Ponciano Gonzalez De La Rosa
Expediente 625/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2016
Partes del expediente
- Ponciano Gonzalez De La Rosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, auto de veinte de mayo del año en curso (fojas 162 a 167), en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó estado el auto de veinte de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Comparecencia y desahogo de prevención. Vista la comparecencia de Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, por medio del cual ratifica el escrito de desahogo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el once de mayo del año en curso. Por ende, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de doce de mayo pasado y por insubsistente el apercibimiento allí decretado. Procedencia. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda, de la cual destaca el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: "A. La orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación, violando el principio de legalidad que rige en materia administrativa). B. La orden de aplicar ilegalmente de manera supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). A. La EJECUCIÓN DE LA orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad y cualquier medida relativa a ellos, conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación). B. La EJECUCIÓN DE LA orden de la ilegal aplicación supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). En resumen esos son los actos reclamados y le reitero que TAL Y COMO USTED LO MANIFESTÓ EN SU PREVENCIÓN "si su primer acto de aplicación está contenido en la retención de los transportes que representa", en efecto el primer acto de aplicación de estos actos reclamados, es la retención de los vehículos del transporte público, para la implementación de los corredores de autobuses de mediana capacidad en la Ciudad de Toluca, tal y como se adujo en la foja 7 del escrito inicial de demanda." Y, señala como autoridades responsables a las siguientes: "ORDENADORAS 1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO (CAMARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE MÉXICO). 2. GOBERNADOR CONSTITUICIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 3. SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 4. EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD ZONA I, DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. Ahora, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las determinaciones controvertidas. En este sentido para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Al tener a la vista el juicio de amparo 614/2016-II, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por Carlos González Gamboa, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo de Administración de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, se advierte que en el escrito aclaratorio de dicho juicio se reclama: "A. La orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación, violando el principio de legalidad que rige en materia administrativa). B. La orden de aplicar ilegalmente de manera supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). A. La EJECUCIÓN DE LA orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad y cualquier medida relativa a ellos, conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación). B. La EJECUCIÓN DE LA orden de la ilegal aplicación supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). En resumen esos son los actos reclamados y le reitero que TAL Y COMO USTED LO MANIFESTÓ EN SU PREVENCIÓN "si su primer acto de aplicación está contenido en la retención de los transportes que representa", en efecto el primer acto de aplicación de estos actos reclamados, es la retención de los vehículos del transporte público, para la implementación de los corredores de autobuses de mediana capacidad en la Ciudad de Toluca, tal y como se adujo en la foja 7 del escrito inicial de demanda." Asimismo, señaló como autoridades responsables a las siguientes: "ORDENADORAS 1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO (CAMARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE MÉXICO). 2. GOBERNADOR CONSTITUICIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 3. SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 4. EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD ZONA I, DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. De igual forma, del referido expediente se advierte que el juicio se encuentra en trámite. Luego, obra en autos copia del instrumento notarial nueve mil quinientos ochenta y nueve, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y siete del Estado de México, que si bien, se exhibió en copia simple, no menos cierto es que constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del presente juzgador como indicio. Cobra relevancia a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192109, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Ahora, de la constancia descrita anteriormente, se advierte que Marco Antonio Carmona Romero (promovente del juicio 614/2016-II), tiene el carácter de Consejero Presidente de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, por así haberlo designado la asamblea general de dicha moral. De igual forma, de dicha constancia se evidencia que el aquí quejoso Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, funge como consejero tercero vocal de la moral quejosa de referencia. Asimismo de la constancia fedatada, se observa que la asamblea general otorgó al Presidente, Secretario del Consejo de Administración para que de manera conjunta ejercieran poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio ante toda clase de autoridades federales, locales y municipales, de personas física y