Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero
Expediente 936/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero
Actuaciones
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Conforme al artículo 18 del citado Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, apercibida que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho y en su carácter de ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 936/2021-L. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa promueve el presente juicio de amparo por propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala; personalidad que acredita con la documental que para tal efecto adjunta, señalando como acto reclamado la omisión de dar contestación al oficio de treinta de septiembre del presente año, a través del cual solicitó a la autoridad responsable, se habilite al Municipio que representa, el sistema de contabilidad gubernamental SCG IV en comodato a efecto de llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de la nueva administración, para dar cumplimiento a los lineamientos que emite la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, por lo que respecta a la omisión que reclama ***, por propio derecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. El interés jurídico a que aluden los citados preceptos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reglamentado en esa parte en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de amparo que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Ahora bien, en el presente sumario ***, por propio derecho, reclama la omisión de dar contestación al oficio de treinta de septiembre del presente año, a través del cual solicitó a la autoridad responsable, se habilite al Municipio que representa, el sistema de contabilidad gubernamental SCG IV en comodato a efecto de llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de la nueva administración, para dar cumplimiento a los lineamientos que emite la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente sumario, es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente la afectación a la esfera de su interés jurídico. En ese contexto, del estudio integral de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que la omisión reclamada deriva de una solicitud realizada a la autoridad responsable por la Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, no así por ***, por propio derecho. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que***, por propio derecho, no demuestra la afectación que aduce le causa la autoridad responsable, con motivo de la omisión de dar contestación al oficio de treinta de septiembre del presente año, a través del cual solicitó a la autoridad responsable, se habilite al Municipio que representa, el sistema de contabilidad gubernamental SCG IV en comodato a efecto de llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de la nueva administración, para dar cumplimiento a los lineamientos que emite la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, no puede sostenerse válidamente que tal omisión le irrogue perjuicio, siendo evidente que se actualice la hipótesis prevista en la citada fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación a su interés jurídico. Así las cosas, el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, máxime que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de derechos fundamentales y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Por otra parte, en relación a la citada omisión que reclama ***, en su carácter de Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7 de la Ley de Amparo; atento a las siguientes consideraciones: Los artículos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que se actualice una causal de improcedencia que, sin encontrarse comprendida en ninguno de los veintidós supuestos que le anteceden, derive de otra disposición legal. Una de esas causas es precisamente la que deriva del artículo 7 de la ley en cita, pues cuando quien pretende acudir al juicio de amparo lo constituye la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios, o cualquier persona moral pública, es requisito indispensable que el acto u omisión reclamados, por un lado afecte su patrimonio, y en segundo término, que esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. A mayor abundamiento, es oportuno señalar que la interpretación del artículo 7 de la Ley de Amparo, debe ser en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo promovido por una persona moral pública la afectación de su patrimonio debe derivar irreductiblemente de "relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Dicho de otra forma, de conformidad con el texto vigente de la Ley de Amparo, la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública puede solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, únicamente cuando el acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, verbigracia, aquellos que deriven de los conflictos laborales que se ventilen ante los tribunales ordinarios de esa jurisdicción, sobre las relaciones que mantiene el Estado con sus trabajadores; o bien, cuando deriven de juicios en materia civil en los que las persona morales oficiales actúen como un particular, atendiendo al doble carácter con el que pueden estar investidos. Sobre el tema de que se trata es oportuno señalar que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecía la causal de improcedencia que se analiza en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 9, de la propia legislación, los cuales a la letra indican: "Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: (.) III.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 9o.- Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". De la comparación del artículo 9 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, con el numeral 7 de la Ley de Amparo vigente, se llega a la determinación que la legislación actual, establece como condición para la procedencia del juicio de amparo intentado por personas morales oficiales, que la afectación a su patrimonio necesariamente derive respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, lo que la legislación anterior no contemplaba. Bajo este orden, se concluye que actualmente la procedencia del juicio de amparo, respecto de actos que afecten el patrimonio de personas morales públicas, está sujeta a que ese perjuicio derive de relaciones jurídicas en las que la autoridad y el gobernado se encuentren en un plano de igualdad. Como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente acude a este juicio de amparo en su carácter de Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, reclamando la omisión de dar contestación al oficio de treinta de septiembre del presente año, a través del cual solicitó a la autoridad responsable, se habilite al Municipio que representa, el sistema de contabilidad gubernamental SCG IV en comodato a efecto de llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de la nueva administración, para dar cumplimiento a los lineamientos que emite la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. En tal virtud, para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda que se provee, es necesario determinar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Amparo, si la posible afectación al patrimonio del ente público, deriva de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad, pues de no ser así el juicio de amparo resulta improcedente. En este orden, debe señalarse que el acto reclamado deviene de una de las obligaciones que tiene aquí quejosa como ente fiscalizable a efecto de estar en aptitud de rendir la cuenta pública del Municipio al que representa, de conformidad con el título segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo que se trae a la vista como hecho notorio en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia; por tanto, resulta evidente que no comparece al presente juicio en un plano de igualdad como entre particular o privado, sino que deriva de una de las funciones públicas que tiene encomendadas. De ahí que el acto reclamado, no deriva de una relación jurídica en la que la promovente se encuentre en un plano de igualdad con un particular, pues ni por asomo se puede sostener esta circunstancia, pues deriva de su actuación como ente dotado de poder público. Lo anterior indica que en el caso, no se actualiza el requisito que exige el citado artículo 7 de la Ley de Amparo para la procedencia de este juicio, pues la afectación que deriva del acto reclamado, además de que no es de carácter patrimonial, no proviene de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con particulares, sino en el ejercicio de potestades públicas. Atento a lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en comento, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, máxime si se toma en cuenta que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, se tiene como domicilio el que indica y como autorizado para el único efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas que indica por así solicitarlo de manera expresa, asimismo, se le tiene proporcionando el número de teléfono y correo electrónico para efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes
- Porfirio Padilla Minor387/2019
- Porfirio Pérez Flores361/2020
- Porfirio Ramírez Torres1122/2019
- Porfirio Ramírez Torres744/2021
- Porfirio Sarmiento Rugerio541/2017
- Preciliano Vázquez Vázquez1251/2009
- Presidente de la República224/2021
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos765/2020
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos768/2020
- Presidente de San Matías Tepetomatitlán, Apetatitlán, Tlaxcala233/2017
- Presidente Municipal de Altzayanca, Tlaxcala1249/2015
- Presidente Municipal de Chiautempan441/2022