Plácida Aranza Choreño
Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Plácida Aranza Choreño
Actuaciones
- Principal
X... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
X... Vista la demanda promovida por Placida..., contra actos de la Jueza Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 961/2022-X. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. En ese sentido, el primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. En el particular, se reclama el acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el procedimiento de interdicción promovido por María Elena ..., en contra de la impetrante del amparo Placida Aranza Choreño, en la que admitió la prueba relativa a la declaración de parte a cargo de la ahora quejosa en los términos que aduce, misma que versara sobre hechos y circunstancias de que tenga noticia y que guarde relación con el objeto de la controversia; por ende, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la admisión de dicha probanza -con independencia de si las razones están ajustadas o no a derecho-, refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. Por otro lado, cabe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el reclamo, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, de modo contrario, estará en condiciones alegarlo como violación procesal a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo definitivo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se autoriza a María Luisa ..., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las restantes personas, se les autoriza únicamente para oír notificaciones, conforme al párrafo segundo, última parte, del citado numeral con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, hasta en tanto Eduardo Chávez Martínez, realice su registro correspondiente en el sistema citado en el párrafo precedente y por lo que hace a Martín Martínez Mauricio, por así solicitarlo expresamente. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se advierte que se señala cuentas de correo electrónico y números telefónicos para oír y recibir notificaciones; sin embargo, por sí solos, no están regulados en la Ley de Amparo como medio para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo- la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les tiene señalando dichos medios para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa....
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