colectivas de derecho público o privado, con todas las facultades generales y especiales que requieran clausula especial, inclusive interponer y desistirse del amparo entre otros. Igualmente, se otorgó poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, incluyendo el juicio de amparo, a cualquiera de los integrantes del Consejo de Administración quienes pueden ejercerlo de forma separada a fin de representar a la moral de que son parte. De lo anterior, se concluye que Marco Antonio Carmona Romero (promovente del juicio 614/2016-II) y el aquí quejoso Ponciano González de la Rosa, tiene facultades para comparecer a juicio en representación de la moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, sin embargo, sólo uno de ellos lo hizo en esos efectos. Establecido lo anterior, si el juicio de amparo indirecto 614/2016-II fue promovido por Marco Antonio Carmona Romero, en su carácter de representante legal de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable y, el presente juicio de amparo fue instado por Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la referida moral; es factible establecer que los intereses del segundo se encuentran incorporados legalmente en la diversa demanda promovida por conducto de aquel que instó en nombre y representación de la moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el solicitante del amparo en el presente juicio, se encuentra debidamente representado en juicio 614/2016-II del índice de este juzgado, a través de su mandatario, por así establecerse en el instrumento notarial nueve mil quinientos ochenta y nueve, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y siete del Estado de México, lo que justifica la presente determinación. En lo conducente se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número 235, en la página 193 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en el juicio se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, contra actos de la Poder Legislativo del Estado de México y otras autoridades; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción X, en relación con el 112 y 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Comparecencia y desahogo de prevención. Vista la comparecencia de Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, por medio del cual ratifica el escrito de desahogo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el once de mayo del año en curso. Por ende, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de doce de mayo pasado y por insubsistente el apercibimiento allí decretado. Procedencia. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda, de la cual destaca el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: "A. La orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación, violando el principio de legalidad que rige en materia administrativa). B. La orden de aplicar ilegalmente de manera supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). A. La EJECUCIÓN DE LA orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad y cualquier medida relativa a ellos, conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación). B. La EJECUCIÓN DE LA orden de la ilegal aplicación supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). En resumen esos son los actos reclamados y le reitero que TAL Y COMO USTED LO MANIFESTÓ EN SU PREVENCIÓN "si su primer acto de aplicación está contenido en la retención de los transportes que representa", en efecto el primer acto de aplicación de estos actos reclamados, es la retención de los vehículos del transporte público, para la implementación de los corredores de autobuses de mediana capacidad en la Ciudad de Toluca, tal y como se adujo en la foja 7 del escrito inicial de demanda." Y, señala como autoridades responsables a las siguientes: "ORDENADORAS 1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO (CAMARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE MÉXICO). 2. GOBERNADOR CONSTITUICIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 3. SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 4. EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD ZONA I, DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. Ahora, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las determinaciones controvertidas. En este sentido para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Al tener a la vista el juicio de amparo 614/2016-II, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por Carlos González Gamboa, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo de Administración de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, se advierte que en el escrito aclaratorio de dicho juicio se reclama: "A. La orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación, violando el principio de legalidad que rige en materia administrativa). B. La orden de aplicar ilegalmente de manera supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). A. La EJECUCIÓN DE LA orden de la inminente puesta en marcha de los corredores de autobuses de mediana capacidad y cualquier medida relativa a ellos, conforme a la Ley de la Movilidad del Estado de México, o cualquier medida relacionada con ellos, específicamente previstos en los ordinales 38 a 43 de dicho cuerpo normativo a pesar de carecer de NORMATIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN "OPERATIVA" de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, ésta en su carácter de norma "programática" que propone el derecho humano de movilidad dotado de contenido y alcance (no por omisión legislativa), sino simplemente porque las autoridades ordenadoras carecen de facultades expresas en la ley para ordenar dicha implementación). B. La EJECUCIÓN DE LA orden de la ilegal aplicación supletoria a la Ley de Movilidad de la