Porfirio Guerrero Martinez

Expediente 1270/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1270/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Porfirio Guerrero Martinez

Actuaciones

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1270/2019-5A, promovido por PORFIRIO GUERRERO MARTÍNEZ, contra actos de las autoridades responsables precisadas en el escrito de cuenta. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en lo siguiente: La orden de detención y/o aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Con fundamento en los artículos 164, 165, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados solicitados, para el efecto de que no se cumplimente la orden detención y/o de aprehensión reclamada por la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL La medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa omite: Exhibir dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, garantía por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido que de no cumplir con la anterior prevención, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida. La cantidad antes mencionada, se fija tomando en cuenta que hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza, modalidad y características del delito por el cual se libró la orden de detención y/o aprehensión en contra de la parte quejosa, tal como lo establece el artículo 168, de la legislación aplicable y en términos de la Jurisprudencia por contradicción, 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientas veintiséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, que se intitula: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Ahora, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la medida cautelar otorgada sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad ordenadora que corresponde conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar otorgada producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la parte imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que se encuentre recluido, únicamente en lo que refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, es así, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, respecto a la medida cautelar otorgada a la parte quejosa. Por otra parte, respecto a la medida de seguridad para que la parte quejosa no se evada de la acción de la justicia (presentarse ante esa autoridad para la continuación del procedimiento), una vez que se rinda el informe previo y en su caso, se tenga certeza de la existencia del acto reclamado, se resolverá lo conducente, en el momento procesal oportuno. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Y REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído; con el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el plazo establecido se les aplicará una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (84.49 UMA), equivalente a $8,449.00 pesos (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, requiérase a las autoridades ordenadoras para que al momento de rendir su informe previo, informen a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: Si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades. En el entendido de que la responsable ordenadora deberá precisar en su informe previo la naturaleza, modalidad y características del delito que se le impute y, en caso de ser patrimonial, señalar la cuantía, tal como lo establece el artículo 168 de la ley de la materia. Si el delitos es grave o no. Si el delito amerita prisión preventiva oficiosa o no. En el entendido que las autoridades responsables citadas, deberán remitir las constancias con las que se acredite tal supuesto, a fin de que este Juzgado Federal pueda actuar conforme a lo establecido en los artículos 145 y 256 de la Ley de Amparo, quedando apercibidas en los términos señalados en párrafos que anteceden. AUDIENCIA INCIDENTAL Hágase saber a las partes que la audiencia incidental tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. EXPEDICIÓN DE COPIA Finalmente, infórmese al ocursante que únicamente se expedirá un juego de copias certificadas del presente proveído, debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes en más de un tanto copia certificada de un mismo documento; previa identificación y razón de recibo que obre en autos para constancia, autorizando para recibirla a los designados en su escrito de demanda.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo signada por PORFIRIO GUERRERO MARTÍNEZ, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir al quejoso o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula el quejoso de mérito, contra actos del Juez de Garantías de la Fiscalía Regional de Mexicali, de la Fiscalía General del Estado de Baja California y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 1270/2019-5A. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO De la lectura de la demanda de amparo permite observar que el inconforme realiza diversas manifestaciones, en el siguiente sentido: ".EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES RESPONSBLES Y POR LOS ACTOS DE MOLESTIA E INTIMIDATORIOS Y DEBIDO A QUE TENGO TEMOR FUNDADO POR EL PELIGRO DE PRIVACIÓN DE MI VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD DE MI PERSONAL (SIC) FUERA DE PROCEDIMIENTO A LOS QUE HE SIDO SUJETO Y EN SU CASO QUE SE PRODUZCA LA INCOMUNICACIÓN Y EN SU CASO LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN." De igual manera, en el capítulo de actos reclamados, indica: ".c) Actos de los descritos en el Artículo 20 de la Ley de Amparo, respecto a las Autoridades mencionadas como responsables, que han atentado contra mi vida, mi libertad, y que pudiera darse la incomunicación e incluso la desaparición forzosa." Sin embargo, analizado en su contexto el escrito inicial de demanda, esto es, examinado en forma concatenada tanto los actos reclamados, como los conceptos de violación y el capítulo de suspensión, máxime que fue signada por el propio quejoso, incluso por la manera en que administrativamente fue turnado el asunto a este órgano jurisdiccional -no fue hecho de forma urgente-, este juzgador federal considera que en el caso particular no procede tener la presente demanda de amparo, como urgente, de los previstos en el artículo 20 de la Ley de Amparo, toda vez que se puede advertir claramente que de lo que realmente se queja el promovente, es una orden de detención o aprehensión emitida por un Juez de Garantías u otras autoridades; lo cual, dada su naturaleza permite distinguir que no se trata de actos expresamente prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y que permitan su paralización de oficio y de plano conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.A.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, registro digital 179731, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1458, que dice (énfasis añadido): "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, mismo que deberá rendirlo dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifique la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial. Apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes, para que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Juzgador, cuando cesen los efectos del acto reclamado o exista alguna causa de sobreseimiento, apercibidos, que de no hacerlos se les impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo en vigor. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se han señalado las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le será notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados o autorizados. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que la parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta, y se autoriza en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a la profesionista Azucena Contreras Guevara, así como únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala en su escrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA. En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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