Placido Antonio Velázquez Gómez

Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
384/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Placido Antonio Velázquez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACION DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina es susceptible la destrucción del expediente en que se actúa, conforme al ordinal 12, del precitado Acuerdo, al actualizarse la hipótesis contenida en su artículo 21, inciso a), en relación con su precepto 35, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo de remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. RELEVANCIA Y DOCUMENTOS. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de abril de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el secretario de acuerdos en funciones de Juez de Primera Instancia por Ministerio de Ley adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en Tuxtla Gutiérrez, con el cual remite informe justificado y anexa copias certificadas del auto de siete de abril de dos mil veintidós dictado dentro del juicio laboral 3778/2020, antes 425/E/2011, de su índice. Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que obren como corresponda. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental que adjunta la autoridad responsable consistente en el auto de siete de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente del juicio laboral 3778/2020, antes 425/E/2011, de su índice, la que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y será valorada en su oportunidad. Causal de improcedencia. Conforme con el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, el acto siguiente La omisión de acordar los escritos de seis de julio y diez de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 3778/2020, antes número 425/E/2011, por medio de los cuales solicita a la responsable aplique medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo dictado el veintidós de junio de dos mil doce. Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable, Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en Tuxtla Gutiérrez, a la cual se concede valor probatorio pleno, de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa, ha cesado en sus efectos. Se dice lo anterior, toda vez que, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente, de la omisión de acordar los escritos de seis de julio y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 3778/2020, antes número 425/E/2011, por medio de los cuales solicita a la responsable aplique medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo dictado el veintidós de junio de dos mil doce. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado (omisión de acordar los escritos de seis de julio y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 3778/2020, antes número 425/E/2011, con los cuales solicita a la responsable aplique medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo de veintidós de junio de dos mil doce), prevaleciente a la data en que se instó el juicio de amparo (veintitrés de marzo de dos mil veintidós) dejó de producir sus efectos, ya que el siete de abril de dos mil veintidós en el juicio laboral número 3778/2020, antes 425/E/2011, de su índice, acordó los escritos fechados y recibidos el seis de julio y diez de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. Lo anterior, sin pasar inadvertido que en la copia certificada remitida por la responsable se haya anotado el 3784/2020, lo cual no es óbice para arribar a la misma conclusión, pues en dicho auto se anotó el número anterior del aludido expediente, así como el oficio 6905/2022, de la estadística de este Juzgado de Distrito, por el cual se le requirió su informe justificado, de ahí que se trate del mismo asunto origen del acto reclamado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Ahora bien, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Finalmente, sin que obste a lo anterior, el hecho que en el presente juicio de amparo no se haya emplazado a la parte tercero interesada; sin embargo, dado el sentido de la presente, no causa ningún perjuicio a sus intereses. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Placido Antonio Velázquez Gómez, contra el acto del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 384/2022-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II.- Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Respecto del acto que reclama al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, consistente en: La omisión de acordar los escritos de seis de julio y diez de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 3778/2020, antes número 425/E/2011, por medio de los cuales solicita a la responsable aplique medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo dictado el veintidós de junio de dos mil doce. III. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. IV. Audiencia. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de las autoridades a las que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que las responsables al rendir el respectivo informe deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les exhorta a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. X. Autorizados. Se tiene como autorizado del quejoso a Gustavo Saldaña Rodríguez, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado, aunado a tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso -como actor en el juicio de origen- es el trabajador. XI. Autorización consulta de expediente electrónico. Por otra parte, se tiene al promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario GustavoSaldana, con el que refiere se registró en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.cjf.gob.mx. En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. XII. Notificación vía electrónica. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo al quejoso, se realizarán vía electrónica, a través del usuario GustavoSaldana. XIII. Tercero interesado. Emplácese al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con copia de la demanda, por oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Pruebas Con fundamento en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se admiten como medios de prueba por la parte quejosa las documentales privadas consistentes en los acuses de recibo de los escritos de seis de julio y diez de diciembre de dos mil veintiuno, mismas que se desahogan atenta a su especial naturaleza jurídica; lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, las cuales serán valoradas al dictarse la sentencia respectiva. XIV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XV. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIOS A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

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