Policarpio Castro Peraza

Expediente 549/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
549/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Policarpio Castro Peraza

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Policarpio Castro Peraza; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiséis de julio del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Vista la razón elaborada por la Actuaria Judicial de la adscripción el veintiocho de julio del año en curso, en la cual hizo constar la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso ********************, el acuerdo dictado el pasado veintiséis de julio, dictado en este juicio de amparo, toda vez que al constituirse en el domicilio que señaló en autos para oír y recibir notificaciones, fue informada por una persona del sexo masculino, quien por motivos personales omitió dar su datos, mismo que le manifestó que tenía un año aproximadamente rentando el domicilio en el cual se ordenó la notificación, el cual utiliza como barbería, y que no conoce a la parte quejosa ni al licenciado ******************** o ********************; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista electrónica y lista de estrados al citado quejoso y sus autorizados legales, el presente acuerdo, el diverso de veintiséis de julio del año en curso, así como los autos subsecuentes, aun los de carácter personal. ________________________________________________________________________________________________Vista la demanda de cuenta, firmada por Policarpio Castro Peraza, contra actos de la Secretaria del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro electrónico con el número 549/2023-4B. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo facultan al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: - ORDENADORA Y A SU VEZ EJECUTORA: A). - LA C. LIC. MIRNA ALEJANDRA RAMOS MONROY, en su carácter de secretaria del h. consejo consultivo delegacional del instituto mexicano del seguro social con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. III.- ACTOS RECLAMADOS: A) A la C. LIC. MIRNA ALEJANDRA RAMOS MONROY, en su carácter de secretaria del h. consejo consultivo delegacional del instituto mexicano del seguro social. Reclamo el acuerdo número 153/2023 dictada con fecha 07 siete de junio del año 2023 dos mil veintitrés, notificado el 14 de junio del año 2023,relativo al expediente número 255/2023,cuyo acuerdo emitido por la autoridad responsable , mediante el cual la responsable resolvió como improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN de fecha 12 de mayo del año 2023, el cual al dictar dicho acuerdo me causa agravios ya que dicho acuerdo resulta ser una resolución que desecha dicho recurso de revocación y del cual no procede ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificado o revocado, afectado la defensa del quejoso, lo cual sería de trascendencia en el resultado del fallo Mismo acuerdo que la responsable resolvió de forma ilegal e incongruente, el cual textualmente dice: "...(se trascribe)..." Y como consecuencia de lo anterior el inminente riesgo de que se violenten en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia y de ser oído y vencido en juicio y se me deje en estado de indefensión , ya que al quedar firme acuerdo que impugno quedaría firme la invalidez de la constancia de semanas cotizadas y lo cual causa agravios de imposible reparación al quejoso e en el expediente número 255/2023 que se ventila ante la responsable, toda vez que la autoridad responsable en el acuerdo número 152/2023 no admite a el quejoso el recurso de revocación de sentencia que solicita, manifestando " QUE NO HA LUGAR A ADMITIR EL RECURSO DE REVOCACIÓN, pues de forma ilegal e incongruente resolvió como improcedente el recurso de revocación de fecha 12 de mayo del año 2023" de ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION IX del artículo 13 del reglamento del recurso de inconformidad vigente, y además refiere la responsable que el acto impugnado no es un acto definitivo,, Según lo establecido en el artículo 274 de la ley del seguro social , Acuerdo que en mi concepto no se encuentra debidamente fundada ni motivada, por razón de que se le dio una interpretación errónea a diversos preceptos legales de la ley del seguro social y del reglamento del recurso de inconformidad vigente.. De dicho acuerdo quise impugna se advierte que la responsable de forma incongruente e ilegal y a través del acuerdo número 152/2023 de fecha 7 de junio del año 2023, refiere que desecha el recurso de inconformidad presentado, con fundamento legal en los preceptos y leyes de referencia; cuya afirmación de dicha responsable constituye una violación a los principios de exhaustividad y congruencia procesal establecidos en el artículo 17 constitucional, y de igual manera constituye una violación a la garantía de legalidad y certeza jurídica establecidos en el artículo 16 constitucional, ello es así en virtud de que en el caso que nos ocupa la promoción de fecha 12 de mayo del 2023 presentada por el quejoso ese mismo día ante la responsable consiste en un recurso de revocación y no un recurso de inconformidad, lo cual se advierte en dicho escrito, además de la resolución de fecha 5 de mayo del año 2023, signada por el C. Alfredo Martínez herrera en su carácter del titular de la subdelegación del instituto mexicano del seguro social los Mochis, órgano operativo del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal SINALOA, mediante dicha resolución se advierte que el instituto mexicano del seguro social resolvió como improcedente el recurso de inconformidad signado por el quejoso y presentado ante el subdelegado del instituto mexicano del seguro social con sede en los Mochis, Sinaloa, con atención al jefe del departamento de afiliación y vigencia de dicho instituto. En razón de lo anterior el suscrito, en tiempo y forma presento ante la responsable el correspondiente recurso de revocación, haciendo valer para tal efecto los Artículos 08 y 16 de la constitución política de México, artículos 1,2,3 y 4 y demás aplicables de la ley del seguro social vigente, La responsable, no admitió a trámite el recurso de revocación en contra de la resolución de fecha 05 de mayo del año 2023 que solicito el quejoso, recayendo un auto a tal solicitud en el cual textualmente dice: " QUE NO HA LUGAR A ADMITIR EL RECURSO DE inconformidad en virtud de que la responsable a través del auto del acuerdo número 152/2023, de fecha 07 de junio del año 2023, de forma ilegal e incongruente resolvió como improcedente el recurso de revocación de fecha 12 de mayo del año 2023" de ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION IX del artículo 13 del reglamento del recurso de inconformidad vigente, y además refiere la responsable que el acto impugnado no es un acto definitivo,, Según lo establecido en el artículo 274 de la ley del seguro social", Acuerdo que en mi concepto no se encuentra debidamente fundado ni motivado, por razón de que se le dio una interpretación errónea