Petra Valdez Molina

Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
83/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Petra Valdez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    En dieciocho de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. N

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veinticuatro de febrero del actual, en relación con el oficio y documentales allegados por el delegado de las autoridades responsables Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó al autorizado de la parte quejosa el pasado veinticinco de febrero de dos mil veintidós; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de treinta y uno de mayo del presente año, se concedió a la quejosa Petra Valdez Molina, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1. Los decretos y artículos de la Ley de Catastro declarados inconstitucionales, no se le apliquen a la solicitante de amparo en lo presente, ni en lo futuro. 2. Se deje sin efectos el oficio IPU-LM-2021-00021 de once de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por conducto del Director de Cobranza, determinó el crédito fiscal a cargo de la quejosa Petra Valdez Molina, por concepto de impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 derivado del inmueble ubicado en Calle Rio Presidio número 384 Oriente, Fraccionamiento Julia Viuda de Ríos, de esta ciudad. 3. En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial referente a esos ejercicios, aplicando al inmueble de que se trata el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo con la tipología del inmueble de la parte quejosa; ello, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. Lo anterior, al estimarse que con dichos actos se transgredían los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por las partes. Luego, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables no le apliquen los decretos y artículos de la Ley de Catastro declarados inconstitucionales, dejen sin efectos el oficio IPU-LM-2021-00021 y realicen el cálculo del impuesto predial referente a esos ejercicios, aplicando al inmueble de que se trata el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo con la tipología del inmueble de la parte quejosa. Ahora, mediante oficio, registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado bajo número 10913 (foja 258), el delegado de las autoridades responsables Víctor Inés Báez Gill, en vía de informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, exhibió los diversos TESO.DCOB.2021.00485 y TESO.DCOB.2021.00511, signados por el Director de Cobranza, ambos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; en lo sustancial, a través del primero de esos últimos oficios, dicho Director de Cobranzas informó que, en atención a la resolución emitida en este juicio de amparo, dejó sin efecto legal alguno el crédito fiscal con número de folio IPU-LM-2021-00021 (que motivó este juicio de amparo); y, por medio del segundo, que con esa calidad de Director de Cobranzas había realizado el cálculo del impuesto predial correspondiente a los años que van del dos mil dieciséis, al dos mil veinte, aplicando al inmueble de que se trata el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de acuerdo a la tipología del inmueble de la aquí quejosa, ello aun cuando no corresponda a la colonia en que se encuentra ese inmueble. La quejosa, por su parte, al evacuar la vista que se le otorgó con relación a lo anterior, se manifestó en el sentido de que no se encontraba cumplida la sentencia emitida en este juicio. El veintiséis de enero del presente año, este juzgado se pronunció en el sentido de no había quedado satisfecha tal sentencia, al no justificar que la base para el cálculo de la cantidad a que ascendía el impuesto predial derivado del inmueble, haya sido conforme a lo dispuesto en dicha sentencia. Posteriormente, mediante oficio sin número, presentado el veinticuatro de febrero del año que transcurre, el delegado de las autoridades responsables Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, comunicó a través de los anexos, con el que realizó el cálculo del impuesto predial a cargo de la quejosa, referente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, como se muestra a continuación: Por tanto, mediante auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a la quejosa con el referido oficio y documentales allegadas por el delegado de las autoridades responsables Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; empero, la amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, una vez que causara ejecutoria la sentencia, no le aplicaran en lo presente, ni en lo futuro los decretos y artículos de la Ley de Catastro declarados inconstitucionales, dejen sin efectos el oficio IPU-LM-2021-00021 y realizaran el cálculo del impuesto predial referente a esos ejercicios, aplicando al inmueble de que se trata el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo con la tipología del inmueble de la quejosa Petra Valdez Molina, lo cual, deberían justificar, con las constancias relativas, lo que ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con anexos, signado por el delegado de las responsables Junta Municipal de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el delegado de las autoridades responsables ******************** y ********************,********************,********************, a través del cual, en atención al requerimiento ordenado en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, remite copia del oficio 116/01/2022, en el cual el Director de Asuntos Jurídicos del referido municipio, le solicita al Director de Ingresos realizar los trámites a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto. En consecuencia, téngase a las autoridades responsables informando los trámites de cumplimiento.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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