Placido Antonio Velázquez Gómez
Expediente 361/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 32 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 21/08/2019
Partes del expediente
- Placido Antonio Velázquez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, dígasele al promovente que no ha lugar a tener por autorizadas a las personas que menciona y el uso de medios electrónicos, pues los únicos facultados para designarlas es el quejoso.
- Principal
Visto; el estado actual que guardan los presentes autos, en donde se advierte que mediante oficio TTB/UA/SS/E/1448/2019, de diecinueve de junio de la presente anualidad, signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la constancia que se le requirió el doce del citado mes y año, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ***. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior y tomando en consideración que mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, se dio vista a las partes con los oficios y constancias que remitió la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, éste órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa, el dos de julio de la anualidad que transcurre; por lo que el tres del mes y año en curso, ***, autorizado del accionante del amparo, desahogó la vista otorgada; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procedió a resolver de oficio, si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. A) ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo. Cumplimiento de la autoridad ordenadora a la ejecutoria de amparo. 1) Dicte un proveído en donde, atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, provea sobre la reinstalación del actor, lo cual también forma parte del cumplimiento del laudo, así también lo relativo a las demás prestaciones a las que fue condenada la parte demandada. Para ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la ley aplicable, y las que a su juicio sean procedentes, con lo que quedará cumplido el amparo. 1) Mediante oficio TB/0875/2aS/D/2018, la Sala responsable transcribió el contenido del auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en donde comisionó al Actuario de su adscripción, para que en compañía del actor, se constituyeran al domicilio de la parte demandada y se llevara a cabo, el requerimiento del cumplimiento de los puntos resolutivos del laudo emitido el veintidós de junio de dos mil doce; entre ellos, el pago de los salarios caídos; asimismo, facultó al fedatario judicial, para que en caso de embargar cuentas bancarias de la demandada, llevara a cabo el cercioramiento que éstas correspondieran a la demandada e informara a los gerentes o encargados de dichas instituciones bancarias, del embargo realizado a las mismas; apercibiéndoles de no realizar movimiento a dichas cuentas. 2) En el diverso TB/0932/2aS/D/2018, comunicó que el cinco de noviembre siguiente, emitió un nuevo auto en donde informó que no se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago; asimismo, ordenó enviar al titular de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y al ayuntamiento demandado, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de la recepción del oficio, proporcionaran e informara de la lista de prelación o registro de deudas provenientes de liquidación e indemnización por laudos y salarios caídos; la posición o lugar que le corresponde al cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral número 425/E/2011; comunicaran todo lo relacionado con la partida o partidas presupuestales destinadas para la liquidación e indemnización de laudos; cuentas específicas y bancos destinadas para la liquidación e indemnización por laudos y salarios; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le aplicaría a cada uno multa de doscientos días de salario. 3) Mediante oficio TB/UA/SS/E/2212/2018, la autoridad responsable anexó diversas constancias entre las que se encuentran el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho y las copias de la recepción de los oficios girados. 4) En el comunicado TTB/0008/2aS/D/2018, la Sala responsable transcribió el contenido del auto de diez de enero del año en curso, en donde informó que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y la Secretaría de hacienda del Estado, dieron contestación a lo solicitado y con su contenido ordenó dar vista a la parte actora. 5) En el diverso oficio TTB/UA/SS/E/160/2019, la autoridad responsable anexó diversas constancias entre las que se encuentran el proveído de diez de enero del año en curso y la constancia de notificación efectuada a la parte actora. 