Porfirio Hernandez Cortez

Expediente 596/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
596/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2017

Partes del expediente

  • Porfirio Hernandez Cortez
  • Juez Segundo Penal De Primer Instancia Del Distrito Judicial De Toluca Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la determinación de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, primer y segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvanse a la responsable, las constancias que anexó en alcance a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, rindiendo su informe justificado y a su vez remitió diversas constancias con las cuales acreditan su dicho. Ahora bien, en el caso de un análisis de la demanda de amparo, escrito aclaratorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado es el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se previene a la parte quejosa, para que aclare su escrito registrado con número de promoción 602, por el cual promueve incidente no especificado, solicitud de la quantum del descuento de la pena de prisión preventiva de la causa penal 11/2006, por el delito de homicidio con modificativa; además la revisión de medidas cautelares, se le aplique el descuento del quantum de la prisión preventiva, se le designe defensor para perfeccionar su escrito y se le proporcione copias de su escrito -acto que identifica el quejoso como negativa a que se le aplique el quantum de la prisión preventiva-. Para mayor precisión resulta conveniente citar en lo medular el contenido de dicho auto: ".en consecuencia, con fundamento en los artículos 29, 33, 170 fracción IV, 171 del Código de Procedimientos Penales abrogado, aun aplicable de manera ultractiva a este sistema penal, requiérase al sentenciado Porfirio Hernandez Cortez, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente provisto aclare su pedimento y a efecto de no vulnerar garantías individuales se le designa defensor público, a quien hágasele saber el cargo conferido para efectos de su aceptación y toma de protesta, expídase copias simples del presente provisto al sentenciado. Notifíquese,." (foja 371 del anexo). Determinación respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral dispone que el juicio de amparo es improcedente: "... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Así pues, de la intelección del precepto legal en la cual se sustenta esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal. III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. V. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora bien, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado, se estima que el auto de veintisiete de febrero del presente año, es impugnable a través del recurso de revocación. Lo anterior es así, pues el artículo señalado dispone lo siguiente: "Artículo 300.- Solamente los autos sobre los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el Tribunal que los dictó." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado, dispone que los autos sobre los cuales no se conceda por el código de la materia el recurso de apelación, como en el caso acontece, serán revocables por el Tribunal que los dictó; por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia del recurso de revocación, resulta evidente que debió interponer el citado medio de impugnación, circunstancia que no aconteció. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Máxime que el acto reclamado relativo a la prevención de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, si bien es cierto es un acto dictado después de concluido el juicio, en la etapa de sentencia, deriva de un mandato emitido dentro de un procedimiento; por tanto en este supuesto, el plazo para presentar la demanda de amparo es el de quince días, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, y no el de la excepción de su fracción IV, la cual alude a que podrá efectuarse en cualquier tiempo, pues esta hipótesis procede contra actos que no provienen de un procedimiento judicial, entendiéndose por éstos, entre otros, el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal -fuera de procedimiento judicial-, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; de ahí que si dicho auto fue notificado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete y la demanda de amparo presentada el dieciocho de abril siguiente, el acto reclamado en amparo se encuentra fuera del plazo genérico de quince días, por lo que se considera que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. Además, de que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación dictado dentro del incidente no especificado, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; por tanto sigue imperando el sentido del presente auto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia mencionada prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional prevista a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, agréguese el informe justificado rendido por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al que anexa un legajo de copias certificadas de la causa penal número 52/2016; lo anterior, sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. Con las constancias que adjunta al informe de cuenta fórmese anexo para su mejor manejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso Porfirio Hernández Cortés, mediante el cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento hecho en auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. RADICACIÓN DE DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde por lista el presente acuerdo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, o en su caso, remita un índice cronológico del desarrollo de la audiencia donde se emitió el acto reclamado; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. PRUEBAS. En relación a su medio de convicción que señala en su escrito de demanda, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada dicha probanza ofrecida por la parte quejosa, sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables y tercero interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa, copia de la presente determinación. Notifíquese.

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