Porfirio Tamayo Campos

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Porfirio Tamayo Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante el oficio 27582/2022, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En otro contexto, visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido, y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó el amparo y protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la parte tercero interesada y la autoridad responsable, interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión ampara no ampara ni protege a **********, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se considera innecesaria la retención de las constancias que remitió la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en apoyo a su informe justificado integradas en dos tomos de pruebas, por tanto; devuélvansele a dicha autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Téngase al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, apersonándose al juicio de amparo en que se actúa, en su calidad de tercero interesado. De conformidad con los numerales 9o. y 28 de la legislación en cita, se tienen como delegadas y domicilio los que indica. Se tiene como medio de comunicación alternativo la cuenta de correo electrónico que señala, para el caso de que este órgano jurisdiccional así lo estime conveniente. Respecto de las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que el veinticinco de noviembre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1092/2022-II; y, R E S U L T A N D O: I. ****************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. II. En proveído del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 1092/2022-II, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 52 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece a la materia administrativa y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La sentencia del treinta de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión 587/2021, por la que confirmó la diversa del seis de mayo de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por cumplida la sentencia del quince de febrero de dos mil diecinueve en el toca ********************. TERCERO. La Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos, por tanto se tienen por ciertos. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Son antecedentes del acto reclamado que derivan de las constancias que integran el presente juicio de amparo, los siguientes: En fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la parte quejosa promovió juicio administrativo en contra del Jefe de Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, señalando como acto impugnado la resolución negativa ficta, respecto de la petición que formuló el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, a través de la cual solicitó el pago de la compensación única por antigüedad, misma que por auto de la misma data se tuvo por admitida por parte de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El día quince de febrero de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento en el juicio por cuanto hace a la Secretaria de Seguridad del Estado de México; declaró la invalidez de la negativa ficta a dar respuesta a la petición presentada por ********************, el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recibida por el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, el seis de abril de dos mil diecisiete y condenó a la autoridad demandada a realizar las gestiones necesarias a fin de que le sea pagada a ********************, la prestación denominada como compensación única por antigüedad, de acuerdo al artículo 36 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; con base en las consideraciones anotadas en el documento original agregado a foja de la trescientos diez a la trescientos diecisiete del expediente del juicio administrativo número ********************. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a través de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la referida Sala Regional, en el juicio administrativo número ********************, haciendo valer los agravios expuestos y en la cual tuvo a bien resolver el confirmar la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve dictada por la Magistrada de la Sexta Sala Regional de dicho Tribunal, en el expediente del juicio administrativo número ********************. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la propuesta de liquidación formulada por la autoridad responsable y en el mismo acto se ordenó requerir a la parte actora a efecto de exhibir su propuesta de liquidación, situación que aconteció mediante promoción de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, tras haberse dado vista a las partes con las propuestas de liquidación, la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, realizó las operaciones aritméticas que estimo correspondientes y procedió a requerir al Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, para que dentro del término ahí establecido, procediera a exhibir el título de crédito que ampare la cantidad de $124,877.42 (ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional), por concepto de compensación única por antigüedad, respecto a tres punto ocho periodos de cinco años, dando un total de veintidós punto ocho meses de haberes. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, la sala responsable remitió a la autoridad demanda las copias simples de la credencial para votar INE, C.U.R.P., y de R.F.C. del actor, a efecto de que procediera a dar cumplimiento al requerimiento anotado en el punto que antecede. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Sala en comento libró requerimiento a la parte actora, para que dentro del término de tres días hábiles, compareciera al local de la Sexta Sala Regional, debidamente identificado, a efecto de recibir el título de crédito número ******************** por la cantidad de $124,877.42 (ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional), a nombre de ******************** y de igual manera se le requirió para que, dentro del plazo de tres días siguientes al que le fuera entregado el referido título de crédito, manifieste lo que estime conveniente en relación al buen cobro del mismo. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la parte actora ******************** se presentó ante el local de la Sala en comento y bajo su más entera satisfacción recibió el original del título de crédito aludido. Por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, la multicitada Sala, dio vista a la parte actora, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que estimara conveniente en razón al cumplimiento dado a la sentencia de marras. Por medio de promoción ********************, el autorizado de la parte actora, señaló a la autoridad en mención, el defecto en el cumplimiento a la sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, en virtud a las circunstancias y errores aritméticos que señala y solicita se requiera el cumplimiento a la demanda con base en las alegaciones hechos en dicho ocurso. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, la Sexta Sala Regional emite un acuerdo en el cual tiene por hechas las manifestaciones de la parte actora y con base los artículos 199, 200, 280 y 383 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tuvo por cumplida la sentencia emitida por dicha sala el quince de febrero de dos mil diecinueve, misma que fue confirmada por la Tercera Sección de la Sala Superior del mismo Órgano Jurisdiccional, en el recurso de revisión ********************, al advertir que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte, se realizó la cuantificación por concepto de compensación única por antigüedad, siendo así que por mediante promoción con registro ********************y anexos, la demanda exhibió a dicha Sala el título de crédito ********************, el cual con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, fue entregado a ********************, por lo que como se adelantó, tuvo por cumplida la sentencia definitiva y ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Inconforme con dicha resolución, el siete de junio de dos mil veintiuno, la parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, mismo que toco conocer a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual fue resuelto en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, confirmándose el proveído de seis de mayo del año próximo pasado, dictado en el expediente del juicio administrativo número ********************. Resolución que resulta ser el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Al no actualizarse causa de improcedencia ni se advierte que las partes hayan hecho valer alguna distinta, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. SEXTO. