Ponciano Ramírez Bonilla

Expediente 437/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
437/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2015

Partes del expediente

  • Ponciano Ramírez Bonilla
  • Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, como lo solicita el quejoso, se ordena devolverle los documentos a que alude, previo desglose y certificación que en su lugar se deje, así como recibo que se firme en autos de su entrega.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de mayo de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por PONCIANO RAMÍREZ BONILLA, por su propio derecho, contra actos del Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en México, Distrito Federal y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 437/2015-II. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del artículo 5°, de la legislación en comento, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "(.)" De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. Para explicar lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Así, para identificar los actos de autoridad, se deben presentar las siguientes notas distintivas: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tiene la naturaleza de "acto de autoridad", se debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". Ahora bien, en el caso concreto, el promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Estado (INFONAVIT), la omisión de dar contestación a su solicitud presentada el tres de diciembre de dos mil catorce. Bajo ese contexto, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder antes invocada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido mediante jurisprudencia, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Estado, no es autoridad para los efectos del amparo cuando se reclame la omisión de responder la solicitud de información y devolución de los fondos acumulados en las subcuentas de vivienda, siempre que no se involucre la aplicación de algún precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro Alto Tribunal ha sostenido que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Estado y sus dependencias no tienen el carácter de autoridad cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo. Se afirma de este modo, dado que, en esos supuestos, este órgano se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre el trabajador o sus beneficiarios, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de la administración del fondos, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo que ocurre en el caso, donde los actos derivan de una relación entre el quejoso como trabajador y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como ente administrador del fondo de vivienda, pero no en un plano de supra-subordinación, para que pudiera ser considerado un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que en la especie la responsable actuó en un plano de coordinación con el Estado en su carácter de ente administrador, pero no en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Esto es así, dado que en la especie el quejoso reclama de la responsable la omisión de dar contestación a la petición presentada el tres de diciembre de dos mil catorce, en la que solicitó se le informara acerca de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda y la devolución de dichos fondos. En este contexto, dicho Instituto actúa en su carácter de ente administrador de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del quejoso. En ese entendido, lo relevante es que el acto que se reclama, tiene su origen en una relación de coordinación que tiene el Instituto señalado como Responsable, con su asegurado, por lo que resulta evidente, que el acto reclamado no es de los considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que, se itera, se condujo en su carácter de ente administrador -sustituto del patrón- bajo la relación de coordinación entablada entre particulares (trabajador o beneficiario y ente administrador), en las que éstos actuaron en un plano de igualdad, y no de ente público con un gobernado. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la tesis 2a./J. 149/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1338, que establece: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, POSTERIORES AL TERCER BIMESTRE DE 1997. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores, y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para poder disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por otra parte, conforme al artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, dicho Instituto está obligado a transferir al Gobierno Federal los recursos de las subcuentas de vivienda posteriores al tercer bimestre de 1997, con independencia de que esa norma transitoria haya sido declarada inconstitucional, en tanto que el actual modelo de control de constitucionalidad de leyes no prevé como consecuencia expulsarla del sistema jurídico. Por tanto, cuando el INFONAVIT omite contestar la solicitud de información y devolución relativa a los recursos referidos, impide a los trabajadores o a sus beneficiarios disponer de ellos o conocer su destino, lo que evidentemente afecta su esfera jurídica, por el hecho de limitar su propiedad, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados, lo que hace que con su omisión tenga injerencia inmediata y directa en la esfera jurídica del trabajador o de sus beneficiarios solicitantes, puesto que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales. En efecto la tesis en cuestión, establece que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de dar respuesta a la petición de información y devolución de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de 1997, supuesto que en el presente caso no acontece, dado que de la narración realizada por el propio quejoso en la demanda que se provee, se advierte que de lo que se duele es de la omisión por parte de la responsable de informarle de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda con anterioridad al cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete; pues refirió que le fueron entregados los recursos acumulados a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete. En este sentido el quejoso narró lo siguiente: ".El señor Ricardo Moreno Martínez me hizo saber que podía pedir la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda, de los recursos acumulados a partir del cuarto bimestre 1997 en adelante, le dije que sí estaba de acuerdo, llamo al empleado que me atendería al respecto, dicha persona me pidió algunos documentos, los cuales le proporcione, posteriormente se me hizo la transferencia vía electrónica por la cantidad de $38,185.35 (treinta y ocho mil ciento ochenta y cinco pesos 35/100 M.N.). Adjunto a la presente demanda de amparo copia de la solicitud de pago de la subcuenta de vivienda de 1997 para que surta los efectos legales que correspondan. He de mencionar que la devolución que se me hizo por parte de "INFONAVIT" no es el total de las aportaciones hechas por los patrones a mi favor que es a partir del tercer bimestre de 1997 hacía atrás, en mi caso del 1° de mayo de 1972 al 29 de febrero de 1992. Está pendiente la contestación a mi escrito de petición que le formule a "INFONAVIT" en lo que concierne al periodo de fondo de ahorro a mi favor y que es del 1° de mayo de 1972 al 29 de febrero 1992, para acreditar que laboré el periodo a que me refiero aporto documentos que adjunto a la presente demanda de amparo para que surtan los efectos legales correspondientes, dicho ahorro en mi subcuenta de vivienda a valor presente." (Subrayado agregado.) Lo anterior implica que su petición subsiste únicamente en relación con los fondos acumulados en el periodo que va del primero de mayo de mil novecientos setenta y dos al veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos. En estas condiciones, se pone de manifiesto que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, consecuentemente, no es susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional. Esto es así, porque la calidad de autoridad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en relación con los fondos de la subcuenta de vivienda, depende de que haya hecho aplicación de una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto del artículo 8° transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, lo que sólo se actualiza respecto de los fondos acumulados, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, no así respecto de los anteriores. Por ello, puede establecerse que, en el caso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus dependencias, a las señala como responsables, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que se cristaliza la causa de improcedencia invocada. No pasa inadvertido para este juzgador que del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia. Lo anterior, es precisamente lo que sucede en la especie, ya que la resolución en el sentido de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite actos como ente administrador de fondos en sustitución del patrón, cuenta con soporte jurisprudencial. De ahí que, en el presente asunto se está en presencia de un caso de excepción, en el que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye la actuación procesal oportuna para determinar que el acto reclamado no proviene de una autoridad, lo que encuentra apoyo en el criterio contenido en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, página 1224 (registro 2007580), que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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