Pio Victor Hugo Cerón Gonzalez
Expediente 621/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/09/2016
Partes del expediente
- Pio Victor Hugo Cerón Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado, por lo que, realicen cese las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente juicio de amparo el cual evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en términos del transitorio tercero de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo General de referencia. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio 35418/2016, el cual fue devuelto por la Oficina de Correos (Mexpost), misiva que se ordenó remitirla a la autoridad que representa al Titular del Ejecutivo Federal en el presente juicio de amparo, a efecto de que tuviera conocimiento del presente asunto, lo anterior en cumplimiento al proveído de veintitrés de agosto anterior. Atento a lo anterior, con fundamento con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio devuelto, sin necesidad de ordenar su reenvío, pues mediante sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió el presente asunto, respecto de dicha autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 621/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, Pío Víctor Hugo Cerón González, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDADES RESPONSABLES La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ACTOS RECLAMADOS. 1.- De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión se reclama: a) La discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2.- Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: a) La promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales previstos en los preceptos 1º y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Federal, quien por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 97-99), admitió a trámite la demanda de amparo; dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la misma; requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados; y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual -previos diferimientos-, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman disposiciones de carácter general con motivo del primer acto de aplicación, cuya ejecución se lleva a cabo en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional procede a la fijación de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que en términos del mencionado ordenamiento legal, mediante el análisis íntegro de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se desprende que los actos reclamados son: La discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece; en específico el artículo 151 último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación que refiere el quejoso aconteció con motivo de la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la Renta, relativa al ejercicio fiscal de dos mil quince, acaecida el once de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Cámara de Diputados (f. 104), Cámara de Senadores (f. 107-121) y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (f. 126-152), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados en el ámbito de sus respectivas atribuciones. En consecuencia, se tienen por ciertos los actos impugnados a las referidas autoridades, aunado a que esa certeza es implícita a los actos que se le reclaman, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, y además con apoyo en la tesis que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 65, primera parte, con registro 233090, que es del tenor siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 65/2000 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, con número de registro 191452, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo. Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia II.1o.J/5, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 95, tomo VII, del mes de mayo de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sostiene en su informe justificado que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XII y XIV, de la Ley de Amparo, porque el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no existir un acto concreto de aplicación del precepto reclamado y por ende no se afecta su interés, y en razón a que la porción normativa en él prevista se refiere a deducciones no estructurales. Asimismo, refiere que la norma fue consentida tácitamente al no presentar su demanda de amparo respecto de su declaración fiscal del ejercicio fiscal dos mil catorce en el año correspondiente. Para analizar las citadas causas de improcedencia se debe atender a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 107, fracción I, constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del precepto constitucional transcrito, en la parte que aquí interesa, se advierte que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la transcripción anterior se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Con base en la disposición de la Carta Magna analizada, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. Es aplicable al caso, la tesis número 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas, de manera enunciativa y de ejemplo se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P. LI/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Una vez que se precisó lo anterior, es necesario destacar que el quejoso reclama el artículo 151 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como norma heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la declaración anual de sueldos, salarios y asimilados a salarios por el ejercicio fiscal de dos mil quince. Ahora, de las constancias que se encuentran agregadas en el juicio en que se actúa, en particular de la declaración anual relativa al ejercicio fiscal de dos mil catorce y dos mil quince, se aprecian los sueldos, salarios y asimilados a salarios (f. 191 a 214 de autos), documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 129, 130 y 203, en relación con el diverso 197, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como que se determinó el ingreso o utilidades acumulables de cada ejercicio fiscal y una deducción respectiva conforme a la limitante prevista en el último párrafo del artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondes al diez por ciento que reclama. Lo que evidencia que efectivamente se aplicó el límite que precisa el último párrafo, del artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, motivo por el cual es infundado el motivo en que sustenta la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario que en la referida declaración se cite específicamente el texto del artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues basta que se advierta de manera indudable, como ocurre en este caso, que el acto se funda en la disposición reclamada, para determinar que le causa perjuicio, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 43/2000, visible en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que literalmente establece lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada." (Lo destacado es propio). También encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J.30/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 58, cuyo rubro y texto dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." De igual forma, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 24/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 530 que señala: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Asimismo, la autoridad responsable de mérito, sostiene que en el juicio se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al existir consentimiento tácito de la norma impugnada con motivo del ejercicio fiscal dos mil catorce puesto que la demanda de amparo se debió presentar respecto de dicha declaración ya que fue la primera en la que se aplicó la norma considerada inconstitucional. Al respecto este Juzgador advierte que la causa de improcedencia hecha valer deviene fundada. