Porfirio Allende León

Expediente 1143/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1143/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Porfirio Allende León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración tanto el presente expediente ya que negó el amparo, y carece de relevancia documental, como el original del incidente de suspensión, ya que se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase a la responsable, los anexos que remitió en autos, sin ser necesario el acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  2. Principal

    treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1143/2017-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, recibido el mismo día en este juzgado; Porfirio Allende León, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV, constitucionales; 1º fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto a por una autoridad judicial que tiene su residencia dentro de la jurisdicción que fue asignada a este juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables las siguientes: Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Como actos reclamados se tienen: La resolución dictada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el incidente de liquidación de intereses relativo al juicio ejecutivo mercantil 648/2013; y, su ejecución. TERCERO. El Juez responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 56 a 58), lo que se corrobora fehacientemente con las copias certificadas diversas constancias que adjuntó a su informe justificado en especial con las relativas a copias certificadas juicio ejecutivo mercantil 648/2013, de los incidentes de dación de pago e intereses moratorios y cuaderno de amparo deducidos de dicho expediente; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Por su parte, el Notificador habilitado para realizar funciones de Ejecutor adscrito al juzgado responsable, negó la orden para realizar el requerimiento de pago; sin embargo, al haber aceptado la existencia del acto reclamado la autoridad ordenadora, dado el carácter de autoridad ejecutora, se le tiene por cierto, pues resulta inconcuso que en su momento llevará a cabo la ejecución del mismo. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia visible en la página 913 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época Materia Común, de rubro: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia ni las partes las hacen valer, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. En este sentido, el quejoso en sus conceptos de violación sustancialmente sostuvo que el Juez responsable al exponer incorrectamente los razonamientos fundatorios de su fallo, vulneró los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que debe concederse el amparo para el efecto de que se le absuelva de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen. Además, en el capítulo de hechos y abstenciones adujó que no tomó en consideración lo manifestado en el incidente respectivo en el sentido de que no ha sido responsable de los intereses generados, pues en diversas ocasiones ha entregado en dación de pago el bien embargado. Ahora, el concepto de violación en el que afirma que la responsable expuso incorrectamente los razonamientos fundatorios de su determinación, en contravención con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es en parte infundado y, en otra inoperante. Infundado, pues basta imponerse de la resolución combatida para concluir que la responsable sí fundó y motivó el acto reclamado, en virtud de que expuso las razones particulares y causas especiales que tomó en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, además, invocó los preceptos que utilizó para normar su criterio, razón por lo que tal motivo de disenso es infundado. Respecto a este último punto, es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/12, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2053, registro 162826, del epígrafe y tenor siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA.- Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad." Además, para verificar si la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, debe señalarse que es una cuestión que involucra el juicio de corrección de las consideraciones emitidas por la responsable, lo que es motivo de estudio solo a través de los conceptos de violación que aduzca el impetrante, en los que evidencie que los preceptos legales citados como fundamento no son los aplicables al caso concreto o que los motivos expuestos en ésta, no satisfacen la hipótesis legal aplicada, lo cual omitió hacer el impetrante constitucional, de ahí que tal concepto de inconformidad deba además declararse inoperante. Esto es, el quejoso no controvierte los fundamentos del Juez emisor del acto reclamado, mismos que sustancialmente refieren: a) Que la dación de pago a que hace referencia el demandado ahora quejoso, se declaró improcedente mediante sentencia interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la cual no fue impugnada por ninguna de las partes. b) Que el monto del interés pactado en el pagaré base de la acción, fue usurario, por lo que se procedió a su reducción del 10% mensual al 3.83% mensual, por lo que si la suerte principal ascendió a la cantidad de $93,500.00 (noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) habiéndose generado el interés moratorio mensual de $3,561.90 (tres mil quinientos sesenta y un pesos 90/100 moneda nacional), multiplicados por veinticuatro meses transcurridos, que se computaron a partir de que se cumplió el primer mes de vencimiento, esto es, desde el quince de julio de dos mil doce, arrojó el monto de $83,485.60 (ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco 60/100 moneda nacional), por lo que