Pilar Diaz Barroso

Expediente 234/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
234/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Pilar Diaz Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADAS EL PROVEÍDO DE 26 DE diciembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de siete de agosto de dos mil quince (fojas 202 a 215), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Pilar Díaz Barroso, para: ".el efecto de que el Juez Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 357/2014, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados." (fojas 213 vuelta y 214). Inconforme con dicho fallo, la tercero interesada "Oportunidades para Emprendedores", Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, a través de su apoderado legal Juan Carlos Sierra Boche, interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del amparo en revisión R 461/2015, resolvió: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el fallo recurrido, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Pilar Díaz Barroso, en contra de los actos que reclama del Juez Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal, Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y Diligenciario adscrito al propio juzgado; mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. (.)" (foja 479). Mediante oficio 76 sp, de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el titular del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal (sic), informó lo siguiente: "(.) Con referencia a su atento oficio: C-296-1 recibido el seis y cuyo término vence el nueve de diciembre del año en curso, relativo al amparo 234/2015 antes 386/2015 promovido por PILAR DÍAZ BARROSO y, en vía de cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo arriba señalado, se dictó un auto con fecha seis de los corrientes, que en su parte conducente se lee ".Se deja insubsistente todo lo actuado en el juicio Ejecutivo Mercantil 357/2014 a partir del emplazamiento realizado a la quejosa así como a los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo. Con lo que se da cumplimiento a la ejecutoria del amparo 234/2015 antes 386/2015." remito a usted copia certificada del auto en comento. (.)" (foja 493). Y, como justificante de lo anterior, dicho juzgador remitió copia certificada del proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio Ejecutivo Mercantil 357/2014, del índice del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal (sic) (foja 494). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO..."

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Juez Sexagésimo de lo Civil de la ciudad de México; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Juez Sexagésimo de lo Civil de la ciudad de México; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual, acompaña los autos en que se actúa, un tomo de pruebas y copia certificada de la ejecutoria dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis en el toca de revisión R-461/2015 de su índice, de la que se advierte resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el fallo recurrido, la Justicia de la Unión ampara y protege a Pilar Díaz Barroso, en contra de los actos que reclama del Juez Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal, Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y Diligenciario adscrito al propio juzgado; mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Sexagésimo de lo Civil de la ciudad de México (antes Distrito Federal), contra cuyos actos confirmó la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.) En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concede la protección de la justicia federal a Pilar Díaz Barroso, para el efecto de que el Juez Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 357/2014, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados. (.) Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por la suscrita Secretaria encargada del despacho, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse de la Juez Sexagésimo de lo Civil de la ciudad de México (antes Distrito Federal), esta cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/184/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta sometida a su consideración y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA, en sustitución de la anterior Titular, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Resulta aplicable, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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