Porfirio Ramírez Torres
Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Porfirio Ramírez Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Conforme al artículo 18 del citado Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, apercibida que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual refiere dar cumplimiento a lo que le fue solicitado mediante acuerdo de uno de septiembre del presente año, en atención a su contenido se provee: Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos del numeral 62 de la ley en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". De la interpretación gramatical de la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados que hayan sido materia de otro juicio de amparo que esté resuelto, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Es decir, para que se actualice la causal de improcedencia en comento es necesario que las normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para evidenciar la existencia de la causal de improcedencia que se invoca, conviene establecer que para un juzgador constituyen hechos notorios, que pueden ser invocados como prueba de manera oficiosa, aquellos datos que se obtengan de los juicios tramitados ante él. Debe de destacarse que, en este órgano jurisdiccional se tramitó el expediente de amparo 1122/2019-G, el cual se tiene a la vista y del que se advierte lo siguiente: Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, y seguida la secuela procesal, el treinta de septiembre del dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente en la que se determinó sobreseer dicho juicio, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que aun cuando en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se previno al impetrante para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la notificadora, verificadora y ejecutora ***; sin embargo, fue omiso en cumplir lo anterior, por lo que la omisión del quejoso de señalar como autoridad responsable a la mencionada notificadora, verificadora y ejecutora adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", ***, impidió jurídicamente examinar la constitucionalidad del embargo reclamado en la forma y términos planteados, porque de hacerlo se privaría a dicha autoridad del derecho defensa al no habérsele oído ni llamado a juicio. Inconforme con la determinación anterior, ***, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo, bajo el número *** de su índice, quien mediante ejecutoria que se tuvo por recibida el doce de agosto de dos mil veintiuno, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión. Ahora, de la demanda de amparo que se provee, misma que quedó registrada bajo el número 744/2021-L, se aprecia lo siguiente: De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos que reclama en esta instancia constitucional la parte quejosa, son: - Oficio número ***, de fecha ***, a través del cual se solicita la inscripción del embargo trabado sobre el bien inmueble inscrito bajo la partida **, de ***, relativo al predio denominado ***, ubicado en ***. - La orden de inscripción del embargo sobre el bien inmueble inscrito bajo la partida ***, de fecha***, relativo al predio denominado ***, ubicado en ***, por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", así como su ejecución. De lo antes relatado, se advierte que la demanda de derechos fundamentales que dio origen al juicio de amparo *** y la presente demanda que fue registrada con el número ***, fueron promovidas por la misma parte quejosa; es decir, por ***, contra las mismas autoridades responsables, siendo los mismos actos reclamados, consistentes en: El embargo del bien inmueble inscrito bajo la partida***, de***, relativo al predio denominado *** ubicado en ***. - El acta de embargo y la relación de bienes embargados respecto de la parte alícuota del predio denominado ***ubicado en ***. -- El oficio ***, a través del que se ordenó la inscripción del aludido embargo en la Dirección de Notarías y Registro Público del Estado de Tlaxcala y su ejecución. - La inscripción del referido aseguramiento en sus registros. Por tal motivo, es claro que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues los actos que en esta vía combate, ya fueron materia de estudio en el diverso juicio ***, del índice de este Juzgado, en el que se determinó sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Ello, pues aplica al producirse la cosa juzgada con motivo del sobreseimiento emitido en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, máxime que violaciones constitucionales son las mismas. Cabe apuntar que la cosa juzgada encuentra su fundamento en la necesidad de preservar, mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, como medida para conservar la estabilidad y la seguridad jurídica de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. Asimismo, tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones controvertidas y materia de litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Lo hasta aquí expuesto, pone de manifiesto que el acto reclamado en este sumario constitucional, ya fue materia de una determinación firme en el diverso juicio de amparo ***, dictada por este órgano de control constitucional. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que no exista un pronunciamiento de fondo en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello pues al haber sobreseído el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional y haber sido confirmada dicha resolución por la superioridad, hace inejercitable la acción de amparo de manera posterior al existir un pronunciamiento firme e inamovible, lo que da lugar a que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Por otra parte, este juzgador advierte de oficio que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para calificar tal aserto, se tiene presente el contenido del numeral anteriormente invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, cuando el promovente no promueve oportunamente la acción constitucional de amparo, atendiendo a las hipótesis contenidas en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De los artículos transcritos, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de amparo, por regla general es de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los promoventes de la resolución o acuerdo que reclaman; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De no promoverse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido lo que conllevaría a la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Ahora, bien, en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1122/2019-G del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que al manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, el aquí quejoso asentó: ".Sin embargo, con fecha 27 de noviembre de 2019, a manera de prevención y con la finalidad de poner a la venta el bien inmueble antes citado, acudí al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala, donde me informaron que el inmueble de mi propiedad, esto es, el denominado Predio ***, ubicado en ***, bajo la partida ***, ***, tenía un embargo por parte de la administración Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1". Al respecto, se me informó también, que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", embargó la supuesta parte alícuota del mencionado inmueble perteneciente a mi esposa ***. (.) . De la anterior transcripción, es patente que el ahora quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama por lo menos desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, lo que motivo la interposición del juicio ***, mismo que mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se determinó sobreseer en el mismo. Por lo que, a la fecha de presentación de la presente demanda -treinta de agosto de dos mil veintiuno-, es evidente que el plazo de quince días contenido en el artículo 17 de la Ley de Amparo con el que contaba la parte quejosa, para promover el juicio de amparo había transcurrido en exceso; lo anterior es así, pues del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve al treinta de agosto del presente año, transcurrieron poco más de un año diez meses, descontando de dicho cómputo los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De este modo, se evidencia que el solicitante de amparo tuvo conocimiento pleno del acto que ahora impugna, tan es así, que promovió diverso juicio de amparo a fin de combatir los actos que en esta vía reclama; tales circunstancias hacen prueba suficiente de que, como se aseveró en párrafos anteriores, desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, estuvo en aptitud de impugnar el acto que ahora reclama, lo que al no haberse efectuado dentro del plazo legal de quince días con que contaba, el mismo tácitamente fue consentido. En tales condiciones, al haberse actualizado las causales de improcedencia a que se han hecho alusión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 744/2021-L. Ahora, previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la presente demanda, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes a la legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la orden de embargo sobre el bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional; y, 2. Narre bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, pues si bien refiere los hechos, también lo es que es omiso en hacerlo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, toda vez que dichos datos resultan relevantes para conocer la verdad, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la ley de la materia. Aunado a ello, la circunstancia de que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. De conformidad con la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado u autorizado o a ambos que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión, de conformidad con el artículo 237, fracción l, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, equivalente de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo Apartado B del artículo 26 de la Constitución Federal. En el entendido que al desahogar la prevención contenida en el presente acuerdo, el quejoso deberá exhibir las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a lo precisado en los párrafos que anteceden, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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