Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato y Otros.

Expediente 109/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
109/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
23/08/2016

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato y Otros.
  • Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince del presente mes y año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de dieciocho de julio del presente año, en su primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, **********, ********** y **********, contra el acto atribuido a la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, consistente en la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, emitida dentro del procedimiento administrativo 1425/3a.Sala/13 de su índice, mediante el cual impuso a cada uno de los quejosos, una multa de treinta días de salario mínimo general vigente, por la cantidad de $2,191,20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que:  La autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada en el proceso administrativo 1425/3a SALA/13 de su estadística, únicamente en lo referente a la imposición de las multas al Presidente Municipal, al Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, al Titular de la Dirección Administrativa de la Presidencia Municipal y a la Auxiliar Jurídica de la Oficialía Mayor, todos del Ayuntamiento de esta ciudad. 2) En providencia de cuatro de agosto de la presente anualidad, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, remitió: a) El oficio registrado con el número 10542, al cual anexó la determinación dictada el once de agosto del presente año por el que dejó insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis dictada en el proceso administrativo 1425/3a SALA/13 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el quince de los actuales se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, dejó sin efectos el auto impugnado de trece de enero de dos mil dieciséis. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisiona y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió al rendir su informe justificado la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con las que se formó un tomo, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince del presente mes y año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de dieciocho de julio del presente año, en su primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, **********, ********** y **********, contra el acto atribuido a la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, consistente en la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, emitida dentro del procedimiento administrativo 1425/3a.Sala/13 de su índice, mediante el cual impuso a cada uno de los quejosos, una multa de treinta días de salario mínimo general vigente, por la cantidad de $2,191,20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que:  La autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada en el proceso administrativo 1425/3a SALA/13 de su estadística, únicamente en lo referente a la imposición de las multas al Presidente Municipal, al Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, al Titular de la Dirección Administrativa de la Presidencia Municipal y a la Auxiliar Jurídica de la Oficialía Mayor, todos del Ayuntamiento de esta ciudad. 2) En providencia de cuatro de agosto de la presente anualidad, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, remitió: a) El oficio registrado con el número 10542, al cual anexó la determinación dictada el once de agosto del presente año por el que dejó insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis dictada en el proceso administrativo 1425/3a SALA/13 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el quince de los actuales se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, dejó sin efectos el auto impugnado de trece de enero de dos mil dieciséis. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisiona y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió al rendir su informe justificado la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con las que se formó un tomo, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que en su primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y en el segundo concedió el amparo y protección a **********, **********, ********** y **********; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obra en autos constancia (acuse de recibo) relativa a la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de la totalidad de las autoridades responsables, con las cuales computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse concedido el amparo en el mismo. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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