Porfirio Cotero Bernal

Expediente 1392/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1392/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Porfirio Cotero Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    iv)Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, devuélvase a la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, toca 445/2018, Juicio ejecutivo mercantil 702/2014, en dos tomos, dos incidentes de liquidación y actualización de intereses moratorios derivados del citado juicio mercantil y un sobre cerrado, que anexó como complemento a su informe justificado. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    iv)Toluca, Estado de México; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Aceptación competencia. Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias siguientes: a) Juicio de amparo directo 644/2018. b) Toca 445/2018. c) Juicio ejecutivo mercantil 702/2014, en dos tomos. d) Dos incidentes de liquidación y actualización de intereses moratorios derivados del citado juicio mercantil. e) Un sobre cerrado. De lo anterior, se advierte la determinación de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por la cual esa superioridad, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Diego Manuel Gómez Ríos, en su carácter de autorizado de Porfirio Cotero Bernal y Lorena Elizabeth Cotero Arizmendi en términos del artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se acepta la competencia planteada por la Superioridad oficiante, acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1392/2018-IV. Con las constancias descritas en los incisos b) a e), remitidas por el Tribunal oficiante, para un mejor manejo, consérvense por separado. Improcedencia. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 6 y 62 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del diverso numeral 61 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo intentada, por no haberse observado el principio estructural y fundamental de instancia de parte agraviada. Dichas disposiciones establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Conforme lo anterior, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo antes invocada, toda vez que los directos quejosos Porfirio Cotero Bernal y Lorena Elizabeth Cotero Arizmendi promovieron demanda de amparo, por conducto de Diego Manuel Gómez Ríos, en su carácter de abogado patrono, quien fue autorizado por aquéllos en la controversia de origen en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, que literalmente establece: "Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada". El aserto anterior se prueba con los acuerdos de trece de agosto y veintitrés de septiembre de dos mil catorce, constancias visibles a fojas treinta y cinco y ochenta y cinco del juicio ejecutivo mercantil 702/2014, que forma parte de las constancias remitidas por la responsable de los que se aprecia que se admitió esa autorización en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, en la que acorde a la reproducción preinserta se prevé la posibilidad de que las partes en un juicio de índole mercantil autoricen a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; sin embargo, de esa disposición en modo alguno deriva que el autorizado para oír notificaciones en el juicio tramitado en la jurisdicción ejecutiva tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de sus autorizantes, dado que la legitimación procesal para actuar en el juicio de origen no puede trascender a juicio diverso como lo es este juicio de amparo indirecto, medio extraordinario de defensa totalmente independiente a la jurisdicción ordinaria, pues es más que sabido que el juicio constitucional no es una tercera instancia, sino un proceso completamente distinto donde se juzga un acto de autoridad. En consecuencia, la demanda debe ser suscrita y firmada por Porfirio Cotero Bernal y Lorena Elizabeth Cotero Arizmendi, cualidades que no se surten respecto del autorizado conforme al referido artículo 1069 del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consulta en la página 327, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". Como se anticipó, de las constancias emitidas por la responsable, se advierte que por autos de trece de agosto y veintitrés de septiembre de dos mil catorce, (f. 35 y 85 del juicio ejecutivo mercantil 702/2014), se dio la intervención a Diego Manuel Gómez Ríos en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. En consecuencia, toda vez que quien figura como mandatario judicial de la parte quejosa, lo es en términos del artículo 1069 del Código de comercio; se configura la causal de improcedencia, tanto constitucional como legal, prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de este último ordenamiento, de la ley de la materia; por lo tanto, se desecha la demanda de amparo que promovió en su carácter de abogado patrono Diego Manuel Gómez Ríos, ostentándose mandatario judicial de Porfirio Cotero Bernal y Lorena Elizabeth Cotero Arizmendi. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis previstas por el artículo 79 de la actual Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la deficiencia de la queja, pues ésta no llega al extremo de dejar de aplicar o soslayar las cuestiones de procedencia del juicio de amparo, como lo es, la falta de legitimación en el proceso para instar la acción constitucional. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el que indicó consistente en los "estrados" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo.. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana Bertha López Vásquez, María Isabel Longinos Jaime, José Luis Palencia Lara y Ana Luisa Camacho Martínez. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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