PORFIRIO CELEDONIO GONZALEZ y Otros.
Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PORFIRIO CELEDONIO GONZALEZ y Otros.
- VICTOR GONZALEZ MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Con la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de asesor jurídico de ...., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 134/2021. Causal de improcedencia. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, la omisión y retardo injustificado de emitir resolución o acuerdo para mandar a citar a los imputados dentro de la causa penal 111/2020 para la audiencia inicial a que se refieren los artículos 141, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa previamente a la presentación de su demanda de amparo, debió agotar el medio ordinario de impugnación correspondiente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ¨ (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Luego, es factible establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito1, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En la especie, como se adelantó, el aquí quejoso reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, la omisión y retardo injustificado de emitir resolución o acuerdo para mandar a citar a los imputados dentro de la causa penal 111/2020 para la audiencia inicial a que se refieren los artículos 141, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que sea notorio que el acto reclamado en esta instancia emana de un tribunal jurisdiccional y que la parte aquí quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, que éste se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada y que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser 1 Visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. modificado, revocado o nulificado, debe destacarse lo que al respecto disponen el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala: Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Del precepto transcrito se advierte, en lo que aquí interesa, que contra los casos de omisión procede recurso de queja. Bajo tales premisas, es evidente que la parte quejosa está en condiciones de promover el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la omisión de emitir acuerdo a fin de citar a los imputados dentro de la causa penal 111/2020 para que tenga lugar la audiencia inicial a que se refieren los artículos 141, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, toda vez que no se actualiza algún caso de excepción de los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, es incuestionable que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que a juicio del suscrito, en contra del citado acto reclamado, procede un medio ordinario de defensa que tiene por objeto confirmar, revocar, anular o modificar dicho acto de autoridad, concretamente, el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, de las constancias de autos no se advierte que el impetrante lo haya agotado previamente a la promoción del juicio de amparo a pesar de que se encontraba obligada a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. Por tanto, si como se desprende, la parte impetrante del amparo omitió cumplir con el indicado principio de definitividad, en atención a que directamente procedió a combatir el acto de autoridad a través de este medio extraordinario de defensa, resulta inconcuso que, por virtud de ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense las mismas, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en los estados de este Juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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