Presidente Municipal de Calpulalpan de Tlaxcala
Expediente 759/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Calpulalpan de Tlaxcala
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio TJA-Tlax-P1- 21/2023, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el cual acusa recibo del diverso 47, del índice de este tribunal colegiado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción en el momento oportuno. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que la parte recurrente haya interpuesto reclamación contra el proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de derechos fundamentales; se declara que el mismo ha causado estado y queda firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. en el libro de gobierno. En consecuencia, devuélvase el toca 262/2019-1 en dos tomos, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse recibo.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio TJA-Tlax-P1- 272/2022, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por EPN, ORM y RRB, en su carácter de Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 262/2019-1, en la cual declaró la nulidad relativa del acto administrativo, consistente en la resolución administrativa de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se decretó la suspensión del cargo sin goce de sueldo por cincuenta días a MAG, así como la nulidad absoluta del oficio T.E./06/2019 y acuerdo de veintisiete de noviembre del citado año dos mil diecinueve, en los que se ordenó radicar e iniciar procedimiento administrativo en contra del citado actor, por tanto condenó a reincorporarlo como Policía Segundo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, así como al pago de remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional; con una copia, certificación relativa a la presentación de la misma, copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, copia certificada de cinco anexos, así como el toca de mérito en dos tomos; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que quien promueve este juicio constitucional, son el Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, que con su investidura de autoridades, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsista el acto administrativo consistente en la suspensión del cargo sin goce de sueldo por cincuenta días a MA G así como la radicación e iniciación de un procedimiento administrativo en su contra; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, que solamente afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 45/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254, Jurisprudencia, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter:como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de derechos fundamentales; y por autorizado en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ESR y BLS, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como medios de contacto para comunicaciones no procesales, el correo electrónico que refieren; lo anterior, sólo en caso de ser necesario. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por EPN, ORM y RRB, en su carácter de Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 262/2019-1.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. se recibe Oficio TJA-Tlax-P1- 272/2022, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por EPN, ORM y RRB, en su carácter de Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 262/2019-1, en la cual declaró la nulidad relativa del acto administrativo, consistente en la resolución administrativa de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se decretó la suspensión del cargo sin goce de sueldo por cincuenta días a MAG, así como la nulidad absoluta del oficio T.E./06/2019 y acuerdo de veintisiete de noviembre del citado año dos mil diecinueve, en los que se ordenó radicar e iniciar procedimiento administrativo en contra del citado actor, por tanto condenó a reincorporarlo como Policía Segundo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, así como al pago de remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional; con una copia, certificación relativa a la presentación de la misma, copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, copia certificada de cinco anexos, así como el toca de mérito en dos tomos; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que quien promueve este juicio constitucional, son el Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, que con su investidura de autoridades, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsista el acto administrativo consistente en la suspensión del cargo sin goce de sueldo por cincuenta días a MA G así como la radicación e iniciación de un procedimiento administrativo en su contra; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, que solamente afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 45/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254, Jurisprudencia, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter:como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de derechos fundamentales; y por autorizado en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ESR y BLS, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como medios de contacto para comunicaciones no procesales, el correo electrónico que refieren; lo anterior, sólo en caso de ser necesario. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por EPN, ORM y RRB, en su carácter de Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 262/2019-1.
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