6) En la comunicación TTB/0152/2aS/D/2019, la responsable informó el contenido del auto de uno de febrero del año en curso, en donde señaló las once horas del catorce del mes y año en cita, para que el actuario adscrito a ese tribunal en compañía del actor, se constituyeran al domicilio del ayuntamiento demandado y se efectuara el requerimiento del cumplimiento del laudo; asimismo, con fundamento en el artículo 955 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, facultó al fedatario judicial para que en caso de embargar cuentas bancarias de la demandada, se cerciorara que éstas correspondieran a la demandada e informara a los gerentes o encargados de dichas instituciones bancarias, del embargo realizado a las mismas; apercibiéndoles de no realizar movimiento a dichas cuentas y en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, remitió copia certificada de los oficios SH/TU/2857/2018 y OFSC/UAJ/SC/1235/2018, signados por el Tesorero de la Secretaría de Hacienda, del Subdirector de lo Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y ordenó hacer efectiva la multa impuesta al titular del ayuntamiento demandado, por doscientos días de salario mínimo vigente en la Entidad. 7) El diecinueve febrero de la presente anualidad, mediante oficio TTB/UA/SS/E/315/2019, la Sala responsable, remitió diversas constancias, entre ellas, el auto de uno del mes en cuestión; constancias de notificación, oficio girado al titular del Ayuntamiento demandado, y la diligencia de laudo y embargo practicado el catorce del citado mes y año, en donde aprecia que se llevaron a cabo el embargo de diversas cuentas bancarias de la parte demandada. 8) En el diverso oficio TTB/UA/SS/E/509/2019, de ocho de marzo del año en curso, como parte de las gestiones que se encontraba realizando para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, remitió copia certificada del oficio que giró a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de esta ciudad, -con sello de recibido-, en donde le requirió depositar la cantidad de 552,420.00 (quinientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), en caso de existir saldo favorable en la cuenta existente a nombre de la parte demandada, con apercibimiento en caso de incumplimiento de cien días de salario mínimo vigente en la entidad. Asimismo, en virtud de haber sido embargada las partidas presupuestas de la parte demandada, relativas al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, derivadas del capítulo 1000, específicamente las partidas 15206 y 15207, así como todas aquellas susceptibles de afectación, le ordenó depositar a la cuenta bancaria de HSBC, México, Sociedad Anónima, a nombre de dicho Tribunal responsable, el monto de la condena, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le aplicaría una multa de doscientos días de salario mínimo. 9) El tres de abril del año en curso, mediante oficio TTB/UA/SS/E/705/2019, anexó las constancias que acreditan la notificación a la parte demandada, así como el oficio girado al Director de Cobranzas de la Secretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, en donde ordenó hacer efectiva la multa impuesta al ayuntamiento. 10) El doce de abril siguiente, dicha autoridad responsable anexó el oficio que le remitió el Tesorero de la Secretaría de Hacienda, en donde le informó respecto a la prelación y partidas presupuestales para pago de laudos y comunicó que el ayuntamiento demandado haya informado al respecto; así como diversas constancias de las actuaciones llevadas a cabo a fin de lograr el cumplimiento del laudo. 11) Mediante el diverso oficio TTB/UA/SS/E/1103/2019, de cuatro de junio del año que transcurre, remitió copia certificada de la diligencia de requerimiento de laudo de tres de ese mismo mes y año, en donde se advierte que no se pudo llevar a cabo su ejecución, al ser informada la fedataria judicial adscrita a la Sala responsable, por parte del Director Jurídico del Ayuntamiento demandado, que se encontraban haciendo las gestiones respectivas para llevar a cabo su cumplimiento. Cabe mencionar que en dicha diligencia, la parte actora, solicitó que se hiciera efectiva la medida de apremio correspondiente y que continúe con el trámite de ejecución en los términos que indica la propia ejecutoria de amparo. 12) En atención a lo anterior, mediante proveído de diez de junio del año que transcurre, la responsable, hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso al demandado Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, una multa de trescientos días de salario mínimo vigente en la Entidad, para lo cual giró oficio al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. Así también, ordenó dar vista al Titular de la Fiscalía de Distrito Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en Chiapa de Corzo, Chiapas, para que instruyera a quien corresponda e iniciara la carpeta de investigación por la posible comisión de del delito de desobediencia al ser una cuestión de orden público en contra del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en agravio del ciudadano Placido Antonio Velázquez Gómez. De igual manera, señaló las diez horas del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, para que el Actuario de su adscripción, se constituyera en compañía de la parte actora, al domicilio de la parte demandada, y en el acto de la diligencia, los requiriera para que reinstalaran al actor -aquí quejoso, en el puesto que venía desempeñando; así también para que le pagaran la cantidad de $369,270.00 (trescientos sesenta y nueve mil doscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad a la que fue condenado en laudo de veintidós de junio de dos mil doce; con el apercibimiento que de no hacer el pago requerido, se embargarían sus cuentas bancarias suficientes para garantizar el monto adeudado. 