Porfirio Allende León

Expediente 1545/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1545/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • Porfirio Allende León
  • Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada mediante interlocutoria de quince de noviembre del año actual, al no exhibirse la garantía respectiva; por tanto, queda expedita la facultad de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito del quejoso, por medio del cual ofrece la instrumental de actuaciones y formula alegatos; en consecuencia de conformidad con los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la prueba que refiere y por formulados los alegatos. Por otra parte, agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa. Finalmente para dar tiempo a lo anterior, se transfiere, la audiencia constitucional programada para las diez horas con cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, y en su lugar se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de la tercero interesada Graciela Herrera Chávez; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere; asimismo, en términos del artículo 5 de la ley de la materia se tiene por apersonada a la tercero interesada en comento. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la tercera interesada el señalado y como autorizados en los términos que precisó a las personas que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1545/2016. R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL CUADERNO INCIDENTAL. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE AUTORIDAD Y ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclamó del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, la determinación de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la responsable en el incidente de liquidación de intereses moratorios, en la que fue aprobada la planilla de liquidación por la cantidad de $224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). Se precisa que la parte quejosa solicita únicamente la suspensión para el efecto de que no se ejecute la determinación antes precisada. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al momento de rendir su informe previo, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, aceptó la existencia del acto reclamado. Luego, el Notificador habilitado por el Titular para Realizar Funciones de Ejecutor del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir su respectivo informe previo, negó la existencia de los actos que le fueron imputados; sin embargo, al tener el carácter de ejecutora y dado sus atribuciones legales, en cualquier momento pueden llevar a cabo la actuación de la que fue aceptado por la ordenadora referida en el párrafo anterior, es por lo que se les tiene por cierto el acto reclamado, sólo para los efectos de la suspensión. TERCERO. DETERMINACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. Ahora, con fundamento en los artículos 144 y 146, de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado que hace consistir en la emisión de la determinación de catorce de septiembre del año en curso en el incidente de liquidación de intereses, en atención de que se trata de actos consumados y en contra de los cuales no procede conceder dicha medida cautelar, en virtud de que sería darle efectos restitutorios a los mismos, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 8ª. Época, Tomo 60, Diciembre de 1992) CUARTO. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Por otro lado, con fundamento en los artículos 144, 146 y 147, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se concede la suspensión definitiva que solicita en relación a las consecuencias de los actos reclamados que por esta vía combate, para los efectos de que no sea requerido al impetrante del pago de la cantidad a la que fue condenado por concepto de intereses moratorios y se continúe con el procedimiento; hasta que la autoridad responsable reciba notificación sobre la ejecutoria que se dicte en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. A efecto de que la medida cautelar siga surtiendo sus efectos, es dable establecer una garantía: Necesidad del análisis del monto de la garantía fijada. Efectivamente, la cantidad de dinero que se fije para que surta efectos la medida cautelar otorgada, es una forma de garantizar la posible causación de daños y perjuicios; es decir, en el supuesto de que se actualice, servirá para pagar esos daños y perjuicios, si se llega a promover el incidente respectivo y en caso contrario, la cantidad otorgada será devuelta en forma íntegra a la parte quejosa. Daños y perjuicios. El artículo 132 de la Ley de Amparo, establece de manera textual lo siguiente: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se concede, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado, que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta efectos." El contenido del artículo trascrito pone de manifiesto, la obligación del juzgador de amparo para fijar en ciertos casos el monto de la caución a su prudente arbitrio, con las salvedades que en cada caso se presenten. Sin embargo, se aclara, se deben tomar en consideración las condiciones particulares que imperen para calcular el importe de los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudiera resentir el tercero interesado. En este cometido, cabe señalar que por daños se entiende la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; y, por perjuicios la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Por tanto, tal y como lo establece el segundo párrafo del mencionado artículo 132 de la ley de la materia, los posibles daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudieran ocasionarse a los terceros, deben ser establecidos de manera discrecional, con caución suficiente y bastante. Al respecto, se debe tomar en consideración: 1) Las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado. 2) Los datos que arrojen las pruebas rendidas y aquellas que las partes suministren para calcular aproximadamente los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y sus efectos pudiera resentir el tercero perjudicado. Indicador para el cálculo de los daños y perjuicios. Precisado lo anterior, como el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, puede generar que el tercero deje de percibir una suma de dinero que por derecho le correspondía, ya que según de las manifestaciones vertidas por el impetrante de garantías en su escrito de demanda la cantidad y del informe previo de la autoridad responsable, se advierte que fue condenado a $224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), que haciende a la liquidación por concepto de pago de intereses moratorios respecto del periodo del tres de agosto de dos mil catorce al dos de agosto de dos mil dieciséis; por lo que constituye un hecho notorio la existencia de daños y perjuicios, dado que es evidente que el dinero por el mero transcurso del tiempo pierde valor adquisitivo y que el mismo deja de generar un rendimiento, de acuerdo a las tasas de mercado. Establecido que constituye un hecho notorio la existencia de los daños y perjuicios, corresponde establecer a través de qué parámetros se cuantificaron. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2014, consideró que los daños se calcularán atendiendo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publica quincenalmente, ya que a través de él se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, razón por la cual refleja de manera sencilla y práctica la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el simple transcurso del tiempo, razón por la que se estima que dicho parámetro es el más idóneo para calcular el monto de los daños. Asimismo, precisó el Pleno, los perjuicios se deberán calcular aplicando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), porque dicha tasa refleja claramente el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir, según las condiciones del mercado, pues para su cálculo, el Banco de México requiere de cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias que pretende reflejar las condiciones del mercado de dinero. En esa tesitura, en primer término se precisa que el monto que debe considerarse como base para realizar el cálculo de la garantía por los conceptos de daños y perjuicios, es la cantidad de $224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), que representa la suma a la que fue condenada en el incidente del que derivan los actos reclamados. Lo anterior, tomando en consideración que tal dato, obtenido de las manifestaciones referidas por el quejoso en su escrito de demanda y de informe previo rendido por la responsable, es la única base cuantificable objetiva con los que se cuenta para proveer sobre la medida caucionanal. Por lo que tal importe es el que se tomará en consideración para efectos de fijar la garantía, pues constituye el único elemento cuantificable con el que se cuenta para ello. Así, los montos a obtener por daños y perjuicios, que serán los que constituyan la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, solicitada por el quejoso, se ilustran de la siguiente forma: Daños Respecto a los daños, se toma como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado en la página del Servicio de Administración Tributaria, del que se advierte que la variación al mes de octubre del año dos mil dieciséis, fue de 121.007 puntos, que representa punto cuarenta y uno por ciento (0.41%) respecto del índice correspondiente al mes de diciembre de dos mil quince; que se aplicará al monto líquido de $224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), de la siguiente forma: ($224,400.00) x (0.41%) = ($920.04) La cantidad restante de $920.04 (novecientos veinte pesos 04/100 moneda nacional), debe multiplicarse por el tiempo probable en que se resolverá el amparo, consistente en 3.56 (tres punto cincuenta y seis meses). Lo anterior, porque la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, consultable en la página web http://www.dgepj.scj.gob.mx/, posteriormente seleccionar la opción "estadística judicial" y elegir el rubro "indicadores"; en donde se introducen los rubros: año estadístico (2014 por ser el último actualizado); tipo de órgano (Juzgados de Distrito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (duración en días de los asuntos JD/Juicio de amparo indirecto). Después aparece un resultado por circuitos; sin embargo, ese no es el indicador que sirve de referencia para el cálculo, pues es un valor promedio de todo el circuito y no de este órgano de control constitucional. Ante ello, se seleccionará el rubro "segundo circuito", y mostrará el número de días por cada uno de los órganos del segundo circuito, Juzgados de Distrito por así haberse condicionado la búsqueda desde el criterio a consultar-. Así, una vez efectuada la consulta de indicadores, reporta como días aproximados para la resolución de los juicios de amparo indirecto el equivalente a ciento siete punto treinta y tres (107.33) días; que divididos entre 30 (por imperativo jurisprudencial), genera un final promedio de tres (3) meses diecisiete (17) días, tiempo de duración en que este juzgado resuelve un juicio de amparo indirecto y que debe tomarse en cuenta para efectos del cálculo de los daños. De ahí que si se multiplican los $920.04 (novecientos veinte pesos con 04/100 moneda nacional) obtenidos del Índice Nacional de Precios al Consumidor por el tiempo probable de la resolución del juicio de amparo se obtiene la suma de $3275.34 (tres mil doscientos setenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), por concepto de posibles daños que se pudieran ocasionar al tercero interesado. Perjuicios En relación a los perjuicios, se toma en consideración la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a veintiocho días para la fecha en se emitió la presente determinación, la que corresponde a 5.2850 (cinco punto dos mil ochocientos cincuenta por ciento), que debe multiplicarse por la suma, que como cantidad objetiva se decretó, es decir $224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); de la siguiente forma: (5.2850 %) x $224400= $11859.54 Tal cantidad, que corresponde al interés generado en un año, dividida entre doce (12) que son los meses del año, da el siguiente resultado: $11859.54/12 = $988.29 mensuales. Ahora, tal cantidad debe multiplicarse por el tiempo probable en que se resolverá el amparo, que como se precisó con anterioridad, es de 3.56 (tres punto cincuenta y seis meses); lo que arroja como resultado final, el monto de $3518.33 (tres mil quinientos dieciocho pesos 33/100 moneda nacional). Monto de la caución En consecuencia, a efecto de que surta efectos la suspensión concedida, el quejoso, ahora recurrente, deberá exhibir como garantía la cantidad de $3275.34 (tres mil doscientos setenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), por concepto de daños y $3518.33 (tres mil quinientos dieciocho pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de perjuicios, que se puedan generar con motivo de la suspensión del acto reclamado; lo que en suma da el total de $6793.67 (seis mil setecientos noventa y siete pesos 67/100 moneda nacional). Efectividad Así, la suspensión definitiva otorgada, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, surte efectos desde luego y dejará de surtirlos si la quejosa, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se tenga por recibida la presente determinación ante el juzgado de Distrito de origen, no exhibe ante él, y en las formas permitidas por la ley (para el caso de que sea exhibida en billete de depósito o póliza de fianza, deberá contener los requisitos mencionados en la resolución recurrida), la garantía de la suspensión, consistente en $6793.67 (seis mil setecientos noventa y siete pesos 67/100 moneda nacional), para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado con el otorgamiento de la medida cautelar, si el impetrante no obtiene sentencia favorable en el expediente principal del que deriva el incidente de suspensión a estudio, en la inteligencia que de presentarla, deberá figurar como depositante la parte quejosa, de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" de habrá de especificar que es "con el objeto de que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1545/2016", formado con la demanda promovida por Porfirio Allende León, el cual deberá dirigirse al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. Se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior, dejará de surtir efectos la medida concedida. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Porfirio Allende León, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades indicadas en el contenido de los considerandos segundo y tercero de la presente determinación por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. Se concede a Porfirio Allende León, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades indicadas en el contenido de los considerandos segundo y cuarto de la presente determinación por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Jaime Arzate Romero, que da fe.

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