Entidad, el derogado Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y el abrogado Reglamento de Transporte y Servicios Conexos del Estado de México, por virtud de que dichas normas fueron derogadas por disposición expresa del punto SÉPTIMO TRANSITORIO del DECRETO NÚMERO 486 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 12 de agosto de 2015 (sic). En resumen esos son los actos reclamados y le reitero que TAL Y COMO USTED LO MANIFESTÓ EN SU PREVENCIÓN "si su primer acto de aplicación está contenido en la retención de los transportes que representa", en efecto el primer acto de aplicación de estos actos reclamados, es la retención de los vehículos del transporte público, para la implementación de los corredores de autobuses de mediana capacidad en la Ciudad de Toluca, tal y como se adujo en la foja 7 del escrito inicial de demanda." Asimismo, señaló como autoridades responsables a las siguientes: "ORDENADORAS 1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO (CAMARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE MÉXICO). 2. GOBERNADOR CONSTITUICIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 3. SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 4. EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD ZONA I, DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. De igual forma, del referido expediente se advierte que el juicio se encuentra en trámite. Luego, obra en autos copia del instrumento notarial nueve mil quinientos ochenta y nueve, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y siete del Estado de México, que si bien, se exhibió en copia simple, no menos cierto es que constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del presente juzgador como indicio. Cobra relevancia a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192109, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Ahora, de la constancia descrita anteriormente, se advierte que Marco Antonio Carmona Romero (promovente del juicio 614/2016-II), tiene el carácter de Consejero Presidente de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, por así haberlo designado la asamblea general de dicha moral. De igual forma, de dicha constancia se evidencia que el aquí quejoso Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, funge como consejero tercero vocal de la moral quejosa de referencia. Asimismo de la constancia fedatada, se observa que la asamblea general otorgó al Presidente, Secretario del Consejo de Administración para que de manera conjunta ejercieran poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio ante toda clase de autoridades federales, locales y municipales, de personas física y colectivas de derecho público o privado, con todas las facultades generales y especiales que requieran clausula especial, inclusive interponer y desistirse del amparo entre otros. Igualmente, se otorgó poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, incluyendo el juicio de amparo, a cualquiera de los integrantes del Consejo de Administración quienes pueden ejercerlo de forma separada a fin de representar a la moral de que son parte. De lo anterior, se concluye que Marco Antonio Carmona Romero (promovente del juicio 614/2016-II) y el aquí quejoso Ponciano González de la Rosa, tiene facultades para comparecer a juicio en representación de la moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, sin embargo, sólo uno de ellos lo hizo en esos efectos. Establecido lo anterior, si el juicio de amparo indirecto 614/2016-II fue promovido por Marco Antonio Carmona Romero, en su carácter de representante legal de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable y, el presente juicio de amparo fue instado por Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la referida moral; es factible establecer que los intereses del segundo se encuentran incorporados legalmente en la diversa demanda promovida por conducto de aquel que instó en nombre y representación de la moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el solicitante del amparo en el presente juicio, se encuentra debidamente representado en juicio 614/2016-II del índice de este juzgado, a través de su mandatario, por así establecerse en el instrumento notarial nueve mil quinientos ochenta y nueve, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y siete del Estado de México, lo que justifica la presente determinación. En lo conducente se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número 235, en la página 193 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en el juicio se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ponciano González de la Rosa en su carácter de socio de la persona moral Red de Transporte Público, sociedad anónima de capital variable, contra actos de la Poder Legislativo del Estado de México y otras autoridades; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción X, en relación con el 112 y 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el quejoso Huber Gómez Patiño, mediante el cual solicita copia simple de la demanda de amparo promovida en el presente sumario constitucional. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias simples que solicita el promovente, en el entendido de que el Actuario Judicial deberá hacer entrega de las mismas al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 27/2014 (10a.) con número de registro 2006793, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, que a la letra dice "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." Sin que pase desapercibido que el presente ocurso se encuentra firmado por Servando Gómez Martínez, empero en el presente asunto no se desprende que sea parte. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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