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto se desprenden que la presentación de la demanda de garantías deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral como son; cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. Asimismo, en el precepto legal citado, se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: I) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; II) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o III) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora, si en cualquiera de esas hipótesis no se acude en demanda de la protección de la justicia federal dentro los lapsos que se indican, resulta procedente sobreseer en el juicio dada la extemporaneidad de su promoción, de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, pues tal omisión conlleva el consentimiento del acto reclamado. Expuesto lo anterior, cabe señalar que la segunda de las hipótesis señaladas es la que se actualiza en el caso concreto, en razón de que el impetrante de garantías en relación a los actos reclamados, promovió el juicio constitucional en forma extemporánea. Ello es así, toda vez que del examen de las copias certificadas de las declaraciones correspondientes a los años dos mil catorce y dos mil quince, que obran en autos y que también fueron exhibidas por la impetrante con la demanda de amparo, así como por la Administradora Desconcentrada de Recaudación México "1", del Servicio de Administración Tributaria; a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, se advierte que al quejoso tuvo conocimiento de la aplicación del último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el veintiocho de mayo de dos mil quince, puesto que en esa fecha se realizó la declaración complementaria al ejercicio dos mil catorce. Como puede verse, al quejoso se le aplicó el artículo en cuestión, pues como obra en la foja 204 de autos, del rubro suma de deducciones personales se advierte la cantidad de $62,456 (sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos) y en el diverso rubro monto máximo deducible de los conceptos A, B, C, D, E, F, G, H, e I, se advierte la cantidad de $53,666 (cincuenta y tres mil seis cientos sesenta y seis pesos; es decir, desde ese momento el quejoso tuvo conocimiento. En consecuencia, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de garantías contra el acto que considera inconstitucional, comenzó a correr al día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del mismo, esto es, el veintinueve de mayo de dos mil quince. En efecto, desde la fecha en que un gobernado tiene conocimiento del acto que considera inconstitucional, se hace sabedor del mismo, y su término empieza a correr al día siguiente de que surte sus efectos esa notificación, pues así lo prevé la Ley de Amparo en su artículo 18, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Ello es así, porque uno de los supuestos que contiene el referido artículo 18 de la propia ley, para determinar el plazo para la presentación de la demanda de garantías, se refiere a que éste comenzará a transcurrir al día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, como se dijo, la declaración complementaria correspondiente al periodo fiscal dos mil catorce, se realizó ante el Servicio de Administración Tributaria, desde el veintiocho de mayo de dos mil quince, fecha en la que se le aplicó el artículo señalado como inconstitucional y que tuvo conocimiento de ello. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el tomo XXXI, página 1931, Tomo enero de 2010, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover este juicio de garantías, transcurrió del veintinueve de mayo de dos mil quince (día hábil siguiente al en que se llevó a cabo la declaración complementaria correspondiente al año dos mil catorce) y feneció el dieciocho de junio del mismo mes y año, sin contar el treinta y treinta y uno de mayo, seis, siete, trece y catorce de julio de dos mil quince, al ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se promovió el dos de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es inconcuso que se hizo de manera extemporánea. Sin que pase inadvertido el hecho de que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado, el once de abril de dos mil dieciséis, fecha en la que se presentó la diversa declaración correspondiente al periodo fiscal dos mil quince, puesto que, tal ordenamiento lo reclama en su carácter de heteroaplicativo, es decir, respecto de su primer acto de aplicación, el que como ya quedó precisado fue llevado a cabo el veintiocho de mayo de dos mil catorce, es decir, con anterioridad al acto y a la fecha que dice tuvo conocimiento de la aplicación. Por tanto, las documentales de mérito que obran en autos constituyen una prueba indubitable que revela que, al menos desde el veintiocho de mayo de dos mil quince, el ahora quejoso tuvo conocimiento, lo que implica que desde el día siguiente podía acudir al juicio de amparo para inconformarse contra su contenido; por lo que es inconcuso que la demanda de garantías que dio origen a este juicio fue promovida fuera del término de quince días que la Ley de Amparo otorga para ese efecto. Lo anterior, se encuentra establecido en la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Por tanto, al no haberse reclamado oportunamente el acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, implica el consentimiento tácito del quejoso respecto de ese acto, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que, por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el juicio de garantías. En tales condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del precepto 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por cuanto hace al acto reclamado, precisado en párrafos precedentes. Sin que sea óbice a lo anterior, que este juzgado federal haya admitido la demanda de garantías examinada, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, porque en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos, pero de ninguna manera se tiene la certeza de la extemporaneidad de la demanda, máxime que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de señalar determinada fecha del acto reclamado, no es suficiente para que el órgano constitucional pueda determinar su extemporaneidad, dado que la misma puede variar al exhibir las constancias, de ahí que sea hasta la sentencia cuando se está en aptitud de sobreseer el juicio de amparo. Al respecto, se invoca la tesis de la novena época, sustentada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 477, tesis I.4o.A.20 K, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Por lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 63, fracción V, 74, fracción I, 73, párrafo primero, 74 y 215 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por Pio Víctor Hugo Cerón González, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual solicita sea remitido el oficio 35418/2016, a la autoridad que representa al Titular del Ejecutivo Federal en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción a efecto de que reenvíe el oficio de referencia al Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos quien actúa en representación del Presidente de la República, al domicilio señalado para tal efecto: Avenida Insurgentes Sur, número 795, Planta Baja, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, código postal 03810, Ciudad de México. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
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