Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala
Expediente 887/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 1 actuación registrada, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. En Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad oficiante rinde su informe justificado y remite informe justificado de la Magistrado de la Tercera Ponencia adscrito a la autoridad oficiante, la demanda de amparo promovida por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de ***, ***, con una copia, certificación relativa a la presentación de la misma, copia certificada de la constancia de mayoría y validez, copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis y del acta de la primera sesión solemne de cabildo, un cuadernillo de amparo 120/2019, que contiene copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, así como el toca administrativo 916/2018, constante de trescientos noventa y tres fojas, según su folio; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora bien de la demanda de derechos fundamentales promovida por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de ***, se desprende que señala como acto reclamado la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada Ponente del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el toca administrativo 916/2018, (antes toca 43/2018), en la cual declaró la nulidad relativa del oficio numero PM/0610/2017, por carecer de la debida fundamentación y motivación de conformidad con el artículo 13, fracción III; en consecuencia, ordenó al ahora quejoso, dejarlo sin efectos y emitir otro en el que de manera fundada motivada pusiera a disposición del recurrente la cantidad adeudada. Así, del referido toca se advierten los antecedentes siguientes: 1. ***, por propio derecho, mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho, ante la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión contra la negativa a cumplir con el convenio número ***, así como la negativa de pago de siete facturas números *** de fechas doce de julio de dos mil dieciséis, *** de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis y ***, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, contienda en el oficio numero PM/0610/2017, señalando como autoridad responsable al Presidente Municipal del Municipio de ***, a través de quien lo represente legalmente. (fojas 1 a 18 del toca administrativo 916/2018, antes toca 43/2018). 2. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado de la sala responsable registró el asunto con el número 43/2018, actualmente 916/218 y por auto de veintitrés de marzo del citado año, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a la autoridad demandada, la requirió para que en el término de cinco días remitiera su informe sobre el acto recurrido, presentará las pruebas que se relacionaran con el mismo y la apercibió para que señalara domicilio para recibir notificaciones (fojas 76 a 79 del toca 916/2018, antes toca 43/2018). 3. Seguida la secuela procesal, el trece de mayo de dos mil diecinueve, la Magistrada Ponente del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "PRIMERO. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente Recurso de Revisión interpuesto por ***. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolución, se declara La nulidad relativa del oficio numero PM/0610/2017; acto administrativo impugnado. TERCERO. En consecuencia, se ordena al Presidente Municipal de ***, dejar sin efectos el oficio numero PM/0610/2017, en consecuencia, dicte otro, en el que, de manera fundada y motivada de cumplimiento a esta resolución, en la que deberá entre otras, poner a disposición del recurrente la cantidad adeudada, en los términos precisados en el considerando VIII de la misma." 4. En contra de la anterior determinación, el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de ***, ***, promueve el presente juicio de amparo. Señalado lo anterior, de acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de ***, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridad demandada en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación lo expuesto con la Jurisprudencia PC.XXX. J/16 A (10a.), de los Plenos de Circuito, Décima Época, número de registro 2013683, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro treinta y nueve, Febrero de dos mil diecisiete, en Materia Común y Administrativa, página seiscientos ochenta y tres, cuya vigencia se sostiene, que a letra dice: "AMPARO DIRECTO. LA PERSONA MORAL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, AUN CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPUGNE LA CALIDAD QUE SE LE DIO EN DICHO JUICIO. Conforme a los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de defensa instituido para proteger a los particulares contra la acción del Estado que perjudique sus derechos fundamentales, por lo que, por regla general, los órganos del Estado carecen de legitimación para promoverlo, al no ser titulares de esos derechos. Por tanto, aun cuando el artículo 7o. aludido confiera a las personas morales públicas la posibilidad de solicitar amparo, ésta sólo se limita al supuesto en que la norma general, acto u omisión reclamado, afecte sus intereses patrimoniales, siempre que su relación con el particular se encuentre en un plano de igualdad, es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio ordinario como persona de derecho privado, pero no cuando participen con el carácter de autoridades demandadas, toda vez que la actividad que desplegaron en su emisión, derivó de una relación de supra a subordinación; esto con independencia de que controviertan precisamente la calidad que como autoridad se le confirió en el juicio contencioso administrativo, pues ello no motiva ni les otorga legitimidad para acudir a la instancia constitucional, porque sería tanto como permitirles defender la legalidad de un acto que emitieron como entes de derecho público en una relación que no se desarrolló en un plano de igualdad con el particular." Asimismo, tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y por autorizada en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de ***, contra la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada Ponente del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el toca administrativo 916/2018, antes toca 43/2018.
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