Poleth Mendoza Martínez

Expediente 328/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
328/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Poleth Mendoza Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo indirecto 328/2019-I de su índice, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 328/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente Poleth Mendoza Martínez, reclama las órdenes de aprehensión y presentación libradas en su contra, así como la ejecución material que se pretenda dar a las mismas por parte de las autoridades responsables, entre las que se encuentran los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su carácter de ordenadoras, así como a éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, el artículo 38, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Ahora bien, este último artículo en comento no establece expresamente quién será competente si el juicio de garantías se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia o no especializados de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que integran el Sexto Circuito. Sin embargo, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." (Contradicción de tesis 22/2000)." La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Por tanto, si en el caso todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito fueron señalados como autoridades responsables, entre ellos, éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entonces, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías el Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, que es el más próximo a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Sexto Circuito. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala; de conformidad con el Punto Cuarto fracción XXVIII del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "XXVIII.- VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda, y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en la medida que reclama las órdenes de aprehensión y presentación; asimismo se ordena remitir las copias simples de la referida demanda que exhibió la parte promovente, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala; quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; hecho lo cual, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Gabriel Valencia Sanabria y Cristhian Jonathan Juárez Farfán, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE abril DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 328/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente Poleth Mendoza Martínez, reclama las órdenes de aprehensión y presentación libradas en su contra, así como la ejecución material que se pretenda dar a las mismas por parte de las autoridades responsables, entre las que se encuentran los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su carácter de ordenadoras, así como a éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, el artículo 38, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Ahora bien, este último artículo en comento no establece expresamente quién será competente si el juicio de garantías se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia o no especializados de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que integran el Sexto Circuito. Sin embargo, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." (Contradicción de tesis 22/2000)." La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Por tanto, si en el caso todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito fueron señalados como autoridades responsables, entre ellos, éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entonces, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías el Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, que es el más próximo a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Sexto Circuito. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala; de conformidad con el Punto Cuarto fracción XXVIII del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "XXVIII.- VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda, y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en la medida que reclama las órdenes de aprehensión y presentación; asimismo se ordena remitir las copias simples de la referida demanda que exhibió la parte promovente, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala; quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; hecho lo cual, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Gabriel Valencia Sanabria y Cristhian Jonathan Juárez Farfán, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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