se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad indicada. c) Que no está facultada para obligar a la actora a aceptar el inmueble que ofrece la parte demandada, además que el pago de la cantidad que se deuda y los intereses que se generen, pueden ser cubiertos con la venta del inmueble una vez que se levante el embargo que pesa sobre ese predio. De ahí, que deba concluirse que el concepto de violación en estudio resulta inoperante porque cuando se reclama en amparo la respuesta que se da a un recurso, no es dable analizar la resolución combatida en ese recurso, sino que la litis debe constreñirse a analizar si los argumentos del acto reclamado, son o no violatorios de derechos humanos; entonces, si tales argumentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo los de la sentencia que se reclama. Además, resulta inoperante, porque el impetrante se limitó a exponerlo sin realizar razonamiento jurídico alguno por el cual establezca la contradicción entre las consideraciones vertidas por el Juez responsable y su pretensión de que se declare improcedente el incidente del que deriva la sentencia impugnada, puesto que al ser declarados infundados sus agravios, correspondía al quejoso a través de sus conceptos de violación, evidenciar que el juez responsable actuó en forma ilegal debido a que, sus agravios no resultaban infundados, lo que se reitera, no expresó y por ello tal concepto es inoperante. Lo anterior es así, atento a que en la materia civil, no es factible por regla general la suplencia de la deficiencia en la expresión de los conceptos de violación, sin que para ello sea óbice el contenido de la Jurisprudencia P./J. 69/2000, de rubro "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", toda vez que, aun cuando para ser analizados los conceptos de violación basta con la inconformidad expresada por el quejoso en su demanda de amparo para estudiar las violaciones correspondientes, de ningún modo ello implica que el impetrante se limite a realizar afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja, corresponde precisamente al accionante del amparo exponer razonadamente el por qué estima inconstitucional o ilegal el acto que reclama. Lo anterior, se apoya en la Jurisprudencia 81/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Máxime que no basta que señale como violados los diversos artículos del Pacto Federal, sin expresar por qué se infringen dichos preceptos, pues el planteamiento debe consistir en la expresión y razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la resolución reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho cuando no haya ley aplicable al caso; por tanto, si no se reúnen tales requisitos, el argumento respectivo resulta inoperante, cuando no haya lugar, como en el caso, a suplir la queja deficiente. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número 27, consultable en la página número 608, del Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES. Las simples manifestaciones hechas por el agraviado aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de disposiciones constitucionales que contienen garantías individuales que estima violadas no pueden considerarse preceptos de violación, si no atacan los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar que la autoridad responsable conculcó los preceptos citados." En otro orden, resulta infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante sostiene que el A quo no tomó en consideración que no ha sido responsable de los intereses generados, ya que en diversas ocasiones ha entregado en dación de pago el bien embargado; ya que contrario a ello, la responsable dio contestación a tal argumento al sostener que la dación de pago a que hace referencia, se declaró improcedente mediante sentencia interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la cual no fue impugnada por ninguna de las partes. Por tanto, es de concluirse que al resultar los conceptos de violación infundados e inoperantes, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Notificador habilitado para realizar funciones de Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por no combatirse por vicios propios. Al caso se cita la tesis visible en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." R E S U E L V E: ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Porfirio Allende León, respecto del acto precisado en el considerando segundo y conforme a los razonamientos contenidos en este fallo.

  3. Incidental

    Visto lo asentado de manera precedente, así como el estado procesal de los autos, se advierte que la resolución de ocho de agosto del año actual, fue notificada el nueve de ese mismo mes y año a la parte quejosa (folio 34 vuelta); en consecuencia, el plazo de cinco días otorgados en esa actuación, a fin de que exhibiera garantía, transcurrió, sin que así lo hiciera. En términos de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a los lineamientos de la referida interlocutoria, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en esta fecha deja de surtir efectos la suspensión concedida, por lo cual, queda expedita su facultad para ejecutar el acto reclamado, ello con entera independencia de que mientras no se ejecute el acto reclamado, la quejosa podrá exhibir la garantía con la cual, de inmediato volverá a surtir efectos la medida suspensional.

  4. Principal

    Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que anexa la oficiante y fórmense los anexos uno al cuatro. Para dar tiempo a que transcurra el plazo referido en líneas precedentes, la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de agosto del actual, se transfiere y en su lugar se señalan las once horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.

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