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. No obstante, lo anterior, se precisa que el disconforme sustancialmente aduce que la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales, en la medida que: El quejoso medularmente sostiene que la resolución reclamada vulnera los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la emisión de la resolución reclamada. Lo que sostiene, pues considera que carece de la debida fundamentación y motivación, además por la equívoca interpretación que da al artículo 36 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial y Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco. Lo que se robustece, con la cuantificación liquida por concepto de compensación única por antigüedad determinada a favor del quejoso, puesto que la misma se calculó de forma restrictiva y sin tomar en consideración lo ordenado en la resolución del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, pues el referido numeral ordena que se debe cuantificar conforme al último haber percibido cuando se cumpla con los requisitos ordenados para tal efecto. Por lo que resulta incorrecto realizar dicho calculo con un salario percibido en el año dos mil once, por lo que debió estar a distintas operaciones aritméticas a las propuestas. Además, debió tomar en consideración que el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial y Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, en sus artículos 20, 21, 26, 36 y 46, a fin de fijar y actualizar las pensiones ordinarias y extraordinarias que deban cubrirse al servidor, lo que a su vez se actualiza de acuerdo al principio pro homine de aplicación obligatoria para todas las autoridades. SÉPTIMO. Ahora, dichos conceptos de violación son INOPERANTES pues no atacan el aspecto toral de la resolución reclamada. En principio, conviene señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para la expresión de los conceptos de violación no es necesario hacerlo con formalidades tan rígidas y solemnes, como en su momento consistían en presentarlos como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas; sino que como la demanda de amparo debe considerarse en su conjunto, es razonable tener como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Lo expuesto encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." Por otra parte, también se ha determinado que si bien, para la procedencia del estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello de manera alguna implica que el quejoso se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ella corresponde exponer razonadamente porqué estima inconstitucional o ilegal el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, del epígrafe siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Al respecto, en la medida en que están encaminados a combatir la cuantificación realizada durante el procedimiento de ejecución por acuerdo emitido el veintiuno de enero de dos mil veinte, cuando el quejoso no se inconformó en su oportunidad contra dicha determinación; por lo que debe entenderse que las eventuales omisiones o inconsistencias en que se pudo haber incurrido en relación con la liquidación de la cantidad exacta que debía pagarse al ahora promovente con motivo de la sentencia emitida el quince de febrero de dos mil diecinueve, fueron consentidas. En efecto, de las constancias que integran el procedimiento de cumplimiento de sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, previamente valoradas, se desprende que por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, se liquidó la cantidad total que la autoridad demandada estaba obligada a pagar al actor con motivo de la condena impuesta, la cual asciende a $124,877.42 (ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional) determinación que aun cuando no se trata de la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sí afecta los derechos sustantivos de manera directa del quejoso, razón por la que debió inconformarse en su momento contra la referida cuantificación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." De ahí que si el solicitante no impugnó en su oportunidad la determinación en que se liquidó el monto de la condena con base en el cual se procedió a requerir el cumplimiento de la sentencia a la autoridad demandada, se estima que los argumentos hechos valer contra dicha cuantificación se encuentran precluidos, al haber quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de su consentimiento. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 57/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 196, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE." Máxime que en la resolución reclamada la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se limitó a confirmar el proveído emitido el seis de mayo de dos mil veintiuno por la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo número ********************, en el que tuvo por cumplida la sentencia emitida el quince de febrero de dos mil diecinueve, confirmada por la Tercera Sección de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional, en el recurso ********************, así como el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, al considerar que con la entrega al actor del cheque ******************** valioso por la cantidad de $124,877.42 (ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional), se cubrió el monto de la indemnización y demás prestaciones a los que fue condenada la autoridad demandada, liquidados precisamente de manera previa por resolución de veintiuno de enero de dos mil veinte. No pasa desapercibido el criterio que contiene la tesis II.3o.A.144 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDIMIENTO APLICABLE.", en el que dicho órgano colegiado estableció, entre otras cuestiones, que antes de proceder a la etapa de cumplimiento, la Sala Regional deberá abrir un incidente (en términos similares a la cuantificación en el cumplimiento sustituto) para determinar la cantidad exacta que habrá de pagarse con motivo de la cumplimentación de sentencia, y una vez obtenida se proceda conforme al procedimiento previsto en los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Sin embargo, toda vez que de las actuaciones que integran el procedimiento de origen del que deriva la resolución reclamada, se aprecia que durante el procedimiento de cumplimiento la sala del conocimiento realizó diversas cuantificaciones con las que se dio vista al ahora quejoso para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, siendo la última de ellas la contenida en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veinte; es evidente que no se dejó en estado de indefensión o sin derecho de audiencia al promovente del amparo, puesto que estuvo en posibilidad de inconformarse en contra de la liquidación efectuada en el referido procedimiento de cumplimiento al afectar de manera directa sus derechos sustantivos, y no sólo limitarse a solicitar la regularización del mismo, lo cual es únicamente imputable a él. En las relatadas condiciones, ante la inoperancia de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por ********************, en contra del acto reclamado a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 155 y 192, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****************, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y mediante lista electrónica a la parte tercero interesada. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, hasta el día de hoy veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en que se terminó de engrosar la presente resolución. Doy fe.

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