Porfirio Ruelas Valenzuela

Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
724/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Porfirio Ruelas Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. JUEZ ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda el oficio procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado en su favor y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 724/2021-6A, promovido por Porfirio Ruelas Valenzuela, correspondiéndole el juicio de amparo indirecto 519/2021-1A, de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se estimó carecer de legal competencia, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en el primer párrafo, del artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser destruido y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. LIBROS DE GOBIERNO Y S.I.S.E. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. De igual forma, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LA PÁGINA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda inicial formulada por PORFIRIO RUELAS VALENZUELA, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 724/2021-6A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la orden y ejecución de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Tecate, Baja California, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con residencia en Guadalupe Victoria, Baja California, relativa a la sentencia de adjudicación de la sucesión intestamentaria a bienes de Indalecio Payan Nieblas, respecto de la subdivisión del bien inmueble identificado como lote: 124, conocido como Rancho Santa Martha, Manzana: 30, Colonia: Predio Rustico denominado El Condor, Municipio de Tecate; con superficie documental de 36-00-73.00 HAS, y superficie de 31-88- 81.979 HS, identificado con clave catastral 4-KA-030-124, y con ello la afectación del predio de mi propiedad identificado como: Predio denominado "REAL DEL MONTE", con una superficie de 84-05-00 Hectáreas, que se ubican en la Delegación La rumorosa, del Municipio de Tecate, Baja California. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis invocadas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora bien, tomando en cuenta que el quejoso reclama la orden y ejecución de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Tecate, Baja California, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con residencia en Guadalupe Victoria, Baja California, relativa a la sentencia de adjudicación de la sucesión intestamentaria a bienes de Indalecio Payan Nieblas, respecto a la subdivisión del bien inmueble identificado como lote: 124, conocido como Rancho Santa Martha, Manzana: 30, Colonia: Predio Rustico denominado El Condor, Municipio de Tecate; con superficie documental de 36-00-73.00 HAS, y superficie de 31-88- 81.979 HS, identificado con clave catastral 4-KA-030-124, y con ello la afectación del predio de mi propiedad identificado como: Predio denominado "REAL DEL MONTE", con una superficie de 84-05-00 Hectáreas, que se ubican en la Delegación La rumorosa, del Municipio de Tecate, Baja California, por lo que debe aplicarse la primer hipótesis prevista por el artículo anteriormente transcrito; es decir, el Juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, la suscrita, considera que carece legalmente de competencia por razón de territorio, para conocer de la misma, pues se ejecutara en un lugar en el que este juzgado no ejerce jurisdicción. Por tanto, este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal, por razón de territorio, para conocer de esta demanda de amparo, porque los actos por esta vía reclamados se tienen ejecución, y esto será en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, por lo tanto deberá conocer de la misma, el Juez de Distrito en Turno, que ejerza jurisdicción en dicho lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima época, con número de registro digital: 237105, visible a página 73 del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Tercera Parte, página 73, con rubor y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptimo Época, con número de registro digital: 238543, visible a página 53, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Tercera Parte, página 53, con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." Por el contrario, de admitir la demanda de amparo de que se trata, se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado; pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. Por lo expuesto, tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, y ordena remitir los autos originales al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, quien se estima competente para seguir conociendo de la presente demanda. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. SE AUTORIZA ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicitó la autorización de acceso al expediente electrónico, para lo cual proporcionó su usuario gregmb1571; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, al reunir los requisitos establecidos por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hágase la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a dicho usuario, para que tenga acceso a consultar el expediente electrónico del presente asunto. Asimismo, téngasele por señalado el correo electrónico que indica en su ocurso de cuenta; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.

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