Porfirio De Gaona García
Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Porfirio De Gaona García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra el auto del treinta de mayo del año en curso; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme, infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que el Juez Noveno Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomo I -; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se desprende que feneció el plazo de veinte días concedido al quejoso ********** para que se presentara a recoger los edictos a efecto de emplazar a este sumario constitucional a la tercero interesada **********. Ahora bien, debe decirse que este órgano jurisdiccional al realizar un estudio de los presentes autos, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b), 27 fracción III inciso b) y 5, fracción III, inciso a), del propio ordenamiento que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." ARTÍCULO 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. "ARTICULO 27.- (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "ARTICULO 5o. (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;". De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio a la tercero interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercero en cita, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponden al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento de la tercero interesada **********, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos y los exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por lo que es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos ordenados a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al peticionario del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el precepto 17 constitucional, pues la parte quejosa está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No obsta a la anterior conclusión el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio de la tercero interesada no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se arribó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que en el precedente respectivo se abordaran las consecuencias que provoca la contumacia del promovente del amparo, en cuanto a la obligación que le impone este último numeral, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte quejosa de precisar el domicilio de la tercero interesada. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: 2a. CI/96. Página: 246, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO." Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente. Por tanto, como se advierte de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa de las que se aprecia que este juzgador agotó las medidas para la localización de la tercero interesada ********** sin lograr su emplazamiento, motivo por el cual, en proveído de veinte de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que compareciera al local de este juzgado a recibir los edictos con el objeto de que realizara las publicaciones correspondientes, a fin de efectuar el llamamiento a juicio de la precitada tercero interesada, sin que lo haya hecho como ya se indicó lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción II, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo; así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la diversa tesis II.2o.C.99 K, visible a página 2411, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Sin que lo establecido en la presente determinación contravenga lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Toda vez que si bien es cierto, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio de la tercero interesada sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndole para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la tercero interesada, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo, situación que en el sumario en que se actúa no acontece, pues la parte quejosa no se presentó a recoger los edictos puestos a su disposición ni manifestó la incapacidad económica que tuviera para sufragar el gasto para su publicación. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las ocho horas con treinta y ocho minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso **********, por el cual manifiesta la imposibilidad de la parte quejosa para presentarse a recoger los edictos relativos al emplazamiento de la tercero interesada **********, toda vez que argumenta que no cuenta con los recursos económicos para cubrir el gasto respectivo, es decir para el pago de la publicación de los edictos, por lo que solicita que se realice la diligencia respectiva a costa del Consejo de la Judicatura Federal, en ese sentido dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, pues con el ocurso de cuenta y sus honorarios, no demuestra fehacientemente que sea una persona de escasos recursos y que ello le impida pagar el costo de los edictos (insolvencia económica). Pues con dichas documentales no se tiene la certeza de su situación financiera o solvencia económica, por tanto, dígasele que debe ofrecer pruebas suficientes que acrediten dicha circunstancia. En este orden, previo a ordenar un emplazamiento por edictos a cargo de un quejoso en el juicio de amparo, el juez Federal debe verificar si el solicitante del amparo es una persona de escasos recursos, a fin de que se dilucide si le corresponde o no cubrir el gasto de la publicación de los edictos de que se trata, y dar oportunidad al quejoso para ofrecer pruebas de su interés. Ahora, la publicación de los edictos a fin de emplazar a los terceros interesados en el juicio de amparo es una carga procesal del quejoso y aun cuando, en ciertos casos, esa carga procesal se convierte en un verdadero obstáculo para obtener justicia, cuando el solicitante del amparo carece de los recursos económicos para sufragar el costo de su publicación, que en ocasiones resulta muy oneroso y, con ello, en la práctica, produce una limitación al derecho fundamental a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, no por cuestiones atribuibles a la autoridad, pero sí por la imposibilidad del peticionario de la protección constitucional para dar cumplimiento a lo ordenado por el juzgador. En el presente caso, si bien no está plenamente demostrado que el quejoso carezca de solvencia económica, lo cierto es que existen indicios que permiten inferir que su situación económica es precaria y que ameritaban que en acatamiento a lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXXIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de dos mil quince, Tomo II, página mil ciento diez, registro digital 2008746, recabara oficiosamente otros medios de convicción. La citada tesis aislada, dispone: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso". En efecto, en el caso que ahora nos ocupa, el quejoso en el escrito de cuenta, manifestó bajo protesta de decir verdad su imposibilidad económica de sufragar los gastos que genera la publicación de edictos para emplazar a juicio a la parte tercera interesada, pues exhibe comprobantes de pago de su fuente laboral, sin embargo se estima que debe exhibir suficientes medios de convicción para que este Juzgado Federal pueda allegarse de elementos que determinen su solvencia económica. Por tanto, al no obrar en autos pruebas suficientes que demuestren que el quejoso tiene o carece de la capacidad económica suficiente para sufragar el pago de los edictos, requiérasele a fin de que exhiba las pruebas suficientes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído del veinte de abril pasado; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las ocho horas con treinta y ocho minutos del trece de junio del dos mil veintidós. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjucio. Notifíquese; por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Pilar Juana Méndez García859/2017
- Pilar Reyes Fragoso846/2020
- Porfirio Antonio López Sánchez1758/2016
- Porfirio Cruz Santiago106/2022
- Porfirio Cruz Santiago731/2020
- Porfirio Cruz Santiago1280/2019
- Porfirio Mejía Monter917/2020
- Porfirio Ramírez Cruz y Otros.1130/2021
- Porfirio Sánchez Arana612/2020
- Porfirio Tamayo Campos1092/2022
- Porfirio Tamayo Campos422/2020
- Porfirio Trejo del Valle1444/2023