13) Por el diverso TTB/UA/SS/E/1448/2019, de diecinueve de junio de este año, la autoridad responsable, exhibió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios que dirigió al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y al Titular de la Fiscalía de Distrito Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en Chiapa de Corzo, Chiapas, a fin de que la primera, hiciera efectiva la multa impuesta y la segunda determinará si la actitud contumaz de la demandada, iniciara la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de desobediencia al ser una cuestión de orden público. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable atendió a los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, por las razones siguientes: En efecto, dicha Sala hizo y está haciendo uso de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos 103 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas y 395 del Código Penal para el Estado de Chiapas, a fin de que el demandado Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por conducto de su Presidente, Sindico y Tesorero, cumplan el laudo emitido en el juicio laboral 425/E/2011, de su índice, pues al efecto ha impuesto multas a la demandada; de igual manera, ha emitió sendos autos de ejecución en los que ha ordenado la reinstalación de quejoso y el requerimiento de pago de la prestación económica a la que fue condenada; asimismo, al haber agotado los mecanismos que tiene a su alcance para lograr el cumplimiento del laudo, dio vista al Titular de la Fiscalía de Distrito Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en Chiapa de Corzo, Chiapas, para que dicha autoridad, determine si la actitud del demandado para dar cumplimiento a la obligación contraída con el actor en el juicio de origen resulta contumaz; de ser así, inicie la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de desobediencia al ser una cuestión de orden público, por lo que a criterio de este juzgador, la responsable cumplió con los efectos de la sentencia de amparo. Sin que altere la anterior determinación, la petición formulada por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido que se obligue a dicha Sala responsable a requerir al Ayuntamiento demandado, que incluya en su próximo presupuesto de egresos las partidas presupuestales necesarias para el pago de la deuda; lo anterior, toda vez que si bien dicha petición podría ser tomada en cuenta por la citada autoridad como parte de sus acciones encaminadas a lograr el cumplimiento del laudo,; sin embargo, el quejoso tendría que llevar a cabo la obligación que le asiste de llevar a cabo el impulso procesal del procedimiento de ejecución y efectuar dicha petición ante la autoridad responsable, ya que es a ésta a quien le corresponde proveer respecto a las peticiones que ante ella se formulen, lo cual se advierte no llevó a cabo; ya que atendiendo a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen, la parte vencedora se encuentra obligada a darle dicho impulso. Apoya a la anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con el laudo emitido en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo. B) ARCHIVO. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. C) VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. D) INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. E) REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. F) DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se existen documentos originales, ni tomos, exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. Por otro lado, se advierte que la autoridad Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del expediente 425/E/2011, de su índice, en un tomo; al efecto, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que las mismas ya no son necesarias. Indíquese a la autoridad que no es obligatorio remitir el acuse de recibo.
- Principal
Visto; el ocurso de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa, por el cual hacen diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, respecto a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, una vez que este Juzgado Federal, se pronuncie respecto del cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, se tomarán en consideración las manifestaciones efectuadas por el ocursante.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual informa de las actuaciones emitidas en los autos del expediente laboral 425/E/2011, de su índice, a fin de acreditar el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y anexo, córrase traslado y dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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