a diversos preceptos legales de dicho reglamento del recurso de inconformidad vigente. Se violo por la autoridad señalada como responsable en perjuicio de mi representada las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los Artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no fue admitida a mi representada el recurso de revocación solicitado en el expediente administrativo número 255/2023. ..." Como antecedentes relevantes, de la demanda de amparo y anexos se advierten los que enseguida se enuncian. El dos de agosto de dos mil diez solicitó por escrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (departamento de afiliación y vigencia) residente en esta ciudad, se le proporcionara constancia de las semanas cotizadas ante el mismo instituto a su favor. El catorce de marzo del año en curso, igualmente, mediante escrito presentado a la misma Subdelegación solicitó constancia de aclaración de esas semanas cotizadas ante el instituto. A esa solicitud apenas mencionada recayó respuesta suscrita por el titular de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social residente en esta ciudad, fechada el cinco de mayo de este año, en el sentido de que la solicitud de semanas cotizadas presentada el dos de agosto de dos mil diez, carecía de valor probatorio alguno. Contra esa decisión, el doce de mayo de este mismo año, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, por medio de escrito que presentó ante dicha subdelegación del instituto, recayéndole acuerdo de siete de junio de esta anualidad, de la secretaria del Consejo Consultivo Delegacional con sede en Culiacán, Sinaloa, número 152/2023, a través del cual resolvió como improcedente tal recurso. Determinación que constituye el acto reclamado por el quejoso. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo. Los dispositivos en comentario disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 8° Constitucional establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la interpretación sistemática de los numerales acabados de transcribir, se infiere que el juicio de amparo tiene por objeto resolver cualquier controversia que se actualice con motivo de leyes o actos de cualquier autoridad en contra de personas físicas o morales que violen sus garantías fundamentales; y que además, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; y por último, que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos que resulte por alguna disposición de la ley. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios ha interpretado quiénes son autoridades para los efectos del juicio constitucional y que se contienen en las tesis que enseguida se transcriben. La tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". También, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.- La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Las tesis transcritas ponen de manifiesto que es autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente público que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero siempre partiendo de la premisa fundamental de que no debe tratarse de un particular. En ese sentido, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En ese orden de ideas, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral, etcétera. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que, en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a).- La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b).- Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c).- Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d).- Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores consideraciones, dieron lugar a la tesis de la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Precisado lo anterior, se advierte que el reclamo de la parte quejosa sustancialmente se relaciona con la resolución por medio de la cual se rechazó el recurso de revocación que interpuso contra la respuesta a su petición tendente a que se le reconozcan las semanas de cotización que, según señala, le corresponden. Al respecto, debe decirse que aun cuando la determinación reclamada se emitió por un organismo descentralizado que, por tanto, configura un ente público, eso no significa que la entidad actúe como sujeto público frente al particular con sus facultades de supra a subordinación, al emitir la determinación reclamada, dado que esa circunstancia no acontece cuando la naturaleza del vínculo deriva de una relación laboral, como es el caso. Es así, porque aunque dicho Instituto puede determinar aspectos concernientes a la antigüedad de los trabajadores asegurados en ese organismo y en general sobre la procedencia de las prestaciones que soliciten, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, puesto que al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos tendentes al otorgamiento de una prestación, por lo que la relación entre el ente público y el asegurado es de igualdad (coordinación); y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Lo anterior se explicita en la jurisprudencia 2a./J. 134/20111 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, registro digital 160995 AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". De lo anterior se concluye que el acto reclamado a la secretaria del Consejo Consultivo Delegacional con sede en Culiacán, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el acuerdo de siete de junio de esta anualidad, por medio del cual rechazó el recurso de revocación interpuesto por aquí quejoso contra la respuesta suscrita por el titular de la subdelegación del mismo instituto, residente en esta ciudad, con referencia a sus semanas de cotización, es un acto que no se emitió en ejercicio de una potestad pública. Ciertamente, se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el citado Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, en tal hipótesis el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano asegurador. Consecuentemente, se considera que el acto que el promovente del amparo atribuye a la indicada responsable, no es reclamable en esta instancia constitucional, por no tratarse de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º y 5, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda garantías que se atiende por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por otra parte, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en boulevard Zacatecas, número 105 sur, de la Colonia Estrella, de esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Luis Madrid López y Rosario Arturo Osornio López. En ese mismo tenor, se tiene a la parte quejosa señalando como medio de contacto el correo electrónico madridlop@hotmail.com, así como el número de celular y whasapp 6681422427. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Se exhorta a la parte quejosa, para que cuando les sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quien podrá solicitarlo, por sí o por conducto de sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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