Porfirio Castellanos Herrera o Victor Castellanos Herrera y Otros.

Expediente 231/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
231/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Porfirio Castellanos Herrera o Victor Castellanos Herrera y Otros.
  • Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro
  • Porfirio Castellanos Herrera o Victor Castellanos Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Mediante oficio que se gire, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, los duplicados del expediente penal 192/2016 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, y que obra por separado como cuaderno de pruebas en dos tomos (foja 52).

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada de catorce de febrero de dos mil diecisiete en el proceso penal 192/2016, en la que confirmó la prisión preventiva a que se sujetó el procesado ..... en la causa penal de mérito, por ser improcedente la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares. En audiencia que señale con citación de las partes dicte otra determinación en la que conforme lo disponen los artículos 167 a 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declare procedente la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones l, ll y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en 1) presentación periódica, 2)garantía económica y 3) prohibición de salir del país; quedando el juzgador en libertad de jurisdicción para fijar la periodicidad que estime conveniente para la presentación periódica del inculpado ante la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado de Oaxaca, así también, fije la garantía económica suficiente para garantizar el monto estimado para la reparación del daño, conforme a las pruebas que obran en el proceso y, en caso de no existir pruebas fije dicho monto con base en la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo al atender a la pérdida de una función del órgano visual. En el entendido que hasta que no se garantice tal medida de carácter económico el inculpado deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social en el que se encuentra interno. Inconforme con tal resolución la tercera interesada Rufina Ivonne de la Rosa Martínez, progenitora del menor José Manuel García de la Rosa, interpuso el recurso de revisión correspondiente, motivo por el cual, en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se le dio trámite al aludido recurso de revisión mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimotercer Circuito, bajo el registro 430/2017. Medio de impugnación en el que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, por ejecutoria pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecisiete, modifico la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección al ahora quejoso contra la resolución reclamada; por lo que con motivo de ello, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete se tuvieron por recibidos los autos y en atención a lo indicado por la superioridad se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro a fin de que acatara la ejecutoria de amparo emitida por la superioridad en los términos precisados por el Tribunal de Alzada (fojas 111 a 150). En ese orden, en cumplimiento al fallo protector, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, remitió el acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, del que se desprende que el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró una audiencia de suspensión del proceso a prueba en la que comparecieran el hoy el quejoso .... ; así como el menor ofendido José Manuel García de la Rosa y su progenitora ..... , el Ministerio Público y la defensa del procesado con todos ellos se analizó la procedencia del modo simplificado de terminación del proceso penal 192/2016, el que se encontraba en estado de instrucción por el delito de lesiones en contra del aquí quejoso, se mandó suspender el procedimiento a prueba por un lapso de seis meses, se aprobó el plan de reparación del daño, y se sujetó al imputado que deberá comparecer ante esa autoridad todos los días quince de cada mes hasta la conclusión de los seis meses por lo tanto dicho procesado quedó en libertad, por lo que se ordenó librar la boleta de libertad al Director del Centro de Reinserción Social Número tres en el Estado con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tales condiciones, resulta evidente que respecto de la ejecutoria emitida por la superioridad en la que se indicó a la autoridad responsable realizara un estudio integral del expediente para determinar la procedencia de la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva al tenor de la modificación de la sentencia de amparo que pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, no existe materia para poder analizar el acatamiento al fallo protector, lo anterior en virtud de que ha cesado la prisión preventiva al haber obtenido su libertad el quejoso.... , y al haberse sometido el proceso a un periodo de suspensión a prueba, impide a esta Juzgadora realizar un análisis respecto del fondo de la litis, lo anterior en virtud de que si bien no existe una disposición expresa respecto del tema de la declaratoria sin materia en los amparos protectores a los justiciables, lo cierto es que esa hipótesis también puede ser una variante de la imposibilidad material y jurídica para acatar el fallo protector, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada. Apoya lo anterior, por su contenido, la tesis 2a. CLV/2017 (10a). emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 1225, libro 47, octubre de dos mil diecisiete, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada de catorce de febrero de dos mil diecisiete en el proceso penal 192/2016, en la que confirmó la prisión preventiva a que se sujetó el procesado ..... en la causa penal de mérito, por ser improcedente la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares. En audiencia que señale con citación de las partes dicte otra determinación en la que conforme lo disponen los artículos 167 a 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declare procedente la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones l, ll y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en 1) presentación periódica, 2)garantía económica y 3) prohibición de salir del país; quedando el juzgador en libertad de jurisdicción para fijar la periodicidad que estime conveniente para la presentación periódica del inculpado ante la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado de Oaxaca, así también, fije la garantía económica suficiente para garantizar el monto estimado para la reparación del daño, conforme a las pruebas que obran en el proceso y, en caso de no existir pruebas fije dicho monto con base en la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo al atender a la pérdida de una función del órgano visual. En el entendido que hasta que no se garantice tal medida de carácter económico el inculpado deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social en el que se encuentra interno. Inconforme con tal resolución la tercera interesada Rufina Ivonne de la Rosa Martínez, progenitora del menor José Manuel García de la Rosa, interpuso el recurso de revisión correspondiente, motivo por el cual, en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se le dio trámite al aludido recurso de revisión mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimotercer Circuito, bajo el registro 430/2017. Medio de impugnación en el que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, por ejecutoria pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecisiete, modifico la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección al ahora quejoso contra la resolución reclamada; por lo que con motivo de ello, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete se tuvieron por recibidos los autos y en atención a lo indicado por la superioridad se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro a fin de que acatara la ejecutoria de amparo emitida por la superioridad en los términos precisados por el Tribunal de Alzada (fojas 111 a 150). En ese orden, en cumplimiento al fallo protector, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, remitió el acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, del que se desprende que el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró una audiencia de suspensión del proceso a prueba en la que comparecieran el hoy el quejoso .... ; así como el menor ofendido José Manuel García de la Rosa y su progenitora ..... , el Ministerio Público y la defensa del procesado con todos ellos se analizó la procedencia del modo simplificado de terminación del proceso penal 192/2016, el que se encontraba en estado de instrucción por el delito de lesiones en contra del aquí quejoso, se mandó suspender el procedimiento a prueba por un lapso de seis meses, se aprobó el plan de reparación del daño, y se sujetó al imputado que deberá comparecer ante esa autoridad todos los días quince de cada mes hasta la conclusión de los seis meses por lo tanto dicho procesado quedó en libertad, por lo que se ordenó librar la boleta de libertad al Director del Centro de Reinserción Social Número tres en el Estado con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tales condiciones, resulta evidente que respecto de la ejecutoria emitida por la superioridad en la que se indicó a la autoridad responsable realizara un estudio integral del expediente para determinar la procedencia de la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva al tenor de la modificación de la sentencia de amparo que pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, no existe materia para poder analizar el acatamiento al fallo protector, lo anterior en virtud de que ha cesado la prisión preventiva al haber obtenido su libertad el quejoso.... , y al haberse sometido el proceso a un periodo de suspensión a prueba, impide a esta Juzgadora realizar un análisis respecto del fondo de la litis, lo anterior en virtud de que si bien no existe una disposición expresa respecto del tema de la declaratoria sin materia en los amparos protectores a los justiciables, lo cierto es que esa hipótesis también puede ser una variante de la imposibilidad material y jurídica para acatar el fallo protector, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada. Apoya lo anterior, por su contenido, la tesis 2a. CLV/2017 (10a). emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 1225, libro 47, octubre de dos mil diecisiete, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y anexo que acompaña, por el cual informa su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos y remite las constancias para acreditar lo anterior. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

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