda el derecho fundamental debatido. Por otra parte, tampoco quedó demostrado que los peticionarios de amparo pertenecen a esa colectividad que se vería afectada en tal derecho difuso por la decisión alcanzada en el oficio DJN/144/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, signado por el Presidente Municipal Constitucional Carlos Alberto Morales Álvarez, pues aducen que se impediría la recolección de basura en los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Cholula, en perjuicio de la colectividad de dichos municipios. Sin embargo, en la especie no se demostró que los quejosos, viven, habitan, residan los municipios donde aducen tener algún interés, y que así forman parte de la colectividad afectada, pues sólo de esa forma pueden verse afectados en los derechos difusos que pretenden proteger, pues todos -con excepción de Guillermo Saldivar Fernández- no ofrecieron documento alguno eficaz para demostrar tal extremo. No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, que el quejoso Guillermo Saldivar Fernández, en su escrito presentado el trece de octubre de dos mil quince, exhibiera copia certificada ante Notario Público de su credencial para votar, y de las consulta de lista nominal del Instituto Nacional Electoral, pues en dicho documento se aprecia que su fecha de emisión data del año dos mil catorce, con vigencia al año dos mil veinticuatro, lo cual pone en evidencia únicamente que en dos mil catorce Guillermo Saldivar Fernández, registró como su domicilio ante el Instituto Nacional Electoral, uno ubicado en San Pedro Cholula, pero ello no acredita fehacientemente que dicho quejoso habite, viva o resida en el citado distrito judicial, pues tal probanza no se adminiculó con alguna otra prueba que corroborara que es vecino del municipio aludido y, que le afecta el contenido del oficio reclamado. Esto es, la manifestación simple de los quejosos de ser vecinos del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, no basta para acreditar tal hecho, pues de considerarlo así, se llegaría al extremo de estimar que cualquier persona, podría instar la acción constitucional al amparo de la protesta de ley, lo cual, carece de sustento constitucional pues convertiría la acción de amparo en una verdadera acción popular carente de un interés cualificado (legítimo) para la defensa de los derechos fundamentales, bastando un mero interés simple común a todas las personas para instar el juicio de amparo, pero sin comprobar una pertenencia real y material dentro de la colectividad determinada sobre la que recae la afectación al interés difuso debatido; por residir en esas zonas. Por ende, en la especie la carga probatoria para demostrar una pertenencia real a la comunidad o colectividad afectada con los actos reclamados recaía en los quejosos, sin que con la prueba previamente referida se acredite fehacientemente ese elemento necesario para la procedencia del juicio de amparo en los términos previamente descritos. De ahí que si no sea posible percibir cuál es la afectación a la esfera de los solicitantes de amparo que les causa dicha oficio DJN/144/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, signado por el Presidente Municipal Constitucional Carlos Alberto Morales Álvarez. Máxime, que el interés legítimo no puede ser genérico, sino debe tratarse de un interés propio, cualificado y específico (en relación con los actos reclamados precisamente), que habrá de determinarse en relación especial con los hechos y la posición de los quejosos (vinculación de status-derecho que se pretende defender). Incluso, se estima que la correcta interpretación de la fracción I, del artículo 107 constitucional, como se estipuló en párrafos precedentes, en cuanto precisa que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la constitución y con ello se afecta de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, no debe de entenderse de manera simple, como su lectura parece serlo. En efecto, resulta incontrovertible que el interés legítimo, necesariamente conlleva un principio de afectación, pues sostener lo contrario implicaría estar en presencia de interés simple, el cual no da pauta para la procedencia del amparo, en virtud de que con la mencionada reforma, no se afectó el principio de instancia de parte agraviada, pues si bien se atemperó el requisito de acreditar el interés jurídico, aquel principio no ha sido derogado. En esta guisa, la afectación en la esfera jurídica, sigue siendo requisito para obtener una sentencia estimatoria, resultado de la cual su finalidad sea eminentemente reparativa de los derechos reconocidos en la constitución, pues de lo contrario no se podría entender la finalidad que persigue aún, el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 822, libro XVII, correspondiente al mes de febrero de 2013, tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, al no encontrarse comprobado que los quejosos se encuentran dentro del grupo afectado con los actos reclamados, se estima actualizada la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5° del mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, constitucional, ambos invocados a contrario sensu; por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, resulta innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Publicidad. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SÉPTIMO. Sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Guillermo Saldivar Fernández, Jaime Molina Huerta, Ricardo Tepox Barrientos, María del Carmen Xochihua Lémuz, Víctor Manuel Tenorio San Pedro, Julián Trinidad Galindo Momox o Trinidad Galindo Momox, Rafael Teutli González y María de los Ángeles Sosa López, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando sexto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Aarón Noel Reyes Chaires, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de julio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, del Director de Vialidad Municipal y del Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, a través de los cuales rinden su informe justificado. Ahora bien, ténganse a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en los oficios de cuenta y señalando los domicilios que indican en los mismos para recibir notificaciones. Notifíquese.
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